Negligencias, omisiones, actos de corrupción y revictimización plagan el trabajo de las Fiscalías de justicia en México, especialmente, en casos de feminicidio.
El primer caso que de forma más clara activó la alerta sobre el feminicidio en México fue el de ocho mujeres cuyos cuerpos fueron encontrados el 6 y 7 de noviembre de 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua, entre ellas Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez. El caso, conocido también como "Campo Algodonero", llegó a instancias internacionales y ocho años después, en 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), condenó al Estado mexicano como responsable en la desaparición y muerte de las jóvenes.
La Corte determinó que las autoridades mexicanas minimizaron la desaparición de las mujeres con comentarios discriminatorios en razón de su género y edad, que fueron indiferentes a las denuncias de los familiares y que no investigaron diligentemente las desapariciones a efecto de prevenir daños a la integridad psíquica o física y/o la muerte de las mujeres.
Después de encontrarse los cuerpos, la investigación sufrió la falta de precisión de las circunstancias del hallazgo, poca rigurosidad en la inspección y salvaguarda de la escena del crimen, indebido manejo de evidencias recolectadas, métodos ineficaces para preservar la cadena de custodia, autopsias incompletas, fabricación de culpables, falta de seguimiento de otras líneas de investigación y falta de investigación a funcionarios públicos por comisión de ilícitos. Además, durante el procedimiento de investigación, familiares de Laura Berenice y Esmeralda sufrieron diversos actos de hostigamiento por parte de autoridades.
La sentencia en el caso de feminicidio en Campo Algodonero podría ser una relatoría de la actuación de la Fiscalía de Nuevo León en el caso de Debanhi Escobar, de la Fiscalía capitalina en el de Lesvy Berlin, y los cientos de miles más que siguen impunes en México, donde únicamente en el primer semestre de 2022, se registraron 545 casos de feminicidio, estos números dejan fuera aquellos cuyas causas se catalogaron en "accidentes" o "suicidio", los cuales no entran en las estadísticas.
Los datos son desoladores e indignantes, la impunidad en los casos de feminicidio agrava la violencia sistémica que sufren las mujeres en el país; y las deficiencias y franca ausencia de las instituciones en la prevención, atención e investigación de la violencia empeora la crisis de feminicidios, es un ciclo de ineficiencia institucional que resulta en el asesinato impune de mujeres.
Las fiscalías no hacen su trabajo
Durante la audiencia pública llevada a cabo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en octubre de 2021 sobre el caso de Nadia Alejandra Muciño, quien fue asesinada por su esposo hace casi dos décadas, y por quien aún se exige justicia, se identificaron tres grandes deficiencias sistémicas en las investigaciones sobre feminicidios por parte de las fiscalías de justicia en México.
- La primera es que en las investigaciones, los servidores públicos pierden evidencias relacionadas con los hechos. Las autoridades no inspeccionan correctamente el lugar de los hechos, no resguardan propiamente las evidencias y no realizan a tiempo las diligencias, causando la pérdida de sustancias, objetos o testimonios.
- Las autoridades no investigan de forma suficiente: No siempre examinan toda la linea de investigación posible en cada caso, originando que algunos feminicidios sean determinados como suicidio. Incluso, en múltiples ocasiones, no se consideran como sospechosos a personas del entorno de las víctimas. Esta falta de investigación y mal uso de información, perpetúa estereotipos y termina culpando a las víctimas e su propia muerte.
- La perspectiva de género no se aplica correctamente: Se ha documentado que las diligencias no se realizan como lo establecen los Protocolos para la investigación de Muertes Violentas de Mujeres, provocando la pérdida de evidencias que son determinantes para acreditar el tipo penal de feminicidio.
Culpar al alcohol; descartar feminicidio
El pasado lunes 30 de octubre, se dio a conocer la desaparición de Ariadna Fernanda en la Ciudad de México. Cuatro días después, la Fiscalía del Estado de Morelos confirmaría que el cuerpo encontrado por dos ciclistas en la carretera a Tepoztlán, en Morelos sería el de Ariadna y que la causa de muerte habría sido una intoxicación alcohólica sin huellas de violencia.
Uriel Carmona, fiscal de Morelos ha rechazado la línea de investigación de feminicidio y señaló que se desconocía si Ariadna había perdido la vida en dicho estado o en la Ciudad de México. Asimismo, comentó durante la rueda de prensa que se utilizó tecnología de punta para determinar las causas del fallecimiento y que la broncoaspiración es el resultado más certero.
Las declaraciones de la fiscalía obvian el hecho de que abandonar un cuerpo es en sí mismo un delito, así como la omisión de socorro. Sin embargo, la prioridad de las autoridades fue la de priorizar información que revictimiza a Ariadna, al poner la "culpa" de su muerte y la violencia hacia su cuerpo, en ella.
Revictimización: ¿Cómo convertir a la víctima en culpable?
