Este mes permite (o exige) hacer un análisis sobre la agenda de género, sus victorias, sus pendientes y los retos que persisten.
Como resultado de una combinación de formación profesional e interés personal, encuentro en el seguimiento a los procesos judiciales una fuente de información idónea para conocer parte de la ideología social, sus batallas, y las condiciones de acceso a la justicia en un país.
Tiffany Henyard ha sido la alcaldesa de la pequeña ciudad de Dolton, Illinois por dos años. Al poco tiempo de tomar posesión, y en una búsqueda constante de su propia celebridad, la alcaldesa decidió crear un séquito policial a su servicio, poner a los policías y bomberos como comparsa en sus bailes para sus redes sociales, vestirse como gánster de la película “New Jack City”, declararse la encarnación del sueño de Martin Luther King, costearse viajes a Las Vegas con cargo al erario, presionar a negocios locales para recibir apoyos financieros, entre otras cosas. El FBI y la fiscalía del estado ya la están investigando. Ante el reproche por sus actos de otros funcionarios locales y población, se ha declarado víctima de misoginia y discriminación por ser afroamericana. Este personaje ha sido explotado por los políticos republicanos como un ejemplo del feminismo liberal. Obvio no tiene nada que ver, pero el problema empieza con el mal uso del tema por la propia alcaldesa en su intento por defenderse.
Un caso con implicaciones nacionales es el derivado de la investigación en el estado de Georgia en contra de Donald Trump por posibles delitos electorales. La fiscal del Condado de Fulton, Fani Willis, inició un juicio en contra de Trump por haber intentado presionar a funcionarios estatales para modificar las cifras de la tendencia electoral durante las elecciones de 2020, cuando perdió ante Joe Biden. Sin embargo, la defensa del expresidente descubrió que Fani Willis había nombrado como fiscal especial para el caso a su pareja sentimental secreta, Nathan Wade. A este fiscal, su jefa y pareja secreta le habría autorizado cientos de miles de dólares en honorarios salidos del presupuesto para el caso, de donde se habrían financiado vacaciones juntos. De corroborarse las irregularidades, conflictos de interés u obtención indirecta de beneficios, el caso contra Trump podría cerrarse. La fiscal ha intentado convertir el tema en un asunto de género alegando que esto es una persecución a la vida sexual de una mujer afro. Los personajes en favor del expresidente han aprovechado esto para “ejemplificar” los vicios del feminismo progresista. Obviamente no tiene nada que ver, otra vez, y son precisamente los hombres poderosos y hombres "empoderados" conservadores, o no, los que constituyen la gran mayoría de casos de ejercicio indebido de las facultades de gobierno. Siendo éste solamente un caso de posible abuso del poder político, se intentó transformar en un tema de género.
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Este mal uso de los temas de género por unos y otras roba atención a los casos que verdaderamente ilustran, y a veces hasta con cinismo, la discriminación contra la mujer.
Shamina Begum nació en Reino Unido hija de migrantes bangladesís. A los 15 años se sintió atraída por personajes extremadamente nocivos y decidió dejar Reino Unido, viajar a Siria y unirse a ISIS. No tardo mucho en arrepentirse. Fue abusada sexualmente, forzada a casarse con un guerrillero y obligada tejer trajes con explosivos. Tuvo tres hijos. Los tres murieron. Después de algunos años pudo huir y esconderse en un campo de refugiados. Su familia solicitó ayuda al gobierno inglés para su retorno. Fueron rechazados. Resulta que desde el 2019 le retiraron la nacionalidad. En febrero de 2024 las cortes británicas concluyeron que, aunque hay indicios de que Shamina fue víctima de los mecanismos de trata y explotación sexual implementados por ISIS para engañar y captar menores de edad, de todos modos hoy se presume un riesgo para el país, aunque nunca haya sido juzgada por delito alguno. Los opinadores conservadores justifican la decisión ya que, dicen, una menor de edad así ya tiene plena conciencia de sus actos, excepto, claro, cuando se trate de un tema emanado de la agenda liberal en materia de diversidad sexual, porque entonces ahí la opinión es otra. Esta mujer, traficada sexualmente cuando era menor de edad, no tiene derecho a la protección en su país de origen, o incluso, a ser juzgada por sus posibles delitos. Se quedará como apátrida en ese campo de refugiados en Siria.
Si bien Shamina puede dividir opiniones, Cameron Vaughan no. Cameron fue violada a los 16 años por un estudiante mayor de edad, en una fiesta en un pueblo en el estado de Illinois. En juicio, Drew Clinton fue declarado culpable del abuso sexual. El día en que habría de dictarse sentencia, el juez del caso, Robert Adrian, anunció que siempre no. Que después de pensar bien el asunto cancelaba la sentencia de culpabilidad ya que en realidad estas cosas ocurren “porque los padres permiten que las adolescentes beban alcohol y se metan a las albercas en ropa interior”, además de que los 148 días que el responsable llevaba detenido “ya era castigo suficiente”. Hace unas semanas se determinó la suspensión del juez.
Este caso recuerda el juicio en contra de Brock Turner en California. En 2016 este señor fue encontrado culpable de violación. Durante la sentencia, el juez Aaron Persky lo sentenció a 6 meses de prisión, reducidos a tres, ya que “la cárcel habría tenido un impacto severo en él” dijo el juez. Esto, además, arruinaría el futuro de ese joven deportista, quien solamente había cometido su error durante 20 minutos, se dijo.
Sin embargo, el caso que desafía incluso nuestro sentido del humor más negro posible es el de Ellen Greenberg. Hacia finales del 2023 la familia recibió nuevamente una derrota en su búsqueda, ya de muchos años, por conocer qué fue lo que verdaderamente ocurrió con ella. Ellen fue hallada muerta en su departamento en Filadelfia. Presentaba más de 20 puñaladas en su cuerpo, 10 de ellas en la espalda, cuello y nuca. La policía concluyó que esto había sido un suicido. Un suicidio. Se suicidó enterrándose el cuchillo 20 veces, la mitad por atrás y con un par de lesiones que ya no sangraron (efecto relacionado con las heridas post mortem). Un suicidio. En septiembre de 2023 la Corte de Apelaciones del estado de Pensilvania determinó que no había elementos para ordenar reabrir el caso. La ciudad de Filadelfia emitió, poco después, un comunicado diciendo que si la familia de la fallecida tenía nueva información que justificara reabrir la investigación, la recibirían con mucho gusto. Todo indica que la explicación oficial del incidente, que parece incluir a un cadáver decidido a provocarse múltiples lesiones, no es suficiente reto al sentido común como para echarle otro ojito a esa teoría.
En algunos casos de este tipo, funcionarios públicos han perdido su trabajo. En otros no. Pero lo que parece desprenderse de estos, y otros, es que existe una visión ¿distorsionada? de la realidad en algunas autoridades, en donde puede menospreciarse pública y jurídicamente la integridad y la vida de una mujer, sin considerar que ello pudiera generar una reacción social o legal en contra. De ser así, se estaría evidenciando una normalidad, ojalá que en extinción, en donde la mujer es relegada a un segundo plano como criterio institucional. Negar estos síntomas requeriría imaginar algo así como un cadáver decidido a darse puñaladas.