La violencia contra las mujeres se acentúa cuando éstas son parte de un grupo vulnerable, como el caso de las embarazadas con VIH. La falta de medicamentos por parte del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), más la violencia obstétrica hace poner la lupa en el tema, como lo ha señalado Valeria Marcial en su texto.
Este 2021 no se ha hecho la licitación general para surtir las recetas de las más de 265 mil personas en todo el país que dependen de los tratamientos antirretrovirales, el desabasto podría ser masivo, de acuerdo con la Red Mexicana de Organizaciones en Contra de la Criminalización del VIH.
Se ha registrado que Veracruz es una de las entidades con más quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por maltrato, desabasto, discriminación y violación a derechos de pacientes con VIH del país, de acuerdo con Ricardo Hernández Forcada, director del programa de VIH de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Las mujeres con VIH que siguen con una vida sexual activa son discriminadas y juzgadas, diciéndoles “promiscuas”, además, aquellas quienes deciden ejercer su maternidad, se les considera irresponsables por no pensar en la reproducción libre de la infección, reportó Anadshieli Morales CelayaGrupo de Estudios sobre Derechos, Géneros y Diversidades, A.C, en su investigación.
DOBLE O TRIPLE DISCRIMINACIÓN
Las mujeres sufren doble o triple discriminación al estar embarazadas, ya sea en el ámbito familiar, laboral o comunitario, los escenarios no distan mucho cuando se es mujer adolescente, embarazada y vive con vih, pues en este caso se incrementa la discriminación y violencia.
La violencia obstétrica se ha establecido como una expresión más de la violencia, y cuyo significado aún está en construcción.
Se han registrado casos en que las mujeres con VIH son hostigadas para que se hagan una esterilización.
Un caso es el de Lupita, una joven oaxaqueña de 15 años a quien le diagnosticaron VIH, después de la labor de parto fue asilada, la doctora le dijo que no estaba de acuerdo con su decisión de no esterilizarse.
Otro caso fue el de Michelle, mujer de 24 años originaria de Veracruz, se enfrentó a una violencia obstétrica más gradual a partir del cuarto mes de embarazo, cuan-do le diagnosticaron VIH en la clínica de su estado. El doctor que la atendió ejerció coerción para que le pudiera practicar la oclusión tubaria bilateral (otb), método quirúrgico anticonceptivo permanente.
”¿Qué estás esperando?, ya tienes VIH y vas a traer a un niño enfermo, ¿para qué quieres embarazarte otra vez?”. Sentí mucha presión y vergüenza, pues el médico incluso regañó a mi madre, le dijo que ella como mi madre “debe de entender”; después de diversos señalamientos e intimidaciones, obligó a mi madre a firmar una hoja que autorizaba la intervención, sin explicarnos de qué se trataba, ni proporcionar información sobre los riesgos que podría acarrear (Michelle, 23 años; Sin embargo, 2016).
El número de mujeres en América Latina que viven con VIH representó para 2018 hasta 65% del total de nuevas infecciones; además, 77% de las mujeres embarazadas tienen acceso a medicamentos antirretrovirales para prevenir la transmisión materno-infantil del VIH; y en más de la mitad de los 21 países definidos como prioritarios en el Plan Mundial de ONU-SIDA -en el cual figuran México y varios de América Latina y el Caribe— no se da respuesta a las necesidades de planificación familiar que afectan al menos a 25% del total de mujeres casadas.
Con información de Billie Parker Noticias, Gire y ONU-SIDA
DJT