Lo callaron por años, pero juezas y magistradas saben que en las entrañas del Poder Judicial existen prácticas que las frenan para tomar puestos decisivos, algo que no padecen los hombres. En México, solo cinco de los 32 Tribunales de Justicia que existen son presididos por una mujer y en únicamente ocho entidades se ha alcanzado la paridad de género. Así es como ellas viven el machismo en los órganos encargados de administrar la justicia en el país.
LAS BURLAS A CELIA MARÍN
“¿A poco no te da pena participar nada más para perder?”, le soltó un magistrado a Celia Marín Sasaki, después de que se inscribiera a la convocatoria oficial para presidir el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Era el 2018, Marín Sasaki cumpliría 30 años de carrera judicial y no le pareció descabellado contender para el puesto. Ella y otra de sus compañeras, Rosalba Guerrero, fueron las únicas mujeres que lanzaron su candidatura para dirigir el órgano de justicia.
La inscripción de dos magistradas en un concurso de ascenso escandalizó al resto de sus colegas. A lo largo de las siguientes semanas, Celia Marín recibió burlas y comentarios despectivos sobre su inteligencia y su capacidad de liderazgo. Todos los días fue presionada de diversas formas para desertar de la contienda.
“Muchos me decían que el Tribunal no estaba listo para ser presidido por una mujer. Decían que votar por mí, era un voto perdido”, narra para La Cadera de Eva.
El día de la votación, la magistrada perdió; obtuvo solo cinco sufragios de los 77 que se disputaban aquel día. La mofa la persiguió por los pasillos los días siguientes porque, como se esperaba, dos hombres obtuvieron el pase a la siguiente ronda.
La dominancia de los varones en el sistema de justicia de la capital mexicana se ha perpetuado por décadas. En la actualidad, el porcentaje de juezas llega apenas al 35 %. Y respecto a los magistrados, 45 son hombres y 34 son mujeres.
En el auditorio María Lavalle Urbina, ubicado en la avenida Juárez, se puede observar cada una de las fotografías de los presidentes del Tribunal Superior de Justicia desde 1905. Todas las imágenes son de hombres. Todas, excepto una: es la del rostro de la magistrada Clementina Gil de Lester, la única presidenta mujer, cuyo periodo fue de 1983 a 1988.
Esto significa que, desde hace 33 años, hombre tras hombre se ha pasado la estafeta para dirigir el órgano judicial y ninguna ley lo impide.
Lee: Presupuesto 2022 ignora a mujeres en salud, violencia de género y desaparecidas
Para Marín, las estructuras patriarcales no solo son preocupantes en los temas administrativos, sino cuando se trata de la impartición de justicia a una sociedad entera. El riesgo está, por ejemplo, en que un juez no quiera diferenciar entre la violencia doméstica y el intento de feminicidio por preconcepciones machistas.
Y ha ocurrido. El 4 de enero del 2019, Abril Pérez Sagaón denunció en la Ciudad de México que había sido golpeada con un bate por su esposo, Juan Carlos García, mientras dormía. Su atacante le causó una fractura en el cráneo; casi la mata aquella vez. Su hija fue testigo de la escalofriante escena.
Ocho meses después, el sujeto fue encarcelado. Pero el 3 de noviembre, el juez Federico Mosco González lo liberó, con el argumento de que el ataque ocurrió cuando ella dormía, por lo que no se había tratado de un intento de feminicidio, sino de violencia intrafamiliar, un cargo de menor gravedad. Además, consideró que un bate de béisbol no era un arma.
La absurda resolución le costó la suspensión al juez, porque pasó lo que no debía pasar y pudo evitarse: Abril terminó por ser asesinada cuando intentaba huir a Monterrey. Aquél 25 de noviembre del 2019, dos sicarios que iban a bordo de una motocicleta le dispararon. El principal sospechoso, su exesposo, sigue libre.
Celia Marín cree que el mensaje en este tipo de resoluciones es claro: los hombres reafirman y protegen el pacto patriarcal con los agresores, porque les cuesta reconocer que la vida de las mujeres tiene un gran valor.
