Mariana, nombre ficticio para salvaguardar su identidad y no exponerla a más represalias, sufrió hostigamiento laboral por más de cinco años dentro del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), pese a aplicar el Protocolo para la atención de casos de violencia laboral, hostigamiento y/o acoso sexual del Instituto que se lanzó en 2018, fue despedida, siendo parte de una Dirección que se preservó en la reestructura del Instituto.
El caso de Mariana representa un problema sistémico en los gobiernos donde no hay un seguimiento formal dentro de las instituciones a denuncias de violencia laboral. Además, la Unidad de Género del IECM desapareció en la reestructura, lo fue una decisión grave para Carolina del Ángel Cruz, consejera del IECM y presidenta de la Comisión Permanente de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía.
“Tenía reuniones con la que era mi jefa (Susana "N") y no me convocaba. La directora ejecutiva me pedía cosas y me decía: ‘es que tú ya lo tendrías que saber’ y yo no lo sabía porque no me enteraba. No respetaban mi horario laboral, se supone que mi horario laboral era como de 9 a 6, me decía, ‘no te puedes ir’, daban las 10 y no me podía ir, se supone que teníamos actividades, pero yo no sabía cuáles eran esas actividades”, cuenta la agraviada en entrevista con La Cadera de Eva.
En entrevista con Carolina del Ángel Cruz, consejera del IECM, aceptó que dentro del Instituto es probable que se ejerza violencia, quien lo hace es “un superior jerárquico, esto por un ejercicio de poder, digamos que existe una perspectiva verdaderamente de igualdad. Sin embargo, siempre van a estar ahí esos esas cuestiones muy subjetivas… El Instituto está certificado con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, de verdad queremos un compromiso laboral. Me parece que la consecuencia de la violencia, no sé si en otras partes del mundo, pero en México tenemos muy arraigada la cultura de aprender con golpes y aprender a la mala, en lugar de ejercer liderazgo, se ejerce un poder a veces la mayoría de las veces negativo”, señaló.
Hostigamiento laboral dentro del IECM
El hostigamiento laboral o mobbing es considerado uno de los principales factores por el que los empleados mexicanos han dejado su trabajo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Para Ley Federal de Trabajo en el artículo 3 Bis se determina el hostigamiento como “el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas”.
“Cuando había reuniones iba porque mis compañeros me avisaban. En esa área estuve de enero de 2017 a febrero de 2019, la jefa daba días de descanso a los demás, menos a mí. Llegaba a la oficina y no había nadie, iban a comidas y reuniones y yo no era convocada. Tomaba fotos para documentar porque decían que lo estaba inventando”, cuenta Mariana.
Incluso, la agraviada decidió pedir ayuda a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), lo petición fue rechazada ya que el IECM es considerado autónomo. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) la canalizó al Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez por su cuadro de depresión además comenzó a presentar pensamientos suicidas.
Ante la violencia vivida, Mariana decidió aplicar el Protocolo para la atención de casos de violencia laboral, hostigamiento y/o acoso sexual del Instituto, el 29 de junio de 2018, donde la denunciante presentó en la Unidad Técnica un escrito de queja en contra de su agresora. El expediente con número IECM-UTAJ/SE/PD/05/2018 contra Susana "N", directora de Geografía y Proyectos Especiales adscrita a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, demuestra el hostigamiento ejercido hacia la denunciante.
El informe fue levantado por Gustavo Uribe Robles, encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva del IECM en el que comprueba que la agraviada presentaba un cuadro de depresión por causa de hostigamiento laboral por lo que se la Unidad Técnica levantó una amonestación contra Susana "N" y solicitó medidas de protección especiales a la denunciante.
De acuerdo con el Artículo 176 del Reglamento de Relaciones Laborales, entre las sanciones está una amonestación; en segundo lugar, suspensión de la trabajadora o trabajador sin goce de sueldo hasta por 15 días y por último, rescisión de la relación laboral.
Las medidas de protección y amonestación no fueron suficientes
“Me cambiaron al área de género y derechos humanos, y ahí me revictimizaron, la que era directora de de Derechos Humanos les decía a todos que estaba tomando medicamentos psiquiátricos, incluso decían ‘no deberíamos trabajar con ella porque está loca’, y era la directora de Derechos Humanos”, cuenta.
Mariana decidió confrontar a la encargada de Unidad de Género. “La respuesta que me dio fue ‘me dieron la instrucción de cansarte’. Nunca me quiso decir quién le dio esta instrucción y hasta la fecha no lo sé. Me enteré que las personas que aplicamos el protocolo fuimos despedidas en la reestructura”. En ese equipo trabajó un año, después fue cambiada de área por instrucciones de Imelda Guevara Olvera, directora de Política de Género y Derechos Humanos.
