¿Te imaginas que un día estés en tu casa, como un día normal y de pronto llega un grupo de personas a decirte, sin previo aviso, que debes desalojar tu hogar? De acuerdo al punto 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), todo ser humano tiene derecho a habitar en una ciudad o comunidades sostenibles, por lo cual, es obligación de todos los Estados lograr condiciones de inclusión, seguridad y resiliencia para toda su ciudadanía.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de la comunidad internacional y de los gobiernos, la desigualdad sigue estando presente en las principales urbes del planeta, pues los desalojos forzosos o ilegales que buscan sacar a las familias de sus casas para nuevas construcciones, son una problemática que está afectando a la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Pero, ¿cómo evitas un desalojo forzoso?

Gentrificación: la apropiación de los barrios 

La gentrificación, los desalojos a comunidades y las mafias moviliarias son un tema que llevan combatiéndose por años en México, sobre todo en las ciudades centrales principales, de acuerdo con Carla Escoffié, abogada especializada en derecho a la vivienda y derecho a la ciudad, y directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey.

Pero, ¿qué es la gentrificación y por qué nos afecta a las y los mexicanos? Los urbanistas, en su mayoría, coinciden en que se trata de “un proceso en el cual la gente rica empieza a ver con buenos ojos a los barrios que antes rechazaba y a los que rara vez visitaban”, dice la experta para La Cadera de Eva. 

“Deciden que sería buena idea irse a vivir ahí a formar parte de la vida que allí se encontraba. Pero no llegan a vivir como la gente de los barrios, sino a traer otras dinámicas de consumo y de uso del espacio público. Los barrios comienzan a cambiar, comienzan a ser más caros y comienzan a ser pensados para los nuevos habitantes con mayor poder adquisitivo que las familias que tradicionalmente vivían ahí”, comparte la abogada.

Los desalojos forzosos son un problema de género 

Sin embargo, la gentrificación no es la única problemática que interfiere el derecho a la vivienda, pues los desalojos forzosos o ilegales junto las mafias inmoviliarias cada vez afectan a más personas al quitarles sus casas para venderlas a precios que un salario promedio no cubriría. 

“La problemática que vivienda también es un asunto de género y, por supuesto, las mujeres tenemos más obstáculos para acceder a una vivienda en cualquier modalidad, así sea en renta, compraventa, e incluso en subsidios”, dice Escoffié. 

Según el INEGI, 41.5% de las viviendas tienen a una mujer como propietaria o como copropietaria. Sin embargo, sólo el 33% de los hogares están jefaturados por mujeres. La diferencia entre las cifras es en gran medida porque las mujeres tienen más posibilidades de acceder a una vivienda en copropiedad con un hombre que solas.

Ante estas violaciones al derecho a la vivienda, como los despojos o desalojos de comunidades y barrios, son las mujeres quienes se resisten a que les quiten sus casas; “al quedar limitadas a las labores de cuidado, a la vida doméstica y no a la vida pública, se vuelven defensoras de la casa”, explica la experta. 

La defensa por el derecho a la vivienda y el territorio es una lucha social que, con el paso de los años, desde las comunidades indígenas hasta los barrios marginados, se han fortalecido al integrar a las mujeres, ya que, con ellas existe la posibilidad de “conservar los tejidos comunitarios y vecinales a partir de prácticas más horizontales que no parten de la dominación masculina, sino del cuidado del territorio”, indica la abogada Carla Escoffié.

¿Cómo evitar un desalojo forzoso o ilegal?

Un desalojo forzoso se realiza a través de procesos judiciales corrompidos, intimidación y violencia, donde la intención es sacar a las familias de sus casas para despues utilizar las propiedades para otras construcciones. Muchas veces, los desalojos forzosos se realizan con violencia sin intervención, registro o regulación de autoridad alguna, ni vigilancia de derechos humanos, de acuerdo con la abogada. 

“Son desalojos que se realizan a base de corrupción, sin una orden judicial o sin una notificación previa a las partes; sin darles tiempo suficiente para sacar sus cosas y buscar otro lugar. Cuando se realizan durante la noche o con uso excesivo de la fuerza, por ejemplo, es violatorio al derecho de la vivienda”, explica Carla Escoffié. 

Para evitar un desalojo ilegal, en el caso de las personas que rentan una vivienda, es contar con un contrato por escrito, ya que servirá como protección. Sin embargo, en México el 59% de los arrendamientos no cuentan con un contrato por escrito. 

“Ya que se está ejecutando un desalojo forzoso, los mecanismos en México para poder hacerle frente son muy escasos, incluso los juicios de amparo, que son como el instrumento de protección a derechos humanos. Todavía es muy deficiente para proteger el derecho a la vivienda y es muy difícil evitar un desalojo forzoso”, expone la abogada Escoffié. 

En Ciudad de México, son múltiples los casos donde usan este “modus operandi” para construir plazas comerciales o edificios nuevos, donde incluso se menciona que se utiliza a crimen organizado para realizar los desalojos forzados, indica la inciativa Gatitos contra la desigualdad. 

Aunque en 2018 el congreso de la CDMX aprobó algunas regulaciones a los desalojos, para que respetaran derechos humanos y se prohibieran los “desalojos forzosos”, con presiones de las mafias inmobiliarias se volvió a reformar la ley en 2019 para que se permitiera el uso de “cargadores” privados. En la práctica, terminan siendo personas particulares que van y realizan desalojos forzosos, actuando con violencia sobre las familias afectadas.