En México es necesario redoblar esfuerzos para cumplir los compromisos que incluye la Agenda 2030 impulsada por la Organización de las Naciones Unidas, sobre todo en materia de equidad de género, lo que se agrava con la falta de aplicación de los esfuerzos legislativos en los estados de la República.
Se han planteados dos dificultades metodológicas y circunstanciales para cumplir con el objetivo: por un lado, el trabajo legislativo resulta fundamental para construir un marco jurídico que permita el cumplimiento de la Agenda 2030; sin embargo, a pesar de que en el Senado de la República se ha buscado legislar en ese sentido, en la aplicación de las normas a nivel local, aún falta sincronizar los esfuerzos con los gobiernos estatales.
Así lo considera la senadora Nancy de la Sierra, del grupo plural parlamentario, que preside la comisión especial del Senado para el seguimiento de la Agenda 2030.
“Hemos presentado dos exhortos, uno a presidentes municipales electos y gobernadores y gobernadoras electas para que su plan de desarrollo municipal o estatal se haga en base a los objetivos de desarrollo sostenible y dos, que los congresos locales puedan tener dentro de sus comisiones, o grupo de trabajo, o comisión especial o comisión ordinaria, un seguimiento como el que tenemos nosotros”, explica la senadora en entrevista con La Cadera de Eva.
De la Sierra coincide con el exhorto de la ONU: es necesario acelerar el paso y que los ejecutivos locales comprendan el impacto que lo local tiene en lo federal
Además de que los criterios de los gobiernos locales pueden resultar contradictorios o no estar en sintonía con las decisiones federales, los congresos de los estados tampoco están completamente involucrados en la creación de las legislaciones locales para el cumplimiento de los objetivos.
¿SE PODRÁ CUMPLIR LA AGENDA 2030?
Según el informe de la Comisión Especial para el seguimiento de la implementación de la Agenda 2030 en México, de los 32 estados de la República, únicamente siete estados cuentan con mecanismos legislativos en los congresos locales.
Se trata de Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Morelos, Veracruz y Quintana Roo y, a pesar de que se ha solicitado que todos los estados den seguimiento a la Agenda 2030, hasta el momento la mayoría no legisla ni aplica medidas locales para dar cumplimiento con estos objetivos internacionales.
Además, el trabajo de las fiscalías responsables de investigar la violencia contra las mujeres también han dejado mucho qué desear y así lo sintetiza la senadora morenista Martha Lucía Mícher.
“Hemos tenido dos grandes fracasos: uno la armonización. No todas las leyes locales responden a principios de progresividad que se implementa en las leyes generales. Hay que reconocerlo. No lo hemos logrado. El otro tema que hay que reconocer con las fiscalías, son nuestro gran fracaso. Hay casos de gran impunidad, invitan a las víctimas a que retiren la denuncia, en fin. Son los dos grandes fracasos: la armonización por un lado y la especialización de operadores de justicia”, explica la senadora.
AUMENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La Agenda 2030 cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y el 5o, relacionado la violencia de género, es uno de los pendientes, e incluso uno de los mayores retos luego de la pandemia de covid-19.
De acuerdo con ONU Mujeres, a escala mundial, una de cada cinco mujeres menores de 50 años denunció haber sufrido violencia física o sexual a manos de una pareja íntima en un período de 12 meses y en el caso de México, 66% de las mujeres de 15 años y más han enfrentado al menos un incidente de violencia por parte de cualquier agresor alguna vez en su vida.
La comisión especial del Senado también ha llamado la atención sobre el aumento de la violencia de género desde que inició el confinamiento por la pandemia de covid-19 y si bien la falta de cumplimiento de los objetivos en materia de género es un problema profundo en lo relacionado con la Agenda 2030, no es el único rubro en el que aún es necesario trabajar tanto en materia legislativa como en la aplicación de las leyes.
