La presencia de los militares en las calles se aprobó con 82 votos a favor, se extendió hasta 2028. El binomio militares más ciudadania da como resultado abusos, espionaje y tortura como se evidenció en los informes develados por el grupo de hacktivistas Guacamaya y cómo lo alertó el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU.
“El hecho de que mujeres feministas eran espiadas por militares, no me sorprende”, dice en entrevista con La Cadera de Eva, Nelly Lara, académica del Centro de investigaciones y estudios de género (Cieg), quien también se ha dedicado al estudio de los movimientos feministas y ha encontrado que los mismos hombres que salen de los reportes de la Sedena, estudiantes los habían registrado en sus tesis.
“Las cifras oficiales muestran un incremento notable de desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres”, de acuerdo con el Informe del Comité contra la Desaparición Forzada sobre su visita a México al amparo del artículo 33 de la Convención.
Un estado temeroso hacia la sociedad civil y el movimiento feminista
Tanto Nelly Lara como Alejandra Elguero, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) señalan que ven a un gobierno y una institución militar temerosas de la sociedad civil y la lucha de las mujeres.
“Nos parece estas filtraciones, el ejército de este sexenio no es diferente al pasado, es muy temeroso a sociedad civil, ve como enemigo a la sociedad civil y al movimiento feminista como algo preocupante”, explica la abogada del Centro Prodh.
¿Por qué tenerle miedo a un grupo de mujeres o activistas que luchan por sus derechos. Nelly Lara lo explica situando al Estado en una lógica patriarcal, donde se teme que las mujeres, al cuestionar al poder establecido pone en vilo a quienes está ocupando cargos decisivos, por eso. Al poner a las mujeres junto a grupos guerrilleros, se les quita legitimidad y se provoca la criminalización.
“El feminismo siempre se ha comparado con agrupaciones guerrilleras, esta comparación es una manera de ejecutar la violencia institucional, al colocar a las feministas junto con los movimientos guerrilleros se le quita legitimidad, lo que se genera es la construcción de un adversario que atenta contra el orden social, en lugar que empatase con el feminismo, tiene una intencionalidad que va desarticulando distantes maneras, termina siendo esto que vemos, si son subversivas, entonces son malas, son personas que están operando sin razón, genera el lado opuesto, desde la institución, se le constituye como un adversario de la sociedad”, explicó Nelly Lara.
Lo que provoca legitimar la militarización en las calles y la criminalización de las feministas, es que ahora se podrá perseguir y mantener el control de la propias mujeres.
“El Estado nación está montando una estrategia de vigilancia, cuando más avanza, más se le reprime, tanto ha lanzando desde 2013 y 2014 que lo vemos en Estados Unidos que le quitaron el acceso al aborto a las mujeres, pensamos que no había un retorno”, señaló Lara.
Tortura y desaparición con la militarización
La aprobación de la militarización en las calles afecta en dos sentidos. En primera, el tema de tortura sexual, al respecto, Alejandra Elguero, abogada del Centro Prodh, señaló que han acompañado muchos casos, donde se ha visto que las mujeres se ponen en riesgo cuando están bajo el cuidado del Estado.
El Centro Prodh acompañó el caso de Magdalenta Saaveda, una mujer de 51 años que fue torturada por militares, la sacaron de su casa con los ojos vendados y descalza, la llevaron a una casa de seguridad de fue torturada y abusada. Este es uno de los 28 casos que tiene el centro de derechos humanos.
La crisis de desaparición es otro tema que preocupa al Centro Prodh “el Comité de Naciones Unidas decía que si no se revisaba el modelo de seguridad militarizado, no se iba a detener, han aumento a mujeres y niñas de 15 a 25 años, es decir, 6 mujeres desaparecen al día en México. La impunidad de los casos manda el mensaje que la violencia es aceptada”, exclamó Alejandra Elguero.
Las dos especialistas alertan sobre la militarización y los riesgos que puede correr las defensoras de derechos humanos, aunque no se sorprenden de lo que revelaron los informes filtrados por el grupo Guacamaya, ya que se tenía conocimiento de esta situación con investigaciones que ellas mismas han realizado.