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Junio suele ser sinónimo de fiesta para quienes formamos parte de la diversidad sexual, por suerte, la celebración también ofrece la oportunidad de revisar nuestra realidad común; ¿qué tanto han cambiado las condiciones de vida en el país para una persona LGBTIQ+ en los últimos años? México ha sumado reformas legales, políticas públicas y mecanismos de protección que hace apenas una década parecían difíciles de imaginar.
Ninguno de esos avances llegó por casualidad. Detrás de cada modificación legislativa hubo años de litigios, movilizaciones, presión de organizaciones civiles y activistas que llevaron a que esas demandas se escucharan en los congresos y los tribunales.
Aunque el acceso a estos derechos sigue siendo desigual, pues el mapa legal del país no es uniforme, los cambios positivos son evidentes. Aquí un recorrido por algunas de las transformaciones más relevantes que forman parte del marco jurídico y de las políticas públicas en nuestro país.
1. El matrimonio igualitario
Esta batalla tardó 15 años en completarse. En diciembre de 2025, Guanajuato aprobó la reforma a su Código Civil para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Con esa votación, las 32 entidades del país, las 31 entidades federativas y Ciudad de México, quedaron alineadas en el reconocimiento de este derecho.
? La Ciudad de México abrió la puerta en 2010, pero durante más de una década miles de parejas que vivían en otros estados tuvieron que recurrir al amparo para casarse.
? El cambio comenzó a acelerarse en 2015, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que limitar el matrimonio a parejas heterosexuales era inconstitucional.
Aunque la resolución no modificó automáticamente las leyes estatales, sí sentó un criterio que obligó a conceder amparos y aumentó la presión para que los congresos locales armonizaran sus códigos civiles.
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2. Las terapias de conversión son delito
En la misma sesión en la que Guanajuato aprobó el matrimonio igualitario, el Congreso local también prohibió las llamadas terapias de conversión, conocidas oficialmente como ECOSIG (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género).
? La reforma fue avalada con 32 votos a favor y tres en contra.
? Estas prácticas buscan modificar la orientación sexual o la identidad de género de una persona mediante métodos que van desde la manipulación psicológica hasta formas de violencia física y emocional.
? Organismos internacionales especializados en salud y derechos humanos han advertido durante años que carecen de sustento científico y provocan graves afectaciones en quienes son sometidos a ellas.
Las principales víctimas suelen ser niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad, muchas veces llevadas por sus propias familias.
La legislación aprobada en Guanajuato establece penas de dos a seis años de prisión, además de sanciones económicas, para quien obligue o someta a menores de edad o personas incapaces a estas prácticas. Además, el delito se persigue de oficio, por lo que las autoridades pueden iniciar una investigación sin necesidad de que exista una denuncia de la víctima.
3. La identidad de género como derecho
Otro de los cambios más relevantes ha sido la expansión de las leyes de identidad de género. Actualmente, 20 de las 32 entidades permiten que las personas trans modifiquen el marcador de género y su nombre en documentos oficiales mediante un procedimiento administrativo, sin necesidad de cirugías, tratamientos hormonales o procesos judiciales.
El impacto de este cambio rebasa el ámbito legal. Contar con documentos que no reflejan la identidad de una persona trans puede dificultar diversas actividades de la vida cotidiana; desde conseguir un empleo hasta abrir una cuenta bancaria, acudir a una consulta médica o realizar cualquier trámite oficial. Cada identificación que no coincide con la identidad de quien la porta puede convertirse en un motivo de discriminación o violencia.
La Ciudad de México fue pionera en este modelo y, poco a poco, otras entidades comenzaron a replicarlo. El reconocimiento legal también comenzó a ampliarse hacia las personas no binarias. Al cierre de 2025, seis estados incorporaron esta categoría dentro de sus marcos jurídicos, un paso que, hasta hace pocos años, parecía impensable.
Este reconocimiento legal marcó el inicio de una discusión que probablemente continuará en el ámbito federal, pues por ahora, la cobertura es desigual y en ella persisten varios retos, por ejemplo, la falta de homologación con documentos federales que provoca inconsistencias que complican distintos trámites administrativos.
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4. Salud pública para personas trans
En materia de salud, uno de los avances más relevantes ha sido la creación de espacios especializados para atender a personas trans. En Ciudad de México, la Unidad de Salud Integral para Personas Trans ofrece servicios médicos y psicológicos con un enfoque afirmativo, es decir, basado en el reconocimiento y respeto de la identidad de género de cada persona.
Su importancia va más allá de la existencia de una clínica especializada. Durante años, organizaciones civiles han documentado que las personas trans enfrentan barreras constantes al acudir a los servicios de salud. En muchos casos, una consulta médica termina convirtiéndose en una experiencia de violencia institucional.
Además de brindar atención integral, se ha convertido en un referente para otros estados que buscan desarrollar políticas públicas dirigidas a esta población. Pese a la brecha entre la capital y buena parte del país, organizaciones y activistas consideran que este modelo demuestra que es posible construir servicios de salud con perspectiva de diversidad y derechos humanos.
5. El transfeminicidio tiene nombre en la ley
Entre las reformas impulsadas en los últimos años, una de las más significativas es la llamada Ley Paola Buenrostro, que incorpora el transfeminicidio como una figura jurídica específica para investigar y sancionar los asesinatos de mujeres trans motivados por prejuicio.
? El cambio tiene implicaciones que van más allá de la nomenclatura.
? Cuando estos crímenes se investigan como homicidios comunes, suele perderse de vista el componente de violencia por identidad de género que los caracteriza.
? La nueva figura obliga a las autoridades a incorporar esa perspectiva durante las investigaciones y en el proceso judicial.
La tipificación también permite construir registros más precisos sobre la violencia que enfrenta esta población. Contar con datos específicos es un paso indispensable para diseñar políticas públicas y dimensionar un fenómeno que durante años permaneció invisibilizado en las estadísticas oficiales.
Su aplicación todavía no es homogénea en todo el país, pero la existencia de esta figura legal representa un avance importante en el reconocimiento de la violencia que enfrentan las mujeres trans.
¿Quiénes sostuvieron la lucha?
Ninguno de estos avances surgió de manera espontánea. Detrás de las reformas legislativas, las sentencias judiciales y las políticas públicas hay organizaciones y activistas que durante años documentaron violaciones a derechos humanos, acompañaron casos, impulsaron litigios estratégicos y mantuvieron la presión sobre las autoridades. Su trabajo suele desarrollarse fuera de los reflectores, pero ha sido determinante para convertir demandas sociales en reformas concretas.
Además, las acciones afirmativas implementadas durante los últimos procesos electorales también han tenido efectos en la representación política de la diversidad sexual y de género. Cada vez más personas LGBT+ han llegado a congresos locales, al Congreso de la Unión y a distintos cargos de elección popular.
Aunque su presencia todavía es reducida, su participación ha contribuido a colocar temas históricamente relegados dentro de la agenda legislativa y a impulsar reformas desde los propios espacios de toma de decisiones.
Hoy, la comunidad LGBT+ en México cuenta con un panorama legal muy distinto al que existía hace una década, pero estos avances conviven con profundas diferencias entre entidades. El acceso a muchos de estos derechos sigue dependiendo del lugar donde se viva, de la capacidad de las instituciones para hacer cumplir la ley y del trabajo cotidiano litigando y exigiendo cambios.