En el segundo equipo de trabajo también vivió violencia laboral, ya que la excluyó de las actividades: “me tenía en la congeladora, pasaba semanas sin que yo hiciera nada, me ponía a corregir documentos y se burlaba de mí, me ponía en riesgo diciendo que estaba loca. Les comenté que no gritaran tan fuerte porque quedé mal del oído después de haber tenido covid, ella decía que iban a gritar más fuerte para cansarme. Yo la confrontaba diciéndole ‘por qué te burlas de mí’, le dije, ‘o sea, tú das talleres de violencia’ y te estás burlando de mí estado de salud mental, me dice que era broma”.
Reestructura del IECM afectó áreas de género
El IECM decidió reducir cinco de sus áreas con el argumento de la austeridad republicana del gobierno en turno, dirigido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre estas áreas estaba la Unidad de Género a la que pertenecía Mariana, aunque su plaza era de Organización Electoral, sin embargo, la dirección de ésta decidió sacrificar su plaza en seguimiento a la reestructura del Instituto. Sin embargo, en noviembre del 2022, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECM) revocó el decreto por afectar la autonomía del órgano, justificó que la eliminación de la Unidad de Género no garantizarían los derechos humanos de las personas del Instituto. Aunque se volverá a crear esta área, Mariana fue removida de su cargo.
En respuesta a una solicitud de transparencia con el folio 090166022001094, el IECM señaló que dentro del periodo 2019 al 2022 fueron 41 personas quienes activaron el Protocolo, de las cuales sólo seis siguen trabajando dentro del Instituto. La razón principal por la que se activó fue por hostigamiento laboral, con 22 casos; en segundo lugar violencia laboral y violencia a sus derechos humanos con cuatro casos por cada rubro. De las personas que emitieron su queja, 63% fueron de mujeres (26 reportes), 22% de hombres (9 reportes) y un 15% (6 reportes) no se identificaron.
Las personas vinculadas como presuntas infractoras, es decir, quienes fueron señaladas de ejercer algún tipo de violencia ya sea acoso sexual, discriminación, hostigamiento laboral o sexual, incumplimiento a la obligación de acreditar la evaluación del programa de formación, incumplimiento a medidas de protección, violencia laboral, entre otros, fueron un 49% hombres, 47% mujeres y 2% no se identificó.
Respecto a cómo se aplica actualmente el Protocolo dentro del IECM, la consejera Carolina Del Ángel señala que es necesario reformar este Protocolo: “hay muchas cosas que se juntan, la más importante es la protección del personal ante actos violentos, pero también no deja de tener necesariamente por un tema constitucional de Derecho Penal, donde se debe cuidar la presunción de inocencia y se tiene que llevar todo un procedimiento, lamentablemente sí necesitan de un abogado y de una asesoría jurídica (para aplicar el protocolo dentro del Instituto), no tenemos una figura de primer acercamiento sino que surge del mismo personal, esta es la figura del ombudsman, quien habla con la gente para ayudarles a dirimir”, dijo.
La consejera Carolina Del Ángel; junto con Imelda Guevara Olvera, directora de Política de Género y Derechos Humanos, y Omar Adrián López López, subdirector de Evaluación en Derechos Humanos; señaló que dentro del IECM hace falta una Defensoría Pública de las personas, gente que entienda el conflicto desde un perfil jurídico. “La atención a los derechos humanos requiere de presupuesto. Ahorita estamos en el limbo porque no sabemos dónde vamos a quedar, tenemos una sentencia del tribunal local muy progresista, muy garantista. Aunque se metió en la misma área el tema de la Unidad Técnica de Género y derechos humanos que si bien van con el tema de educación cívica, necesitan estar separadas”, señaló.
Sobre regresar la Unidad de Género, la consejera explicó que está detenida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por una acción de inconstitucionalidad y controversia. “El tema es que esta sentencia de la que estamos hablando ya fue impugnada y no sabemos que vaya a pasar como colegiado, estamos esperando dos momentos, primero acomodar el tema presupuestal porque hubo personas que se fueron por esta reestructura, lo que implica un tema de retabulación, ya que existe el temor infundado que regresemos al mismo estatus y que en algún momento un Tribunal de Alzada o incluso la Suprema Corte, se reviertan la sentencia del Tribunal, pero eso no quiere decir que hayan dejado de hacer el trabajo, es menos gente haciendo más y creo que la reforma se equivoca al mandar cuestiones que son concretamente de Derechos Humanos a la parte administrativa”.
Sobre la reestructura, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, estuvo de acuerdo con la eliminación de direcciones dentro del IECM, aseguró que se “inflaron de plazas” para que fuera cuota de los partidos políticos.
