México nuevamente será juzgado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por no tener políticas que resuelvan los feminicidios en el país, esta vez por el caso de Lilia Alejandra García Andrade, asesinada hace 23 años, el cual visibiliza la impunidad e injusticia en los asesinatos contra las mujeres.
En 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó en un informe que el Estado mexicano no actuó conforme con sus obligaciones de prevención de garantizar la vida, la libertad y la integridad personal de Lilia Alejandra, en un contexto probado de violencia contra las mujeres.
El caso de Lilia Alejandra fue presentado ante la CIDH en 2002, y tras 21 años de ser estudiado por esa instancia y de haber litigado en contra del Estado mexicano, su caso fue remitido a la Corte IDH el pasado 28 de diciembre de 2023; su representación legal fue formalmente notificada de la recepción de este por la Secretaría de la Corte IDH el pasado 9 de febrero. Esta sería la tercera vez en que se analiza la responsabilidad de México por el asesinato de mujeres, previamente la Corte IDH se pronunció por los casos Campo Algodonero y Digna Ochoa y Placido.
¿Quién es Lilia Alejandra García Andrade?
Lilia Alejandra tenía 17 años cuando desapareció el 14 de febrero de 2001, justo el Día del Amor y la Amistad. Sus conocidas relatan que ese día repartió paletas de corazón a sus compañeras de la maquiladora. Después salió de trabajar y nunca más se supo nada de ella. Ese mismo día su madre, Norma Andrade, acudió al Ministerio público a reportar su desaparición, pero las autoridades le dijeron que debían pasar 72 horas para iniciar su búsqueda, porque “seguro estaba con el novio”.
Una semana después, el 21 de febrero, Lilia Alejandra fue localizada sin vida, su cuerpo fue hallado en un terreno baldío con signos de tortura y abuso sexual. Lilia, tenía dos hijos: Jade de dos años y Caleb de seis meses, ambos quedaron en la orfandad tras su feminicidio. Frente a su ataúd, Norma Andrade le prometió que su caso tendría justicia.
Foto: Cuartoscuro
La cronología de la impunidad
A más de dos décadas de aquella promesa, la justicia todavía no llega, pues los procesos han sido lentos y desgastantes: tuvieron que pasar nueve años para que el caso pudiera tener una línea de investigación sólida. Los resultados del Informe Pericial en Materia Forense entregados a la familia de Lilia Alejandra el 8 de junio de 2010, mostraron que su agresor es un familiar perteneciente al linaje paterno de un agente ministerial de nombre Enrique Castañeda Ogaz, quien fue asesinado el 19 de febrero de 2010.
De acuerdo con el Ministerio Público, la muestra coincide y vincula al agresor de Lilia Alejandra con otros tres feminicidios: Sonia Ivette Sánchez Ramírez, Rosa Isela Tena Quintanilla y Coral Arrieta Medina. Este avance no implicó justicia, al contario puso en riesgo la vida de Norma Andrade, pues sufrió dos intentos de asesinato en un lapso de 60 días, el primero en Ciudad Juárez el 2 de diciembre de 2011 y el segundo en Ciudad de México el 3 de febrero de 2012. Por este atentado hasta el momento no hay personas detenidas.
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En 2018, el ministerio público Sergio Castro Guevara tomó la carpeta de investigación y, luego de entre dos y tres meses con el caso, determinó con una investigación basada en estadística genética que el principal sospechoso desde 2010, un familiar directo del linaje paterno del agente Castañeda Ogaz, no podía ser el agresor de Lilia Alejandra porque ya se había cotejado el ADN encontrado en el rastro de semen con gran parte de la familia paterna del funcionario.
Entonces, se inició una investigación desde el principio. En algún punto de la investigación Castro Guevara pidió comparar el ADN de otra víctima de feminicidio, Leticia García Leal, asesinada en 2011. De acuerdo con el agente, se determinó que el semen que se encontró en el cuerpo de Lilia Alejandra pertenecía por “estadística genética” a quien fuera padre biológico de Leticia García Leal: Manuel “N”, para esta conclusión se tomaron muestras genéticas de la madre e hija de Leticia, pero no se tomó muestra a Manuel “N” para confirmar.
Manuel “N” fue detenido en la ciudad de Chihuahua el 19 de mayo de 2018 y actualmente se encuentra en proceso, aún sin sentencia por su presunta responsabilidad en el homicidio y violación de Rosa Isela Tena Quintanilla y por el de Sonia Ivett Sánchez Ramírez.
¿Qué representa este caso?
El caso de Lilia Alejandra García Andrade ante la Corte IDH, representa una oportunidad para realizar una revisión de la política pública desarrollada por el Estado mexicano en materia de feminicidios y desapariciones de mujeres y niñas en la última década, pues su feminicidio está vinculado con otros cuatro más, ya que se encontró que los agresores de estás víctimas tenían coincidencia genética con uno de los asesinos de Lilia, según explicó Karla Micheel, abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, organización que representa el caso.
Pero este litigio apenas comienza, en los próximos meses se enviará a la Corte el escrito con los argumentos y pruebas de la representación de las víctimas, el proceso durará alrededor de dos años. Para el abogado David Peña el feminicidio de Lilia denuncia las condiciones y el contexto de violencia de Ciudad Juárez y los factores de impunidad y/o complicidad que se perpetúan desde el poder público desde el año 2001 hasta la fecha.
“Evidentemente sabemos que el Estado mexicano nuevamente será condenado por la Corte IDH, pero buscamos además que esta nueva resolución dimensione que los feminicidios son un problema de violencia e impunidad sistémica en México y que esas condiciones sistémicas han permitido la operación de grupos organizados que continúan desapareciendo y asesinando a niñas y a mujeres en nuestro país” (David Peña)
Para Norma Andrade, que el caso de su hija llegue a la Corte es una esperanza para obtener justicia y que se dicten medidas para que México cuente con una política real e integral para la atención de las niñas y los niños que quedan en la orfandad después de los feminicidios de sus madres, porque hoy se encuentran en una condición de desprotección.
“Espero que el caso sirva para que mi hija tenga justicia, pero también para que el Estado le garantice a todas las jóvenes del país el poder salir a las calles, a los bailes, en paz, vestirse como quieran y saber que podrán regresar a sus casas… que las mujeres vivan y vivan felices” (Norma Andrade)
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