Más de 60 organizaciones de la sociedad civil exigen justicia por la muerte de 14 mujeres privadas de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 16, en el estado de Morelos. A través de un comunicado, pidieron salvaguardar la vida de todas las mujeres que se encuentran en este centro penitenciario.
De acuerdo con la organización Mexiro, las muertes de estas mujeres que han fallecido en la única prisión federal de mujeres del país, han sido causa de la falta de atención de salud psicológica y psiquiátrica, por parte del Estado.
Ante esta problemática, las organizaciones piden que se investiguen los 14 casos de mujeres registrados entre el 20 de julio de 2021 y el 29 de mayo de 2024; esto para juzgar y sancionar a los responsables de la violencia y tortura dentro de este Cefereso.
Las organizaciones exigen a las autoridades penitenciarias que realicen un informe de la salud e integridad de todas las mujeres que se encuentran en esta cárcel, puesto que medios de comunicación han reportado que son sedadas con medicamentos de uso controlado.
Exigen que este reporte incluya: nombre de medicamentos suministrados y su dotación, así como una explicación detallada de los diagnósticos. Del mismo modo, piden que haya atención médica y servicios especializados para todas; que proporcionen productos de higiene intima; además de una reparación del daño a todas las víctimas de violencia institucional, física, tortura o maltratos.
Así como la implementación de una herramienta de información permanente sobre la seguridad e integridad de las mujeres privadas de la libertad, para conocer sus condiciones en tiempo real.
También solicitan la pronta liberación de las mujeres privadas de la libertad con prisión preventiva oficiosa y que otorguen medidas alternativas a la prisión y una política pública en materia de reinserción social con perspectiva de género. Además, piden realizar un plan orientado al cierre permanente de este centro penitenciario.
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Condiciones precarias y violencia de todo tipo, presentes en este Cefereso
Esta no es la primera vez que se denuncian las muertes de las mujeres privadas de su libertad en este centro penitenciario. En enero de este año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación número 276/2023 por este mismo caso.
En el informe, el organismo documentó que el centro penitenciario brindó atención psicológica y psiquiátrica a seis de las 14 víctimas, pero fue insuficiente para detectar las conductas suicidas que presentaban. A las otras siete no les dieron atención, por lo que fue imposible detectar la sintomatología de riesgo suicida.
Además, señaló que las víctimas se encontraban en una situación de vulnerabilidad social: el 86% de las mujeres privadas de la libertad en este Cefereso son madres de niños pequeños y provienen de distintas regiones de México, lo que implica lejanía con sus vínculos vitales y trae como consecuencia el abandono.
Sumado a eso, el encierro prolongado, la obstaculización en la comunicación con el exterior, así como el nulo tratamiento y atención predominante en cuanto a los duelos y estados de depresión, influyeron en la decisión de quitarse la vida.
Por su parte, las organizaciones señalan que 490 mujeres se encuentran esperando una sentencia y a pesar de esto están encerradas en dicha cárcel de alta seguridad. Por lo que hicieron un llamado a las autoridades e instituciones a que protejan los derechos humanos de todas las mujeres.
“De acuerdo con familiares, las mujeres están 23 horas al día dentro de la celda y se les permite una llamada de máximo 10 minutos. Las visitas se permiten cada 9 días, dando “flexibilidad” a las familias que se trasladan de un estado a otro para verlas tres días seguidos”, explican.
Describieron como actos de tortura la falta de atención médica, alimentos insalubres, escasez de agua potable, ausencia de oportunidades laborales dignas y “medidas disciplinarias” que se traducen en tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Asimismo, señalaron que la corrupción que existe se expresa en múltiples formas: imposición de una tienda con precios inflados para comprar bienes básicos como toallas sanitarias o agua potable. Y solo las mujeres con poder adquisitivo pueden realizar alguna compra con los depósitos de hasta 2 mil 300 pesos mensuales que sus familiares les envían.