El pasado 11 de marzo se llevó a cabo en la Ciudad de México una manifestación organizada por colectivos transodiantes, autodenominados radicales, cuyo foco central fueron los discursos en contra de la comunidad trans, diversas colectivas y activistas ha emitido un posicionamiento público exigiendo garantizar la seguridad de la comunidad trans y visibilizar la violencia que ésta vive, particularmente las mujeres trans.
México es el segundo país más peligroso de la región para las personas trans, de acuerdo al Observatorio de Personas Trans Asesinadas en 2022 se registraron 51 asesinatos de personas trans y sólo en los primeros meses de 2023, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio Contra Personas LGBT tiene registrados dos asesinatos y una desaparición de mujeres trans. Los transfeminicidios, asesinatos contra mujeres trans en razón de su sexo e identidad, son una arista de la crisis de feminicidios en México. Los discursos y acciones de violencia contra la comunidad trans en México, particularmente en contra de las mujeres trans, agudizan la precariedad de las vidas trans, ya que, según informes de la Comisión Interamericana de Derechos humanos, la esperanza de vida de las personas trans es de 35 años.
A pesar de que la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estima que en México viven 908 mil personas trans, a nivel legislativo, únicamente 20 entidades en México contaban con normativas que permitan que las personas trans ajusten su documentación de acuerdo a su identidad a fin de obtener reconocimiento legal y acceso a servicios de distinta índole, incluidos de salud.
En este contexto, conocidos grupos que promueven la transfobia, -autodenominados radicales- convocaron una manifestación el pasado 11 de marzo, la cual, a pesar de haber sido encabezada por contingentes de madres de víctimas de feminicidio y desaparecidas, puso al centro discursos y posicionamientos de violencia contra la comunidad trans. Como respuesta a esta manifestación, y haciendo frente a discursos basados en desinformación, como los expresados públicamente por América Rangel, diputada de la Ciudad de México, más de doscientas colectivas, activistas y defensoras publicaron y apoyaron un comunicado rechazando los acciones, discursos e iniciativas legislativas que promueven el transodio.
“Las mujeres trans son un grupo poblacional violentado a quienes se les ignora como sujetas de derecho. Sobrellevan altas tasas de desempleo y en muchos casos viven el rechazo de sus familias y de los centros educativos, dinámicas que las alejan de una vida con pleno goce de sus derechos y que afectan su autoestima y dignidad. En el caso de los hombres trans y las personas no binaries, se les invisibiliza y se da por hecho que su identidad de género es una confusión, un invento o una patología, frenando el acceso a sus derechos y a servicios de salud, infantilizándolxs y negando su capacidad de autonomía y de autodeterminación”
El comunicado fue impulsado y apoyado en redes sociales con el hashtag #LasMujeresTransNoMeBorran
