En los últimos años la presencia de las mujeres feministas en las calles ha sido constante, han organizado marchas multitudinarias no sólo en conmemoración del Día internacional de la Mujer, sino también en protesta por los feminicidios y la violencia de género. Con dichas marchas también ha sido más visible la represión y la criminalización de la protesta.
En la audiencia “Situación los derechos de las mujeres y niñas en contextos de protestas en México” solicitada por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mujeres representantes de las OSC señalaron que en México aún se viola el derecho a protestar de las mujeres feministas, donde la represión y estigmatización son algunas de las principales problemáticas.
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Giselle Yañez de las OSC señaló que desde el poder Legislativo Federal y poderes locales se han impulsado reformas que buscan criminalizar la protesta social, dichas iniciativas contribuyen a generar un ambiente hostil contra los manifestantes:
“Las reformas y ampliación de normas penales mediante tipos antiguos fácilmente asociables a la protesta crean un contexto permisivo para el uso indebido del derecho penal, lo que sin duda preocupa de manera particular en un contexto de por sí adverso para las mujeres”, dijo.
Además, señaló que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas carece de capacidades humanas y financieras para llevar a cabo acciones de prevención y acciones proactivas coordinadas y eficaces con las instituciones que componen el mecanismo.
Por su parte, Sofía de Robina Castro (Abogada del Centro Prodh) señaló que en 2019 se publicó la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, que a pesar de ser relevante, algunas de sus disposiciones son contrarias a los estándares internacionales, como la habilitación de la violencia letal en protestas que se consideren violentas o ilícitas.
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También dijo que, como lo señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no se han establecido medidas como el Observatorio independiente para monitorear el uso de la fuerza, mandatado en la sentencia de la Corte Interamericana en el caso “Mujeres de Atenco”.
“El Estado Mexicano no ha garantizado un estado favorable para la protesta feminista”
Lucía Lagunes, periodista y feminista, mencionó que las manifestaciones encabezadas por mujeres, pese a ser mayoritariamente pacíficas, comienzan a ser estigmatizadas como violentas en México:
“Las autoridades se han centrado en visibilizar las intervenciones sobre monumentos y roturas de vidrio como la generalidad de la protesta, construyendo un ambiente hostil al derecho de reunión de las mujeres, deslegitimado su activismo y facilitando que tanto autoridades como particulares ejerzan violencia en su contra en el ámbito físico y digital”, dijo Lagunes. “El Estado Mexicano no ha garantizado un estado favorable para la protesta feminista”, enfatizó
“No es suficiente que una mujer se vista de policía, eso no es policía de género”
Por parte del Estado mexicano, La Secretaria de Seguridad Ciudadana reiteró su compromiso en priorizar el diálogo y enfatizó que se han realizado capacitaciones en materia de género al cuerpo policiaco.
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Por otra parte, Fabiola Alanís, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, recooció los actos de uso de la fuerza en manifetaciones no solo de Qintana Roo sino también en otras entidades federrativas. Afirmó que desde la Conavim llevan a cabo un monitoreo permanente de estos hechos.
“Nosotras instalamos mesas técnicas de acceso a la justicia donde permanentemente estamos revisando estos hechos y las violencias contra las mujeres en general”, dijo Alanís. “No es suficiente que una mujer se vista de policía, eso no es policía de género”, agregó.
Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) reconoció la importancia de escuchar las demandas de mujeres y niñas como elemento indispensable para continuar avanzando en la protección de sus derechos.
“El Inmujeres colabora permanentemente con la Secretaría de Seguridad Social”, dijo. “Hemos estado trabajando coordinadamente para priorizar el diálogo y eliminar estas prácticas que no representan lo que el gobierno de México quiere impulsar”, agregó.