Diputadas, organizaciones sociales e internacionales denunciarán que en México se abandonó la política de género. Dijeron que es ridículo que se diga que la política exterior es feminista, cuando en la práctica se viola la ley y los acuerdos internacionales sobre los recursos para la igualdad.

En conferencia virtual, las diputadas mostraron, con sólo un ejemplo, las consecuencias del recorte para las mujeres. Las 40 mil indígenas y campesinas abandonadas a su suerte y el criminal abandono a la prevención y atención de la violencia feminicida, con 11 asesinadas todos el día.

Las integrantes de la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados se comprometieron a   defender los recursos para la igualdad que se pretenden desviar y que debían estar en el Anexo 13. Lo harán hasta las últimas consecuencias.

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Detallaron que ya le explicaron a la Secretaría de Hacienda la trascendencia de potenciar el empoderamiento de las mujeres, los programas esenciales y los derechos de las mujeres sin que ésta haya mostrado la menor intención por respetar el presupuesto de género.

Reunidas con el objetivo central de plantear la consecuencias del recorte a 35 casas de la Mujer Indígena y Afrodesendiente CAMIS por el recorte de 2020 con la quita de más de 350 millones de pesos, que impide su operación y su existencia, que pone en riesgo a más de 39 mil indígenas y campesinas; que sin dinero ya se cuentan algunas muertas en la pandemia; y hay embarazadas sin atención que aumentará la Muerte Materna y afectará a mujeres violentadas en el campo mexicano.

Ante este desvío de recursos para la igualdad, dijeron que buscarán todas las alianzas necesarias para detener e impedir ese agravio contra más de la mitad de la población

En la conferencia de prensa virtual, las diputadas de todos los partidos, advirtieron que la desaparición de recursos etiquetados para la igualdad se “defenderá hasta las últimas consecuencias. Denunciarán el atropello, por ello presentarán a organismos internacionales el desatino, porque e México debe rendir cuentas sobre compromisos firmados para desarrollar la política de género.

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La diputada Martha Tagle Martínez de Movimiento Ciudadano, organizadora de conferencia, llamó a todas las feministas y asociaciones de mujeres a sumarse a la defensa del presupuesto de género y detalló que tal como está la iniciativa, viola la ley, anula la progresividad de los derechos humanos de las mujeres y abandona a las mujeres campesinas de 35 localidades marginadas y deprimidas, las más pobres.

Las aliadas

Ahí Nelsy Marisela Ku ChayCoordinadora de la Red Nacional las CAMIS advirtió que de no revertirse el intentó se dejará de atender a mujeres violentadas, aumentará la muere materna, la salud de indígenas y campesinas y se desamparará a miles.

Explicó que han acudido a todas las instancia, sin ser escuchadas al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), a la Comisión de Pueblos Indígenas y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Denunció el recorte del 50 por ciento al presupuesto originalmente etiquetado en  2020; expresó su preocupación ante la incertidumbre que plantea el presupuesto 2021, y denunció que no es sólo el presupuesto sino además se acordaron mecanismos administrativos que dificultan la relación directa de las organizaciones integrantes de la red para acceder a los recursos, ya que con  la desaparición del Programa específico, se  incorpora una sola bolsa presupuestaria, sin claridad en su etiquetación y, por lo tanto, designación y ejercicio.

Estuvieron en la conferencia las diputadas Martha Tagle Martínez Movimiento Ciudadano; Verónica Juárez Piña PRD y Verónica Sobrado PAN, quien informó tener la representación de toda la Comisión de Igualdad y del Grupo de Trabajo de género en la cámara de la paridad.

Igualmente participaron por CEJIL Alejandra Manavella, Coodinadora de incidencia del Programa para México y Centroamérica, Bárbara Jiménez de Equality Now y Julia Escalante de CLADEM.

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Alejandra Manvella del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) alertó Sobre la tendencia regresivaen materia de financiamiento para la igualdad de género y combate a las violencias contra las mujeres. Ello a pesar de que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos  en el Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, simula  un aumento del 20 por ciento está  realmente etiquetado para la Pensión para personas Adultas Mayores: programa que no cuenta con mecanismos que aseguren la reducción de las brechas de desigualdad de género.

En contraste, hay recortes millonarios para los programas destinados a las mujeres como lo es, por ejemplo, el de las CAMIS.