En el caso de Mariana, su plaza pertenecía a la Organización electoral, desapareció la de ella y la de un chófer. “Fue en represalia de haber demostrado en el acoso laboral, dijeron damos la plaza de ella para ahorrar dinero”, señala Mariana. Al cuestionar esta situación a la consejera Carolina del Ángel si hay una correlación en las personas que metieron el Protocolo y fueron despedidas dijo que no dudaría dicha acción desde el Instituto.
En respuesta a una solicitud de transparencia con el folio 090166022001094, el IECM señaló que dentro del periodo 2019 al 2022 fueron 41 personas quienes activaron el Protocolo, de las cuales sólo seis siguen trabajando dentro del Instituto. La razón principal por la que se activó fue por hostigamiento laboral, con 22 casos; en segundo lugar violencia laboral y violencia a sus derechos humanos con cuatro casos por cada rubro. De las personas que emitieron su queja, 63% fueron de mujeres (26 reportes), 22% de hombres (9 reportes) y un 15% (6 reportes) no se identificaron.
Las personas vinculadas como presuntas infractoras, es decir, quienes fueron señaladas de ejercer algún tipo de violencia ya sea acoso sexual, discriminación hostigamiento laboral o sexual, incumplimiento a la obligación de acreditar la evaluación del programa de formación, incumplimiento a medidas de protección, violencia laboral, entre otros, fueron un 49% hombres, 47% mujeres y 2% no se identificó.
Consecuencias de la violencia
La violencia laboral ejercida por Susana Hernández Polo hacia Mariana le causó trastorno de depresión mayor, la cual fue atendida bajo tratamiento psiquiátrico en el Hospital Fray Bernardino Álvarez, quien emitió el informe desde esta área fue Garry Eldon Britton, licenciado médico cirujano y partero (UMSNH), especialista en psiquiatría (UNAM) con diversos diplomados y profesor de la Universidad Anáhuac.
Algunas de las consecuencias que genera este trastorno son: estado de ánimo deprimido o pérdida de interés o placer, disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día, casi todos los días y pérdida importante de peso o aumento de peso, modificación del 5% del peso corporal, entre otras, de acuerdo con el instituto.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) señala que 25 mil 205 personas renunciaron a sus trabajos durante el primer trimestre de 2022 por motivos de acoso o discriminación. Desde hace varios años, las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ubican al mobbing laboral como uno de los principales motivos por los cual los trabajadores en México dejan su empleo.
La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), en los últimos dos años, señaló que 78% de las asesorías y orientación que ha brindado a mujeres han sido por conflictos vinculados por violencia en el trabajo con casos de hostigamiento y acoso. En consecuencia, el Senado de la República aprobó con 91 votos reformar el Código Penal Federal para sancionar con una multa de hasta 40 días de salario mínimo, a quien ejerza cualquier tipo de violencia de forma recurrente y sistemática sobre otra persona y le cause un perjuicio profesional, daño patrimonial, económico o sufrimiento psicológico y físico, entre ellas, la violencia laboral como dice uno de los comunicados.
En entrevista con Imelda Guevara Olvera, directora de Política de Género y Derechos Humanos, y Omar Adrián López López, subdirector de Evaluación en Derechos Humanos del IECM, aceptaron que trabajar en un ambiente seguro para los trabajadores del Instituto ha sido un gran reto; por lo que trabajan en un programa de sensibilización, en el que dan capacitaciones para la prevención de violencia laboral. “Creo que también eso nos ha ayudado mucho los trabajos de implantación y la norma 035”, señaló Omar López. Además, agregaron que se trabaja en conjunto con la Facultad de Psicología el Protocolo de Género, por otro lado, Imelda Guevara habló sobre la importancia de impulsar estos conceptos, “ya que de lo contrario no sólo se está faltando a las normas a las constituciones tanto federal como local sino también a los tratados internacionales”.
DERECHO DE RÉPLICA
Susana, aludida en este material y en su derecho de réplica, advirtió que el caso continúa en Tribunales, situación que puede comprobarse consultando en las instancias correspondientes; además, se reprodujo una acusación, señalándome como responsable de una falta, solo por el dicho de la entrevistada.
“No omito señalar que, dicho proceso no ha concluido y ha transitado por diversas fases, entre las que se encuentran la presentación de pruebas y el desechamiento de las acusaciones que así han resultado, por no contar con elementos que las acrediten. Varias de ellas citadas en la nota periodística, por lo que carecen de valor”.
Por lo anterior, afirmó Susana, “no es posible dar por hecho un comportamiento y señalar públicamente a una persona, sin tener el conocimiento total del caso, ni el estatus legal en el que se encuentra”.