Cada año, los servicios públicos de salud en México destinan cerca de seis mil millones de pesos para atender embarazos y partos adolescentes. En 2018 se atendieron 301,634 nacimientos sin embargo, sobre esto, se contrapone un 67,4% de niñas y adolescentes de entre 10 y 20 años en estado gestacional que no cuentan con ningún sistema de seguridad social, de acuerdo a información del reporte "Las consecuencias socioeconómicas del embarazo en México" expedido por el Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Nataly Cartas de León, 20 años
Es 2014 en Tamaulipas, Nataly se encuentra en el séptimo mes de gestación; está desempleada, no tiene acceso a un servicio médico de calidad. El 24 de noviembre decide recurrir a las redes sociales para pedir trabajo de medio tiempo y cubrir el gasto los ultrasonidos junto con dos mil pesos para realizarse una cesárea.
“Hola amigos… buenos días, de la manera más humilde les pido si conocen a alguien que necesite que le ayude con los quehaceres de la casa, estoy embarazada y nadie me da trabajo. Necesito realizarme ultrasonidos, el último me lo hice con ayuda de una señora, me dijeron que tendré cesárea y pagaré dos mil pesos”
En un estado de vulnerabilidad económica, Nataly es contactada con la promesa de regalarle ropa y algunos insumos necesarios para la llegada del bebé; leche, pañales, juguetes, guantes, biberones…
Raúl y Guadalupe (esta última, puesta en libertad en 2019), cometerían el feminicidio de Nataly para sustraer al bebé del vientre, quien horas después, también perdería la vida.
Néstor Sánchez, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, señala que las mujeres jóvenes en estado gestacional se enfrentan a la vulnerabilidad social, que involucra el ámbito económico, familiar, escolar y también, las somete a un entorno de violencia e inseguridad, especialmente, a aquellas jóvenes que se encuentran en estratos económicos rezagados.
“Ni el Estado, ni la sociedad ni la familia ofrece a este sector un plan de vida específico, programas que orienten y las apoyen”, señala Sánchez para la UNAM.
Clara Mejía, 21 años
No existe programa público que respalde y oriente a las madres adolescentes/jovenes y todo conocimiento sobre cuidado es normalmente transmitido por parte de la familia, sin embargo, ¿qué ocurre cuando la madre está sola?, ¿con quién acudir?, ¿se puede costear un especialista en cuidados del recién nacido?, de acuerdo al documento “Perfil de la madre adolescente primípara, en el servicio de puerperio…” las madres puérperas desconocen sobre sus propios cuidados y los de un recién nacido, por lo que consideraron importante recibir educación, programas e información con especialistas que monitoreen su salud y la del bebé.
Asimismo, el documento señala que en latinoamérica el 73,7% de madres adolescentes no trabaja ni estudia y se dedicará al cuidado de su hijo y su hogar, no cuenta con ayuda familiar para el cuidado de sus hijos; por lo tanto, se dedican a ser amas de casa, y no participan en el mercado laboral, no porque no deseen trabajar sino porque carecen de formación laboral óptima que les permita insertarse en un mercado de trabajo muy competitivo.
En Milpa Alta, Ciudad de Mexico, Clara Mejía de 21 años vive con su esposo y su bebé de 15 días de nacido; Rosa Irene, una mujer de 38 años ha comenzado a mantener una relación de amistad con Clara, le da consejos sobre el cuidado del bebé, brinda apoyo y la frecuenta en un rol maternal. El 22 de marzo, acuerdan un encuentro dentro de la presunta casa de Rosa (que había rentado días antes), con la promesa de darle apoyo económico para su bebé.
Clara es asesinada dentro del inmueble por Rosa, quien después, se dirigiría a Milpa Alta para secuestrar al bebé; cuatro meses después, el niño sería recuperado y devuelto a su padre, a la par, se dictaría una sentencia para Rosa, señala información de El Universal del 19 de julio del 2013.
“Luego de cuatro meses de estar separados, padre e hijo volvieron a reunirse tras vivir la tragedia cometida por una mujer que robó al bebé después de asesinar a Clara, mamá del pequeño”, narra el periódico.
La promesa de ayudar y el abandono del Estado
Tampico, Tamaulipas. Este 2022 la familia Hernández García, se ha manifestado en dos ocasiones para exigir justicia a cuatro años del doble homicidio de la joven Jessica y su bebé.
En 2018, Jessica de 20 años fue contactada por Cynthia Fatima, una mujer que le ofrecía ropa de bebé pues ella “ya no la necesitaba”; acordaron verse un 27 de marzo pero Jessica, con ocho meses de gestación, no había regresado a casa.
Cuatro días después, las autoridades encontraron el cuerpo en el hogar de Cynthia. En la reconstrucción de los hechos, según información de Milenio, Cynthia sustrajo al bebé con un arma blanca y acudió al Hospital General Carlos Canseco con el bebé pretendiendo haber sufrido un aborto, sin embargo, al revisar a la mujer, el personal médico concluyó que no había tal situación ni indicio alguno de embarazo, por lo que se llamó a las autoridades correspondientes y se logró la aprehensión de Cynthia.