Las declaraciones de la fiscalía morelense han hecho saltar de nuevo las alarmas en la sociedad, ya que el manejo institucional es similar al caso de Debanhi Escobar, quien fue encontrada asesinada en Nuevo León en abril de este año. El periodista Onésimo Hernández señaló, en reiteradas ocasiones, que la fiscalía buscó representar a Debanhi en un mal estado con la finalidad de desviar la atención mediática y enfocarse no en el feminicidio, sino a las preguntas que cuestionaban y culpabilizaban a la joven; ¿por qué tan tarde?, ¿por qué sus amigos la dejaron?, ¿andaba de fiesta?, en aras de construir un camino directo a “ella se lo buscó”.
“Se realizó un proceso de revictimización en torno a cómo falleció, poniendo en duda si había consumido alguna sustancia, quiénes eran las personas involucradas o si fue un accidente. Se maneja la idea de que todo lo que te ocurre es tu responsabilidad y la narrativa de la fiscalía perpetúa esta idea”, señaló la abogada Leslie Jiménez, de la organización Impunidad Cero para El Financiero.
Durante el proceso, altamente mediatizado, de la búsqueda de Debanhi y las semanas posteriores a encontrar su cuerpo, las múltiples filtraciones accidentales de la fiscalía y la intervención politizada de las autoridades locales, convirtieron el caso de Debahni en un espectáculo, desplazando la atención de su feminicidio, el cual sigue sin resolverse.
“El impacto de cada feminicidio es terrible en las familias de las víctimas, quienes, en su búsqueda del acceso a la verdad, justicia y reparación del daño, padecen además la revictimización de las autoridades”, precisa Edith Olivares Ferreto de Amnistía Internacional.
Carpetazo de investigación bajo un concepto (irreal) de suicidio: El caso de Lesvy Berlín
El tres de mayo de 2017, la Universidad Nacional Autónoma de México reportó a las autoridades sobre el hallazgo del cuerpo de una joven frente a la facultad de ingeniería; era Lesvy Berlin. ¿La responsable de su muerte?, ella misma, de acuerdo a las autoridades.
“Era alcohólica y mala estudiante”, “estaba drogándose con unos amigos”, señaló la fiscalía capitalina, entonces Procuraduría General de Justicia. La teoría de la fiscalía fue que ella misma había rodeado su cuello con un cable y que “su propio peso” fue causante de su muerte, el caso de Lesvy fue cerrado y tipificado como suicidio.
De acuerdo con el especialista en derechos humanos y justicia penal, Marco Lara Klahr, quien tras lo sucesos dio varias declaraciones, las instituciones del Estado buscan desacreditar a las víctimas, criminalizarlas y trasladar a ellas la responsabilidad que corresponde al Estado.
Dos meses meses después, la fiscalía reafirmó esta versión pese a que en un vídeo, se muestra a su pareja golpeándola en repetidas ocasiones minutos antes de cometer el presunto suicidio, con esto, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio presentó un peritaje independiente para demostrar que se trató de un feminicidio, sin embargo, las autoridades no hicieron ningún pronunciamiento al respecto.
El caso se dio a conocer de manera pública al día siguiente que se encontrara el cuerpo de Lesvy, la Fiscalía filtró información que apuntaba a que la joven era una consumidora de sustancias y que había abandonado la preparatoria hacía años por deber muchas materias; “ella no pertenece a la máxima casa de estudios.”
A cinco años del suceso y con justicia tardía, la ex fiscal María Elena "N", enfrenta un proceso penal por el delito de uso ilegal del servicio público, después de utilizar datos de la carpeta de investigación del caso de Lesvy; la (entonces) fiscal reveló detalles de la vida de la joven y la revictimizó.
“Ella (la fiscal) optó deliberada y dolosamente por creer en el dicho del asesino y además publicarlo como una verdad, considerando que era la salida más rápida para cerrar un proceso como suicidio. Comunicó aspectos que provocaban en la sociedad un sentimiento de apatía y rechazo”, señaló Araceli Osorio, madre de Lesvy.
Poco se ha avanzado desde el feminicidio de Claudia Ivette, Esmeralda y Laura Berenice; a sus nombres y los de antes de ellas, se han sumado los de Mariana, Fátima, Cecilia, Marisela, Rubi, Mireya, Marisol, Diana, María de Jesús, Lesvy, Ingrid, Debanhi y cientos de miles de mujeres cuyas muertes siguen no solo impunes, sino siendo descartadas, minimizadas e ignoradas por las autoridades que se supone que existen para cuidarlas. El Estado les falló y sigue fallando en su función, a cada una de ellas y a sus familias, a quienes sigue revictimizando y violentando, mediante hostigamiento, discriminación e impedimento al acceso a la justicia.
Las fiscalías no tienen fondos ni capacitación en perspectiva de género, pero tampoco en derechos humanos o procedimiento penal adecuado, hacen mal uso de información en su poder y como servidores públicos lo usan de manera dolosa para criminalizar a las víctimas y sus familiares, entorpecen los procesos y desvían la atención de los feminicidios. Es urgente la exigencia desde la sociedad y los medios de comunicación, quienes tenemos una responsabilidad ineludible, urgente la acción colectiva, y urgente que desde el Estado se ponga fin a la violencia feminicida sin control en México.