“Tenemos muchos problemas en el tema de educación y en salud, sí había un avance muy importante en materia legislativa en el objetivo cinco que era de género, sin embargo, la violencia contra las mujeres y las niñas se incrementó con la pandemia y ahí nos volvimos a retrasar”, explica Nancy de la Sierra.
“Desafortunadamente creció en 123 % la violencia en pandemia contra las mujeres. Por más que nosotros hagamos una legislación de paridad, ahorita estamos votando una ley contra la violencia hacia las mujeres. Tenemos los instrumentos legales pero la implementación de ellos le corresponde a los gobiernos estatales y municipales”, afirma la senadora de la Sierra.
Además, 43.9% ha sufrido violencia por parte de su actual o última pareja, a lo largo de su relación, y en los espacios públicos o comunitarios, 34.3% de las mujeres ha experimentado algún tipo de violencia sexual y sólo 11.2% de las mujeres que vivieron violencia física o sexual en su relación de pareja presentó una denuncia ante la autoridad.
Esto, a pesar de que el objetivo relacionado con violencia de género es específico, pues de acuerdo con la ONU, no puede haber desarrollo sostenible sin igualdad de género.
Ante la pregunta expresa de si se cumplirán o no los objetivos planteados en la Agenda 2030, la senadora explica que es ambicioso creer que así será.
“Es muy ambicioso decir que sí. Estamos en marcha, al final para llegar al 2030 nos faltan nueve años y falta otro gobierno, y esperamos que se le dé continuidad porque es un compromiso del Estado mexicano, no es un compromiso de un presidente u otro”, explica la senadora de la Sierra.
¿QUÉ TIENEN QUE DECIR LAS REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES CIVILES?
Para las representantes de organizaciones civiles, a siete años del planteamiento de la Agenda 2030, los objetivos planteados no se han cumplido del todo y tampoco son vigentes, “los problemas de las mujeres ya son otros”, asegura en entrevista Flor Rodríguez, directora de Repara Lumea, organización que busca prevenir y reparar la violencia de genero y sexual en México.
Un tema que se exacerbó fue el de la pobreza, pues 84% de las mujeres perdieron su empleo en el primer trimestre del 2021, además 1.6 millones de personas salieron de la fuerza laboral, de las cuales, el 84% son mujeres.
Como efecto de la pandemia, muchas mujeres desempleadas optaron por emprender como comerciantes, pese a ser un sector informal. En México, 9 millones 266 mil 211 hogares son dirigidos por una mujer, de acuerdo con la Encuesta Intercensal.
En el país 2 6% de las trabajadoras son emprendedoras, de las cuales el 82 % se encuentra en la informalidad, según el IMCO. Esto afecta en la falta de acceso a prestaciones, servicio médico, créditos, entre otros beneficios. Las mujeres que viven bajo esta condición, son más vulnerables a vivir en situación de pobreza, apunta Flor Rodríguez, abogada y activista.
“Las recomendaciones de la Agenda 2030 no son de este último periodo sino que han sido recurrentes desde muchos años atrás, una de ellas es que se deben homologar todos los códigos penales respecto al delito de feminicidio, en muchos estados son criterios distintos porque se vuelve un problema porque está legislado de manera distinta. No se ponen de acuerdo a nivel federal y menos estatal, en este sentido tendrá que tomar la rienda el ejecutivo, para promover y difundir derechos humanos, considerado que los derechos de las mujeres también humanos”, explica la directora de Repara Lumea.
Aunque hay temas pendientes para el cumplimiento de la Agenda 2030, Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR) señala que “es importante reconocer los avances legislativos que se han tenido a favor de los derechos humanos de las mujeres, entre ellos las recién resoluciones de la SCJN, declarar inconstitucional penalizar el aborto, marcando un precedente para los otros estados del país, así como el exhorto a legislar a favor de la salud de las mujeres y que la objeción de conciencia no límite el acceso a un aborto libre y seguro. Sin embargo, hablando de los avances en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, aún sigue estando pendiente que el aborto sea legal, seguro y gratuito en todo Mexico”, señaló.