“Estamos dentro de los pactos patriarcales. ¿Cómo es que un delito de tentativa de feminicidio lo reclasificamos a violencia familiar? Cuando los machos resuelven eso, están reafirmando este pacto patriarcal con el agresor y con todos los hombres a quienes se les está mandando ese mismo mensaje. Por eso es difícil, porque hay resistencias al cambio, hay resistencias a reconocer la igualdad”.
Si hay verdadera voluntad de terminar con eso, dice, los jueces deben estar constantemente actualizados en temas como los derechos de las mujeres y la lucha contra las violencias machistas. Tampoco puede haber una gran transformación si, desde el propio Tribunal, el derecho de las mujeres es limitado.
La falta de paridad se vive en todo el país. En México, solo cinco, de las 32 entidades, tienen a una presidenta en los Tribunales de Justicia: Aguascalientes, Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz y, recientemente, Chihuahua.
Este año, Celia Marín volvió inscribirse a la convocatoria para encabezar el Tribunal y tuvo que recurrir a un amparo para evitar que el actual presidente, Rafael Guerra, se reeligiera.
Pese al instrumento jurídico, Guerra volvió a ganar la elección. El pasado 27 de octubre obtuvo 73 votos, mientras que su única competidora logró apenas tres sufragios. Sin mayor impedimento, presidirá el órgano hasta el 2025.
Lee: “No tengo ni siquiera $5 mil, ¿cómo pagaré $92 mil por un brazalete?"
LA PERSECUCIÓN A ERIKA RODRÍGUEZ
Erika Rodríguez hace pocas pausas cuando platica la densa batalla jurídica que inició hace seis meses. En mayo pasado, la jueza de Oaxaca presentó un histórico amparo para modificar el proceso respecto a cómo se eligen a los magistrados de la entidad y, con ello, asegurar la paridad de género.
Rodríguez ya había pasado el primer filtro del Poder Judicial para convertirse en magistrada. Después, fue una de las dos personas elegidas en comisiones del Congreso del estado para obtener el cargo. Sin embargo, los diputados locales no concluyeron el trámite y le regresaron la facultad al Poder Ejecutivo.
Fue entonces que el gobernador Alejandro Murat designó a un varón en su lugar. Y no nombró a cualquier persona. Colocó a su propio asesor, Moisés Molina, quien tiene una acusación por violación sexual y carece de carrera judicial.
El funcionario estaba tan desconectado de los temas de justicia, que tuvo que recibir un recorrido por las instalaciones para que le fuese explicado dónde estaban las Salas y cómo se debían pedir las copias, revelaron algunos trabajadores del Tribunal.
Erika Rodríguez no se resignó, así que contrató a un par de abogados para emprender una pelea legal y, con ello, lograr declarar inconstitucional la injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial.
El 21 de mayo, un juez federal concedió la suspensión provisional de los nombramientos como magistrados de Moisés Molina y Abraham Soriano Reyes, debido a que no se cumplía con el principio de paridad.
El gobierno de Oaxaca respondió legalmente. Días después interpuso una denuncia penal contra la impartidora de justicia. La acusó de violar la ley de amparo y ocultar información, ya que Rodríguez había participado antes en otra convocatoria para ser magistrada.
Sin embargo, la defensa de la jueza señala que, aquella ocasión, el proceso no le causó perjuicio, por lo que no había necesidad de interponer un amparo.
A lo largo de estas semanas, Erika Rodríguez ha sido acosada y perseguida. Se le ha pedido mantener el silencio a cambio de una próxima magistratura. La han considerado conflictiva, un calificativo que se usa comúnmente contra las mujeres que buscan ejercer sus derechos. Han buscado en sus antecedentes algún error, algo que pueda demeritar su carrera como jueza y, así, dar paso libre a la determinación del Poder Ejecutivo.
“Hay una estructura sistemática patriarcal en el Poder Judicial en el país. No le dan importancia de vida al principio de paridad de género ni tienen un respeto hacia la participación de la mujer”, explica.
Para Rodríguez, la intromisión del Poder Ejecutivo también daña la impartición de justicia en la sociedad, porque el 99 % de los casos que reciben los jueces y magistrados son asuntos de ciudadanos comunes que tienen un conflicto con la ley y rara vez se trata de un tema político. En términos prácticos, la mala elección de un togado daña la confianza de todas y todos.
