Las Organizaciones de la Sociedad Civil piden que se pare la política migratoria en la que se promueve la militarización de la migración, esto después de que en el informe Bajo la bota se evidenció los abusos hacia los derechos de los migrantes por parte de la Guardia Nacional.
{"quote":"“Uno de los llamados que hacemos al gobierno de los Estados Unidos de América es que cese la aplicación de toda política migratoria y que se deje de promover la militarización de la migración en la región…que tienen costos tremendos en materia de derechos humanos”, afirma Alicia Moncada, investigadora del área de Estado de Derecho de la Fundación para la Justicia, en entrevista con La Cadera de Eva."}
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Formación militar: pensar como militar, actuar como militar
Uno de los elementos centrales es que los integrantes de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración (INM) tienen antecedentes de ser militares. Esto alimenta la violación de derechos humanos, pues su formación militar no conlleva una perspectiva humanitaria, ni tampoco perspectiva de género, explica la investigadora.
En la legislación mexicana se establece que la Guardia Nacional es una institución de carácter civil. Sin embargo, la estructura operativa, la formación mayoritariamente militar de sus agentes y su dependencia a una secretaría de autoridad no civil, son elementos que demuestran que en realidad es una institución de naturaleza militar.
{"quote":"“El militar desarrolló una lógica de pensamiento y razonamiento basada precisamente en una formación militar. Donde la columna vertebral de esta formación es la cadena de mando, la visión de que hay enemigos que atentan contra la seguridad nacional. Justamente por eso el INM está militarizado, tiene a personas en altos mandos con este pensamiento”, dijo la investigadora Alicia Moncada."}
México ha optado por la implementación de una política migratoria sin enfoque de derechos humanos, haciendo uso de la Guardia Nacional y otros cuerpos militares como un aparato de control migratorio, aún cuando esto va en contra de las disposiciones internacionales sobre derechos humanos.
“Son muy funcionales para mantener un control sobre ciertos aspectos de la vida de un país. En el caso de la migración, benefician de manera importante a la clase política estadounidense que necesita detener el flujo migratorio”, comenta la investigadora.
No es un hecho aislado, también es violencia patriarcal
La investigación explica que estas agresiones no deben verse como un hecho aislado, sino que debe manejarse con una perspectiva interseccional y de género, principalmente en contextos donde los militares tienen una formación completamente machista y enfocada a la subordinación de poder.
Una mujer camerunesa es profesional de la enfermería y reside en la ciudad de Tijuana, Baja California. Huyó de Camerún debido a las reiteradas amenazas y el hostigamiento de integrantes de las milicias del conflicto armado camerunés. Logró solicitar asilo en México y se trasladó a Tijuana, donde actualmente reside.
Ella señala para el informe presentado que ha sido víctima de racismo y discriminación, pues comparte que en su experiencia “a todas las personas negras en Tijuana (Baja California) y todo México nos detienen militares y la policía”, quienes les piden su identificación y les dicen, para arrestarlos, que los documentos no son verdaderos.
Esto ocasiona que las personas migrantes no puedan ser integradas a la sociedad sin ser violentadas, porque existe una reafirmación constante de creencias sobre que las personas que migran son “delincuentes” o que son personas “peligrosas” que vienen a “robarse” los trabajos del país. Estas creencias son reafirmadas por las autoridades y por los medios de comunicación.
{"quote":"“Esto afecta especialmente a las niñas, mujeres y adolescentes afrodescendientes que no pueden tener una integración social tan fácil o por lo menos intentar esa integración'', comparte Alicia Moncada. "}
La lógica militar también está alimentada por “la extensión del rol masculino” en una sociedad patriarcal, donde los varones aprenden desde que nacen que puede ejercer poder sobre las niñas y mujeres.
Para los militares, la virilidad toma un papel fundamental en la forma de relacionarse, desde la postura corporal, la forma de hablar –agresiva, con un volumen siempre alto, demostrando su capacidad de mando-, hasta la formación de creencias y pensamientos, según la investigadora Erika Márquez del Instituto Colombiano de Estudios Superiores de Incolda.
A estas demostraciones de virilidad se suma una connotación mucho más negativa porque la virilidad es “también una aptitud para el combate y para el ejercicio de la violencia (enfocada a la defensa pero también a la venganza)”, explica. Así mismo, se replican y reafirman los roles de género, donde el hombre “realmente hombre” es el que se siente obligado a estar a la altura de la defensa ante quienes quieran “ensuciar” el país, en este caso, las personas migrantes.
Por ello, es fundamental detener las acciones contra las personas migrantes que violenten sus derechos, principalmente el de las mujeres y niñas. En ese sentido, “se debe evitar de manera absoluta exigir, alentar, acordar o apoyar la participación de fuerzas militares en tareas de control migratorio en otros países”, según el informe.
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Desmilitarización y despatriarcalización de la migración
La responsabilidad de salvaguardar los derechos de las personas migrantes -incluídas mujeres y niñas- recae en la desmilitarización, es decir, en que las Fuerzas Armadas del país no sean las encargadas de los procesos migratorios, señala el documento.
Durante el tránsito por México, las mujeres y niñas migrantes se ven expuestas al grave riesgo de ser víctimas de trata o agresiones sexuales, incluso por parte de agentes estatales, hechos que generalmente quedan en la impunidad por el temor a la expulsión, así como por la falta de recursos para denunciar estos casos.
{"quote":"“No es que las mujeres no sepan denunciar; siempre hay alguien que quiere dar a conocer lo que le pasó. El asunto es que no hay acceso a la justicia, y ahí es donde las mujeres migrantes son más vulnerables”, comparte Alicia Moncada. "}
Ante esto, las organizaciones recomiendan tomar medidas pertinentes para eliminar la discriminación en la función pública relacionada con personas migrantes, solicitantes de asilo o refugiadas, en particular la discriminación por género y raza y formas conexas de intolerancia. Además, incluir una intensa capacitación con información integral sobre la atención de la violencia contra las mujeres, así como la activación de los mecanismos de control como lo es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.