El CEJIL instó a la Cámara de Diputados para que, vía el presupuesto 2021, el Estado mexicano asuma las obligaciones internacionales adquiridas en materia de igualdad de género. En particular, la CEDAW y la Convención para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belem Do Pará), porque el Estado mexicano está obligado a garantizar recursos públicos suficientes para desarrollar políticas públicas que garanticen la igualdad sustantiva y el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres.

 

Por otra parte, la vocera de  Equality Now llamó a las autoridades hacendarias a que guíen sus discusiones y decisiones  sobre la base los Principios Rectores sobre derechos humanos que subrayan la importancia de evaluar de forma sistemática los efectos de reformas económicas para el disfrute de todos los derechos humanos, y  se haga  una distribución de recursos  con perspectiva de género y su progresividad  con el máximo de recursos disponibles y así garantizar los derechos de todas las mujeres.

Julia Escalante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), recordó que expertas (os) de derechos humanos de la ONU, el 16 de octubre, exigieron a México a no realizar más recortes presupuestarios a programas para la prevención y el apoyo a las mujeres víctimas de violencia, así como a la salud materna, sexual y reproductiva.

Y dijo que esas expertas advirtieron que de aprobarse el Proyecto de Presupuesto 2021 habrá “recortes significativos a las políticas destinadas a la lucha contra la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas a la promoción de los derechos de mujeres indígenas”.

Las diputadas

Verónica Juárez Piña del Partido de la Revolución Democrática PRD, Verónica Sobrado PAN y Martha Tagle Martínez expresaron su compromiso a defender el presupuesto de las mujeres, pero advirtieron que una mayoría automática conspira contra las mujeres y se ajusta a la iniciativa presidencial que no garantiza los recursos para la igualdad y en cambio ha sido destinado a los programas estrella presidenciales.

Juárez Piña manifestó que hay una enorme insensibilidad en la Secretaria de Hacienda y se relega en los hechos a más de la mitad de la población. Sobrado insistió en que no hay ninguna seguridad de que los recursos sean para los fines con que fue creado el anexo 13 y Tagle Martínez mostró las inconsistencias, los recortes y llamó a cambiar el destino de los recursos propuestos, ello si se logra una gran frente de mujeres.,

Muertas y enfermas en las comunidades CAMIS

En una esfuerzo por hacerse escuchar las representantes de las CAMIS, recordaron que se redujo el presupuesto al 50 por ciento en el presupuesto en 2020 limitando sus   actividades y sostenimiento, lo que limitó las actividades que las CAMI realizaban para el trabajo con las comunidades en la prevención de la violencia y la promoción de los derechos humanos de las mujeres indígenas.

Detallaron las consecuencias del recorte: Se han presentado contagios y fallecimientos en integrantes de las CAMI o de sus familiares y no se cuentan con recursos suficientes para buscar atención médica adecuada y oportuna; situación repetida de manera general en las comunidades.  Falta atención médica y la mayoría de la gente no quiere atenderse en los hospitales, situación   que incrementó la demanda de atención a las CAMI de sus parteras y médicas tradicionales.

Se incrementó la violencia contra las mujeres por el confinamiento o por la falta de empleo para los hombres de las comunidades además atender a niños y niñas en casa que incrementó cargas de trabajo y viven en un entorno de tensión constante. Al no haber estrategias comunitarias para prevenir y atender el Covid-19, ha originado que varias CAMI por iniciativa propia generan acciones de difusión sobre la prevención contra el Covid 19, en algunos casos, con apoyos de fuentes externas.  Hay dificultades para la canalización de casos de violencia a las instancias de procuración de justicia que están cerradas, o tienen poco personal, lo que impide el acceso a la justicia oportuna y adecuada. Lo que ya sucedía hoy se agudiza.

Algunas comunidades mantienen cerrado el ingreso a personas externas y las CAMI no pueden acudir a llamados que de algunas mujeres. El cambio de la modalidad de operar los subsidios en las reglas de operación, hoy exige que sean las comunidades quienes aplican a las convocatorias y no las organizaciones que nos hacemos cargo de las CAMI, así están expensas de la buena voluntad de las autoridades comunitarias.

Finalmente plantearon que es urgente y esencial que se fortalezca el respaldo institucional y presupuestal desde una perspectiva de género para que las CAMI continúen el servicio para la prevención y atención de la violencia, la salud materna y sexual y reproductiva e incluso aperturar acciones para contribuir a informar sobre el Covid, sus impactos y prevención con información pertinente en nuestra lengua y adaptada a nuestros contextos.