“Jamás se había impugnado la decisión de un gobernador. Y en este caso, la impugno porque creo que estoy haciendo valer no un derecho personal, sino un derecho colectivo”, declara.
Con la presión encima, el gobernador Alejandro Murat anunció el 27 de septiembre dos nuevas convocatorias para elegir a magistrados y magistradas, una de ellas en la que solo debían participar mujeres y otra mixta.
El 28 de octubre tomaron protesta cinco nuevos magistrados: tres mujeres y dos hombres. Uno de ellos, Alejandro Magno González, ex encargado de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a quien los colectivos feministas han acusado de no profundizar en la investigación del feminicidio de la fotoperiodista María del Sol Cruz y el ataque con ácido a la saxofonista María Elena Ríos.
En la actualidad, el pleno de magistrados de Oaxaca se conforma por 20 hombres y ocho mujeres.
Lee: “A mí me gustaría ver una presidenta en el país y en la Corte”
LA TRIPLE JORNADA DE MARISOL CASTAÑEDA
Las mujeres han tenido que agruparse para declararle la guerra al machismo en el Poder Judicial. Desde el 2012, crearon la Asociación Mexicana de Juzgadoras, la cual tiene 350 integrantes de todo el país y todos los fueros.
Marisol Castañeda asumió la presidencia de esta organización en abril pasado y, en siete meses, ya escuchó decenas de historias de juezas y magistradas que son anuladas por sus compañeros en el ejercicio diario.
Cambiar un sistema tan arraigado ha sido muy difícil. Ella misma, incluso, ha padecido la discriminación en la estructura.
Desde que inició su carrera jurídica, notó, por ejemplo, que para los hombres era más fácil escalar en el organigrama, ya que podían desentenderse fácilmente de sus obligaciones familiares. Las mujeres, en cambio, tenían mayores dificultades porque debían combinar las labores del hogar con sus profesiones.
“Cuando viene un concurso para acceder un nuevo cargo, una tiene que hacer una triple jornada: la jornada de cuidar a tus hijos, la jornada del juzgado o el tribunal y la jornada de volverte a preparar para el examen”, explica Castañeda, actualmente magistrada de Querétaro.
Entonces, cuando llegaba la prueba, los hombres ganaban más plazas porque invertían más horas en su estudio.
“Yo sufrí esa discriminación porque a mí no se me dio la oportunidad de que se me considerara de la misma forma que a un hombre. Cuando yo estaba haciendo una triple jornada, mis compañeros estaban haciendo una sola jornada de trabajo”.
Recientemente, Lauren Pantin y Adriana Aguilar, de la organización México Evalúa, realizaron un estudio titulado “La misoginia estructural en los Poderes Judiciales”.
En él, revelan las barreras estructurales para que las mujeres asuman puestos decisivos y la discrecionalidad en los nombramientos.
“Algunas mujeres nos contaron que sus jefes no las dejan tomar las capacitaciones o participar en concursos de ascenso. Incluso, hay casos en los que el día del concurso, el juez o el titular del órgano no les permitieron su salida a tiempo. Imagínate la frustración”,detalla Pantin, en entrevista.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación identificó un escenario que complicaba el ascenso de mujeres, así que en el 2019 lanzó dos concursos únicamente para juezas y magistradas a fin de lograr la paridad. Las aspirantes también podían elegir en qué ciudad querían trabajar para facilitarles la vida familiar.
La Corte también tomó medidas con los hombres. El 8 de septiembre, anunció la aprobación de las licencias de paternidad por tres meses para borrar estereotipos de que solo la mujer es la responsable del cuidado de los hijos e hijas.
Castañeda sostiene que, a nivel federal, el panorama es optimista. Pero la dificultad persiste en los estados, pues las legislaciones locales son las que designan a sus juezas y magistradas.
Aunque las mujeres tienen mecanismos legales para defenderse, hay una estructura machista poderosa que lo impide. Ese engranaje funciona con pactos de hombres que trabajan en los tres poderes: Judicial, Legislativo y Ejecutivo. Con todo y eso, hay una alternativa que siempre estará vigente: la protesta.