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Durante la pandemia también se registró un aumento de la violencia intrafamiliar, este dato lo alertó desde un inicio la Red Nacional de Refugios que lanzó en un principio la campaña “¡No estás sola!”.
La violencia contra las mujeres ha sido igual que hace varios años, “sigue estando presente en los espacios públicos, privados y cibernéticos, no hay ningún lugar seguro para ser mujer o niña en este país, es una pandemia vigente y que cada día se agudiza pues se combina con el crimen organizado, la militarización del país, la impunidad, la corrupción y muchas veces las omisiones de quienes deberían de garantizar la seguridad y dignidad de todas las mujeres y las niñas. Mientras no se atiendas las causas sistémicas y estructúrales de las violencias y estas sólo se sigan administrando, la vida, seguridad y ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes será solo una utopía”, dijo en entrevista Wendy Figueroa.
“Ha hecho falta el compromiso de los niveles de los gobiernos, el gobierno actual tendría que tomar acciones. Estamos viviendo una de las épocas en que los derechos de las mujeres están en crisis, decimos ‘sin recurso todo es discurso’, nuestro presidente ha destinado menor presupuesto que benefician a las mujeres, uno de los principales es para los refugios. Como ha dicho Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios ‘los refugios previenen feminicidios y atienden la violencia familiar que viven las mujeres’”, exclama Rodríguez.
El número de feminicidios ha ido al alza desde que inició la pandemia. Agosto del 2021 registró la cifra más alta de presuntos delitos de feminicidio, se registraron 104. Los números más altos se registraron en el Estado de México (97), Jalisco (51) y Veracruz (50).
La tendencia nacional en cuanto a feminicidios también ha aumentado. En agosto se registraron 107 víctimas de feminicidio en total. Los estados con los números más altos fueron Estado de México (99), Jalisco (52) y Veracruz (51).
En cuanto a los delitos por violencia familiar, el número más alto registrado desde 2015, fue el 2020 año en el que inició la pandemia, se tiene un registro de 222,030 presuntos delitos de violencia familiar.
En lo que va del año, se han registrado 171,928 delitos, siendo mayor el mes con el número más alto, 23, 906. En las ciudades con mayores números de delitos son Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León.
En cuanto a presuntos delitos de violencia de género en todas sus modalidades, se registra el número más alto fue en septiembre del 2020 con 400 casos.
De acuerdo con la senadora Martha Lucía Mícher, el aumento en la convivencia entre las mujeres y sus agresores durante la pandemia, fue fundamental para el aumento de las agresiones.
“El Instituto de las Mujeres, la CONAPO, han declarado que la pandemia ha incrementado, al vivir con el agresor, las niñas, al tener mucho más tiempo conviviendo con el agresor, sí se han incrementado las cifras de violencia contra las mujeres, contra las niñas, contra las mujeres y los abusos sexuales”, expresó la senadora en entrevista con La Cadera de Eva.
También, matiza la legisladora Mícher, el aumento en las cifras de que se tiene noticia, puede deberse al hecho de que se empiezan a investigar los delitos contra las mujeres con la perspectiva de género, incluyendo los feminicidios que antes se investigaban como homicidios dolosos.
En cuanto a los delitos por violación, las cifras más altas se registran este 2021, siendo marzo el mes que registra más casos con 2, 017, seguido de mayo con 1,962.
Las llamadas de emergencia relacionadas con incidentes contra la mujer tiene el registro más alto en mayo en 2021 con 27,751 llamadas al 911 y mazo del 2020 con 26.171 llamadas.
A la directora de Repara Lumea le preocupa el entorno digital sonde se han replicado las formas de violencia contra las mujeres. “El espacio digital es un espacio donde se ha manifestado la violencia contra las mujeres, la Ley Olimpia es un gran avance, pero hace falta explorar, no sólo la explotación de los cuerpos sino otras manifestaciones como el grooming, ciberacoso que no está registrado en todos los estados”, advierte la activista.