Cada día, alrededor de mil adolescentes mexicanas de entre 12 y 19 años se vuelven madres; un poco más de la mitad sin planearlo o desearlo, según el informe presentado por el Colegio de México sobre el embarazo temprano en México. 

En México, el embarazo temprano es un problema público con graves consecuencias individuales, sociales e intergeneracionales, ya que, no hay avances en la erradicación de la pobreza, la prevención de la violencia sexual y la implementación de una educación sexual integral, de acuerdo con el informe sobre Embarazo Temprano en México: Panorama de estrategias públicas y análisis de la implementación de la Enapea.

“El embarazo no está aumentando, en 50 años se disminuyó un 50% la tasa de embarazos adolescentes con un estancamiento en el siglo XXI por falta de políticas públicas y voluntad política del 2000 a la actualidad”, afirmó Gabriela Rodrísguez, Secretaria del Consejo Nacional de Población.

De las 8,876 niñas menores de 14 años que fueron madres, el 68% de los progenitores tienen entre 12 y 19 años. El 60% de las niñas se embarazan a través de las uniones con los progenitores; el 80% de se dedica al trabajo de cuidados no remunerado y sólo el 13.4% continúan estudiando. 

“Representa una barrera de crecimiento para las mujeres, pues son niñas que son unidas con otros varones y tiene hijos desde los 14 años”, explicó Rodríguez.

Embarazo temprano como barrera de crecimiento 

El embarazo temprano se relaciona de manera estrecha con las desigualdades sociales y la violencia de género: es más frecuente que se embaracen las adolescentes que tienen acceso limitado a la educación sexual, las de hogares con ingresos bajos, las indígenas y las que residen en zonas con niveles altos de violencia que las adolescentes que no viven en estas condiciones, establece el informe.

Además, el embarazo en la adolescencia puede afectar la vida de madres, padres, hijas e hijos, ya que las desventajas asociadas a la maternidad o paternidad temprana derivan en brechas en el ingreso a la educación, la calidad del empleo y el acceso a la seguridad social, entre otras.

“Es decir, las desigualdades sociales significan que no todas las mujeres en México pueden ejercer sus derechos reproductivos de manera plena: no todas pueden decidir en forma autónoma y sin discriminación si tener o no tener hijas/os, con quién, cuántos y cada cuánto tiempo”, compartió Laura Flamand, coordinadora de la investigación.

En ese sentido, también se relaciona con la desigualdad territorial, pues las mujeres y niñas más vulnerables son aquellas que no tienen acceso efectivo a los servicios de salud sexual y reproductiva ni a la protección social. 

La garantía de los gobiernos a un desarrollo pleno

Los gobiernos y la sociedad deben garantizan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas adolescentes de manera desigual, tanto entre grupos poblacionales como en el territorio, de acuerdo con Vanessa Arvizu, investigadora del informe. 

En dicho documento se hizo un análisis de la Estrategia nacional para la prevención del embarazo en adolescentes (Enapea), en donde se concluyó que es apremiante que se reafirme su enfoque de derechos, forme a las personas que participan en su implementación, y fortalezca sus acciones intersectoriales e intergubernamentales.

El estudio revela las fallas en la implementación de la Enapea asociadas sobre todo a deficiencias en la coordinación entre gobiernos y entre sectores que dan lugar a tres problemas específicos: 

  • Entre el funcionariado estatal, la presencia de enfoques diversos, incluso contradictorios, sobre el ejercicio y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las personas adolescentes. 
  • La existencia del falso supuesto de que la población objetivo de la Enapea es homogénea y, en consecuencia, la falta de precisión respecto de la necesidad de diversificar sus acciones considerando las características y las necesidades de madres, padres, jóvenes, niñas y niños. En particular entre poblaciones con carencias sociales, migrantes o discapacitadas.
  • Finalmente, la insuficiencia de capacidades burocráticas en las entidades, lo que dificulta la implementación de esta Estrategia. 

Por su parte, una de las recomendaciones para fortalecer la Enapea, así como las estrategias de cada organismo municipal, estatal y federal, es que se incluya la perspectiva de derechos de las infancias y adolescencias, la cual demanda incluir a la población objetivo. 

“Las buenas prácticas que identificamos en las entidades federativas en nuestra investigación muestran, de manera contundente, que las acciones de prevención donde participaron las y los adolescentes tuvieron mejores resultados”, señala el informe. 

La clave es superar las perspectivas de tutelaje donde se excluye a las personas adolescentes de las decisiones y, en cambio, respetar sus capacidades y su agencia, afrima.