OAXACA-. Ana, una adolescente mixe con discapacidad cognitiva, acaba de tener a su bebé, producto de una violación en San Juan Colorado, distrito de Jalmiltepec, una comunidad en Pinotepa Nacional, a 11 horas de la ciudad de Oaxaca. Ana salió de su casa y quedó bajo el cuidado del señor Ponciano y  su esposa, quienes dijeron que podían hacerse cargo de la adolescente y su bebé.

Su madre Florencia y su padrastro Efrén N.G, acusaron al vecino de la agresión. No se ha comprobado. En junio de 2021, Florencia presentó una denuncia, pero a siete meses no se ha logrado detener al agresor. “¿Por qué la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no dio seguimiento a la demanda?”, “¿por qué no se le ofreció un ILE (Interrupción Legal del Embarazo) a Ana?”, se preguntan activistas sobre este caso, quienes señalan a la Fiscalía de Oaxaca de cometer una serie de irregularidades y omisiones.

La joven Ana, nombre ficticio para cuidar su identidad, tenía que trabajar en casa de Ponciano para solventar sus gastos de alimentación y medicamentos relacionados con su embarazo, estipula un acta de convenio avalada por la autoridad municipal de San Juan Colorado, distrito de Jamiltepec.

Antes de estar con el señor Ponciano, Ana estaba bajo la tutela de su abuelo Tobías, un indígena monolingüe quien accedió a que el señor Ponciano “cuidará” a la menor. Sin embargo, acusan que Ponciano pidió dinero para que los familiares de Ana pudieran verla después de la labor de parto.“Tienen que dar 14 mil pesos a Ponciano para que no haya escándalo”, les dijo Efrén, el padrastro.

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“¿Por qué Ana estaba bajo el cuidado de Ponciano?”, es una de las preguntas que sigue rondando en la comunidad y entre las activistas, una de ellas Nelly Martínez Echartea, representante en Oaxaca del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM). Se cree que Florencia la llevó con el señor Ponciano porque la adolescente acusaba a Efrén N.G, su padrastro, de ser el responsable de la violación. Aunque ellos aseguraron que la dejaron con Ponciano porque se iban de “mojados” a Estados Unidos.

En el acta en la que la autoridad municipal de San Juan Colorado avaló que “Ana” permaneciera bajo la tutela de Ponciano G. G., se manifestó lo siguiente: “Yo busqué la manera de cómo hacer bien las cosas e incluso hablé con la licenciada que llevaba el caso de ''Ana'' en la Fiscalía del estado, ubicada en Pinotepa Nacional, del número telefónico que me proporcionaron en la sindicatura municipal, donde me comentaron que la mamá de ''Ana'' es la que debe continuar el caso porque yo quiero ayudar a ''Ana''”.

Lo que preocupa a la activista Nelly Martínez es que Ana regrese con el señor Ponciano, lo que significaría una forma de trata. Sin embargo, en entrevista con La Cadera de Eva, el fiscal de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, señaló que por el momento la custodia la tiene la Fiscalía estatal, por lo que se encuentra en un refugio temporal por disposición del Juez de Control de Pinotepa Nacional del Estado de Oaxaca, ratificado el 21 de enero de 2022.

“El Juez de Control determinó la representación provisional a la Dirección del Centro de Justicia para las Mujeres (Cejum)”, señaló el fiscal, quien aseguró que a Ana se le están brindando servicios especializados multidisciplinarios, ya que se trata de una víctima de violencia familiar.

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La Fiscalía tiene registrado que Ana fue víctima de violencia por parte de su madre, quien le daba toques, bañaba con agua caliente y cloro, además de que la esposa de su hermano le pegaba.

Sin embargo, Nelly Martínez Echartea, argumentó que la Fiscalía estatal se ha enfocado en la violencia familiar y “¿qué pasa con el delito de violación?, ¿por qué no actuó antes?”: son algunas de las preguntas que plantea la activista, quien compartió conocer este caso por el tío de Ana, Rafael Quiroz Mendoza, quien las contactó por redes sociales. “Ahorita nos llegó este caso, pero te imaginas todos los que no conocemos?”, aseguró.

La organización Reinserta señaló que Oaxaca ocupa el cuarto lugar entre las entidades del país con mayor número de niñas que han sido abusadas, violadas o agredidas sexualmente. 12.2% de las niñas que han sido abusadas por su familiares en el país son de este estado.

En tanto, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México apuntó que los principales agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes son familiares, seguidos de maestros y sacerdotes. El 30% de los agresores corresponde a abuelos o padrastros, 13% a tíos, 11% a padres biológicos y 10% primos.

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FEMINISTAS ACUSAN RETENCIÓN ILEGAL

Se conoció en redes sociales el caso de Ana porque sus familiares no habían podido establecer contacto con ella y fue hasta que se acercaron a un colectivo feminista como la historia llegó a las redes. El 20 de enero de 2021 se denunció el caso en Facebook.

{"txtScript":"“Fue trasladada por elementos de la Fiscalía General del Estado desde San Juan Colorado, Jamiltepec, a la ciudad de Oaxaca el día de ayer 19 de enero, sin ningún protocolo de atención y acompañamiento, violentando los derechos de niñas, niños y adolescentes, sin priorizar el interés superior de la menor y su hija recién nacida”, publicaron."}

Al respecto, Tania Albarrán Ocampo, directora del Cejum, señaló: “no es una retención legal ni mucho menos, en todo momento se le explicó a la adolescente, por medio de un equipo multidisciplinario, cuál era la situación de traslado, los motivos, tan es así que a un familiar de la adolescente de 17 años se le permitió el acompañamiento de un familiar de Pinotepa a Oaxaca. Ellas no van a ser trasladadas al DIF, permanecen en un lugar de resguardo, seguro, ellas están bien, están estables, también se están haciendo las diligencias correspondientes de los peritos para atención médica especializada para ambas menores”.