Ese mismo año, a 746 kilómetros de distancia de ahí, en la zona de Los Albergues dedicada al cultivo de la caña de azúcar en Veracruz, Jenny Judith de 22 años esperaba dar a luz a su bebé.
“Jenny trabajaba en el corte de la caña para ganar sus 30 pesos diarios y tiempo después, sería contratada por una mujer de Lerdo para que le limpiara la casa y cocinara (…) daría a luz el domingo y le dicen (una mujer desconocida) vente, te voy a regalar ropita y cosas para tu bebé…”, explica una de sus siete hermanas, Santa para el medio local ZonaFranca.
Jenny fue víctima de feminicidio y su cuerpo se encontró en una ranchería cercana, asimismo, la bebé fue recuperada tras ser abandonada en un DIF; la justicia nunca llegó para la familia Ceba.
Rosa Isela, 2022
No olvidar: Diciembre ha quedado marcado; los feminicidios de tres mujeres embarazadas en una semana, Martha Aurora, Ana Llilia y Rosa Isela, este último caso responde también al secuestro del neonato por parte de los feminicidas Verónica y Gonzálo.
Rosa de 20 años con ocho meses de gestación fue contactada a través de una red social, una mujer de 60 años quería regalarle ropa, ella y su pareja estaban siendo atravesados por el desempleo y la falta de oportunidades en el mercado laboral, por lo que Rosa decidió acceder al encuentro; es importante señalar que esto no busca revictimizar ni señalar su responsabilidad, sino más bien, exponer toda aquella falla sistemática que ha dejado en un estado de extrema vulnerabilidad y violencia a las mujeres jovenes/adolescentes que buscan apoyo, estabilidad y refugio.
El cuerpo de Rosa fue encontrado a 25 kilómetros del punto de encuentro con la mujer y tras la captura de Verónica con su cómplice Gonzálo, el bebé será entregado en los próximos días a su padre, informa nuevamente El Universal…como aquel julio del 2013.
Un patrón de feminicidios: No basta con una ley punitiva
Los casos mencionados, exponen las múltiples deficiencias del Estado mexicano por salvaguardar la integridad y dignificación de la vida; desde 2013 se tiene un registro de casi una veintena feminicidios de mujeres gestantes para la sustracción de neonatos; Edgar Moreno, abogado enfocado en la aplicación de justicia con perspectiva en derechos humanos señala algunos puntos medulares en los que el estado necesita volcar sus recursos de manera prioritaria.
No se trata de revictimizar a las mujeres; el gobierno necesita focalizar su atención en cómo resolver el problema desde las bases. No se hablan de casos aislados con anomalías en el comportamiento, se tratan de casos que repiten patrones de mujeres feminicidas que desean ser madres y aunado a esto, hay que plantearnos el porqué de la estructura patriarcal que valoriza a las mujeres sólo cuando son madres; se debe priorizar el estado mental de todxs; no se trata de justificar, se trata de comprender. Asimismo, es necesario determinar el verdadero origen del problema y solucionarlo a través de la implementación de acciones políticas que dejen de vulnerar a las mujeres gestantes.
“El Gobierno Federal debe prestar atención en los presupuestos estatales y darle prioridad a estos hechos, ¿qué están haciendo los Estados para atender esta problemática?, ¿qué programas está realizando para brindarles a las madres jóvenes/adolescentes un sustento económico, de salud, atención, protección y reinserción laboral?”, indica el especialista.
Sobre esta línea, la psicóloga clínica especializada en terapia familiar sistémica, Doryest Rodríguez también apunta a una concientización del sistema patriarcal y a la necesidad de estudiar con perspectiva de género los factores que continúan perpetuando estos crímenes cometidos por mujeres feminicidas.
"El sistema patriarcal enaltece a la madre y hace creer a las mujeres que deben serlo o serán infelices; un crimen es injustificable y siempre será un crimen, pero es necesario explorar todos los factores sociales, familiares y psicológicos que están detrás de estos feminicidios. Hace mucha falta priorizar la salud mental y concientizar a través de políticas públicas, pues no sólo ayudará a tomar mejores acciones contra este fenómeno, sino también, se trata de un beneficio por el bien común”, explica Doryest.
Por otra parte, existe una urgente necesidad de hacer un profundo estudio de género en la sociedad civil, que por supuesto, compete al Estado. La ley, no basta con ser punitiva, sino que necesita ser restaurativa con acciones palpables y con recursos destinados para determinar el origen del problema y qué se puede hacer para modificar el paradigma de un país donde el embarazo no es símbolo de tranquilidad y seguridad; sino de precariedad, violencia, vulnerabilidad y feminicidio.