Se desmayó en la escuela, así fue como notaron que la adolescente de 13 años estaba embarazada. El doctor del colegio le dijo a ella y así madre que debían denunciar. La violación fue cometida por su padre, fue lo único que pudo decir en un principio Elena “N”.
La menor vivía en la comunidad de San Miguel el Grande, en el municipio de Tlaxiaco, Oaxaca ahí fue donde su tío y abuelo la llevaron a denunciar con la policía comunitaria, pero con tres mil pesos lo liberaron. El hermano, “un joven que está estudiando”, recalcó Areli López, coordinadora de la organización Ndudva Ndandi, logró llevar el caso con ellas.
Fue a través de esta organización como se dio inicio un proceso legal en el municipio de Tlaxiaco, donde las autoridades revicitimizaron a la menor cuestionándola si estaba segura de demandar. “Es tu papá, ¿estás segura que quieres demandarlo?, lo van a meter a la cárcel, le decían las autoridades”, contó para La Cadera de Eva, Areli López. Para la coordinara, uno de los grandes retos y trabajas que deben enfrentar es la violencia institucional, ya que las autoridades carecen de una perspectiva de género.
Para cuando se dieron cuenta que la menor estaba embarazada, pasaban las 12 semanas, los tiempos que estipula la Norma 046 para poder abortar. La menor tuvo al bebé, el cual dio en adopción, en acompañamiento con la organización Ndudva Ndandi.
“Nosotras la vimos embarazada, a los 15 días llegó a la oficina con la niña en brazos, quiso hacer el proceso en las oficinas porque dijo que era el único lugar donde se sentía segura. Todo iba bien, hasta que entregó la nena al DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia) y la bebé se puso a llorar, fue muy momento muy difícil para todas”, contó López.
Elena “N” se desvaneció en la silla, se quedó sin inerte y no habló, fue la descripción que hizo López, con una voz entre cortada. El proceso no paró ahí, se tuvo que seguir con la denuncia, por protección, la menor y su madre tuvieron que migrar a otra comunidad. Iban y venían para poder acudir a la Fiscalía donde el proceso fue tedioso, la psicóloga perito no logró genera empatía con la pequeña, por lo que la asociación Ndudva Ndandi ofreció a su especialista quien poco a poco ha logrado que Elena “N” hable, pero la pandemia por el coronavirus se atravesó y el proceso legal se detuvo.
La principal barrera para denunciar es el español
Salir de una de las comunidades del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca puede costar hasta 1,500 pesos y conlleva tres horas de ida y tres horas de regreso; algunas de las mujeres indígenas que viven violencia doméstica lo tienen que pagar para poder llegar a la Casa de la Mujer Indígena Nääxwiin, ubicada en el municipio de Matías Romero, en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, donde se habla zapoteco y mixe.
El dinero y el tiempo no es la principal barrera para que las mujeres denuncien que están viviendo violencia en casa sino el español, porque en los ministerios públicos no hay traductores. Además, no están capacitados para entender que la violencia es cíclica.
“Aquí en Casa Indígena les decimos a las mujeres que siempre tendrán las puertas abiertas, porque sabemos que pueden caer en el ciclo de la violencia donde los esposos se arrepienten, les piden perdón y ellas creen y viven un corto tiempo la reconciliación, ‘su luna de miel’, le decimos, pero al poco tiempo las vuelve a agredir, eso lo entendemos aquí, pero las autoridades no”, dijo para La Cadera de Eva, Rubicelia Cayetano presidenta de la Casa Indígena.
A través de cápsulas radio es como se informa a las mujeres de la comunidad que pueden denunciar, ya que la violencia en las comunidades se ha normalizado, muchas se preguntan “qué van a decir de mí me van a juzgar como mala mujer”, compartió Rubicelia Cayetano.
En la Cami, además de asesorarlas y acompañarla en los procesos de denuncia también les dan técnicas de autocuidado, para saber cómo pasar esta cuarentena o como no confrontarse durante esta cuarentena. Les comparten actividades de respiración, flores de Bach y puntos de presión para sacar el malestar.
Rubicelia Cayetano compartió que también tienen casos de violaciones a menores de edad con capacidades diferentes que por lo regular son violadas por sus vecinos, el proceso e demanda es muy tardado “parece un peregrinar, que la ley está hecha para proteger a los victimarios”.
Por el momento la Cami está demandando la falta de presupuesto para operar, porque ellas apoyan con recursos a las mujeres para que puedan movilizarse a denunciar. Ambas organizaciones, tanto la Casa de la Mujer Indígena como Ndudva Ndandi son apoyadas por el Fondo Semillas.