El asesinato de Victoria, de 36 años y originaria de El Salvador por policías de Tulum, Quintana Roo, debe ser investigada con perspectiva de género, de acuerdo con Reinserta. La organización precisó que la labor de los policías municipales es preventiva, tiene que ser un facilitador a las necesidades que la organización tiene, no de agresión.
La organización condenó el asesinato de la salvadoreña y aseguró que las instituciones de seguridad y los integrantes que las componen tienen la obligación de velar por la seguridad de todas las personas, en la observancia y el cumplimiento de los Derechos Humanos.
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“Nuestro Sistema de Justicia Penal está roto”
El asesinato de Victoria exhibe de nueva cuenta la vulnerabilidad de las mujeres en este país. “Vivimos en un país donde el debido proceso está completamente roto desde el momento de la detención”, recalcó la organización.
Victoria fue detenida por una policía que abusó de su posición, que violó el principio de proporcionalidad y el principio de usar la fuerza en absoluta necesidad. El debido proceso de nuestro Sistema de Justicia Penal está roto también con las víctimas, quiénes siguen sin encontrar un espacio seguro para ir a denunciar y cuando lo hacen, son revictimizadas por las autoridades, reportó Reinserta.
Además, reiteró la asociación que la cadena del respeto se encuentra rota también para las personas que están privadas de la libertad, quienes frecuentemente hubo violaciones a su proceso judicial.
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“Condenamos que integrantes abusen de su autoridad, haciendo caso omiso al uso legítmo de la fuerza, a los principios de proporcionalidad y absoluta necesidad y quiten la vida, en este caso, de una mujer”, estipuló en un comunicado Reinserta.
Profesionalización y capacitación policial
Se reconoce que ha habido avances en materia de profesionalización y capacitación policial, aún quedan grandes rezagos. “Uno de ellos es transitar a un modelo de capacitación práctica basada en escenarios reales y protocolos para que las y los policías tengan elementos que sirvan en su actuar en el ejercicio de sus funciones y en estricto apego al respeto a los Derechos Humanos”, estipula la investigación.
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Por lo tanto, Reinserta señala que la autoridad debe ser la primera en respetar las reglas de convivencia en la sociedad. Si las autoridades no pueden garantizar la seguridad para las personas nacionales o extranjeras en territorio nacional, el resultado serán violaciones, cada vez más frecuentes, a Derechos Humanos a lo largo de las fases que componen el proceso del Sistema de Justicia Penal.