Nosotras Tenemos Otros Datos y Amnistía Internacional han lanzado una convocatoria para que la ciudadania se sume y exija tanto a las diputadas y diputados que alcen la voz y hagan valer sus facultades para proteger a las mujeres víctimas de violencia; ante el anuncio del recorte de presupuesto del 75% del Inmujeres.

Ya desde el 23 de abril de 2020 se había anunciado el recorte del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), sólo que se protocolizó el 15 de julio en la junta de gobierno. Fue un recorte de 152 millones de pesos. 

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“Sólo imagine usted que le redujeran un 75% sus ingresos, ¿podría seguir haciéndole frente a su responsabilidad? El Instituto de las Mujeres dice que sí y que esta situación incluso representa una oportunidad para que se aporte lo mejor de las capacidades y consigan así avanzar en la igualdad sustantiva. Argumentando que con esta acción dan cumplimiento al Decreto de Austeridad”, escribe Jaqueline L’Hosit Tapia en su columna.

Esto ya lo había advertido también la iniciativa Nosotras Tenemos Otros Datos, quienes están circulando carta para evitar el desmantelamiento de las mujeres; al igual que Amnistía Internacional, invita a la ciudadania a firmar la petición “Mejor presupuesto para los casos de mujeres”.

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En su cuenta de Twitter señalaron que el recorte presupuestal es violatorio a la ley y a los derechos humanos por ello se exige a las y los diputados solicitar a la Secretaría de Haciendo que se regresen los recursos asignados a los estados y municipios.

Recorte a Inmujeres contraviene a tratados internacionales

El recorte presupuestal al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), es un hecho que contraviene lo establecido en tratados internacionales y en preceptos constitucionales, que señalan que los derechos humanos de las mujeres deben asegurar el principio de progresividad, lo que implica el fortalecimiento de los recursos económicos y humanos necesarios para su cumplimiento. 

Además, este recorte, como lo señala la iniciativa Nosotras Tenemos Otros Datos contraviene lo asentado en el propio Decreto de Austeridad de la Presidencia de la República, emitido el 23 de abril, que aclara que son excepción de esta política los programas de derechos humanos.

Entre las reducciones, se pretendió recortar los recursos de las Casas de la Mujer Indígena y Afrodescendiente (CAMIs) y el presupuesto que asigna la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) para implementar las recomendaciones de las Alertas de Violencia de Género. Estos dos intentos de reducción lograron revertirse gracias a la acción ciudadana