Para dar seguimiento al tema, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició el expediente DDHPO/098/(09)/OAX/2022.

El fiscal, Arturo Peimbert Calvo, señaló que “se verificó que la intervención de la Fiscalía fuera lo menos lesiva para su estabilidad emocional, se contó con un equipo multidisciplinario, como psicóloga, para que verificara en todo momento que se encontrara tranquila, asimismo se pidió la opinión de un perito médico a efecto de precisar cuáles eran las condiciones para realizar el traslado de la adolescente que recientemente había tenido a su hija. En ese sentido, una vez que se contaba con las condiciones necesarias para realizar el resguardo de la víctima y su hija recién nacida, realizamos su traslado en un horario de día”.

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¿Y SI HUBIERAN DADO SEGUIMIENTO A LA DENUNCIA?

La Fiscalía de Oaxaca ha argumentado que Ana fue víctima de violencia familiar. Sin embargo, ¿por qué no actuó ante a primera demanda de violación que emitió la madre biológica en junio del 2021? La Fiscalía justifica que se dio seguimiento a la investigación, “sin embargo, la familia (la mamá), no permitió la continuidad de las investigaciones”, argumentó el fiscal.

Se inició la carpeta de investigación 21708/FCOS/PINOTEPA/2021 por la denuncia de Florencia y le solicitaron que debía llevar a Ana, pero no fue presentada por la progenitora. La Fiscalía justifica que no se pudo contactar después a la madre biológica. Incluso, tiene registrado que el hermano de Ana acusó que les estaban solicitando dinero para poder verla.

Esta omisión fue la que despertó las alarmas en las feministas, ya que de haber dado seguimiento a la denuncia se le pudo ofrecer a Ana la posibilidad de abortar.

Aunque el aborto se legalizó en Oaxaca en septiembre del 2019. Esta opción no la tuvo Ana. El colectivo feminista “Ddser Ikoots” de la localidad de San Mateo del Mar, señala que el aborto es algo que todavía no se dice en las comunidades rurales y acusan que hablar de la “interrucpicón ilegal” aún es un tabú.

“Si la madre biológica presentó una denuncia por violación ¿por qué la Fiscalía no dio seguimiento? Cuando acudí a Jenny Gamboa, titular de Género de la Fiscalía, le dije que había una carpeta de investigación iniciada, dijo que iba a pedir que se buscara y después negó que existiera la carpeta. Ahora ya revivieron la carpeta. El martes en la noche que entregaron a las niñas con el abuelo, el tío y el hermano, todavía en ese momento, la MP de nombre Maribel les dijo que dejaran a las niñas al señor Ponciano porque ahí estarían mejor”, denunció.

Al respecto, la Fiscalía del estado asegura que los servidores públicos se han conducido con respeto y profesionalismo hacia la sociedad. Sin embargo, el fiscal reiteró que está abierto a que sus procesos sean evaluados.  “La atención que se le ha brindado a las víctimas ha sido en apego a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”, aseguró el fiscal.

Nelly Martínez acusó en entrevista con La Cadera de Eva a las autoridades de tener una falta de empatía con la familia de Ana. El 14 de enero,  la policía municipal, la MP de nombre Maribel y la psicóloga acudieron a la localidad para realizar la recuperación de la menor. A pesar de haber ingresado al domicilio de Ponciano G. G. no ejecutaron la acción, por el contrario, al entablar comunicación con la organización acompañante del caso trataron de convencerlas de que lo mejor era dejar a Ponciano G. G. la tutela de las dos menores de edad. Las funcionarias públicas argumentaron que al vivir en la pobreza el abuelo, el hermano y el tío no tendrían posibilidades para sostener los gastos que implicaba, entre otros, refirió la defensora de derechos humanos.

Por su parte, la diputada del Partido del Trabajo Miriam Vázquez ha señalado que ha habido una falta de perspectiva de género en el seguimiento del caso.

La Fiscalía ha argumentado que Ana se negó a estar con sus familiares por vivir violencia familiar. Se ofreció la posibilidad de ser trasladada junto con su hija al DIF Estatal, sin embargo, la joven no quiso ser separada de su bebé por lo que la decisión fue trasladarla a un refugio. La Fiscalía ha informado que Ana ha podido reunirse con Tobías, su abuelo.

Sobre las condiciones de la joven, Nelly Martínez  ha apuntado que habría que ahondar en el contexto en el que vivía Ana y argumenta “si en su casa come medio pan y con el señor Ponciano uno entero, claro que querrá irse con él”. Por lo que exige que se investigue también por qué estaba en casa de él.

Para las organizaciones feministas ha habido una serie de omisiones, por lo que a través de un documento dirigido al gobernador del estado exigieron atención y resolución inmediata al caso, así como la destitución de la fiscal de Género de la Costa, Maribel Nicolás Melo y de la Directora del CEJUM, Tania Albarrán, al señalar que “con este tipo de acciones se muestran incompetentes para su puesto, vulnerando la seguridad de las mujeres e infancias, además de perpetuar prácticas de violencia institucional y de una revictimización de las mujeres”.