La Iglesia de Sinaloa acusó de “traición pública” a los los legisladores católicos que apoyaron en la legislación del aborto en el estado, señaló que se les prohibirá acercarse a recibir la comunión, ser padrinos o acompañantes en un bautizo u otros sacramentos.

Por unas horas la Iglesia de Sinaloa publicó en sus redes sociales la fotos de los diputados de Morena, PRI, PT y Movimiento Ciudadano de los diputados que aprobaron la interrupción legal del embarazo como si fueran delincuentes.

El responsable diocesano, Miguel Ángel Soto Glaxiola, manifestó que el haber legislado el aborto era comparable a la muerte de un inocente que afectaba el “daño irreparable a sus padres y a toda la sociedad”.

La publicación fue retirada de la cuenta de la iglesia, de acuerdo con El Universal.

LA RESPUESTA DE LOS LEGISLADORES

Por su parte los diputados defendieron su derecho y obligación a legislar desde los derechos humanos. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, Feliciano Castro, en entrevista con  el diario El País, dijo que la legislación respeta la perspectiva de los derechos humanos, desde la Constitución y los tratados internacionales firmados por México donde la mujer es sujeto de Derecho.

“El mundo de la Iglesia es su mundo y el del Congreso de Sinaloa es otro. Lo que declare la Iglesia no nos alcanza”, aseguró Castro, quien recomendó a la jerarquía católica a que se dedique al mundo pastoral y a promover el amor al prójimo y no la intolerancia, como ocurrió en este caso.

DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN SINALOA

El pasado 8 de marzo, el Congreso de Sinaloa aprobó una iniciativa que "despenaliza" el aborto hasta las 13 semanas, lo cual fue celebrado por colectivas y feministas. Se convirtió en el séptimo estado en despenalizar el aborto.

Con 28 votos a favor, dos en contra y nueve abstenciones, el Congreso de Sinaloa —en el que el partido Morena es mayoría— aprobó diversas modificaciones a las leyes locales que permiten, según la iniciativa, la interrupción legal del embarazo hasta la semana 13 de gestación, que es superior al límite estipulado en los otros seis estados con despenalización del aborto (12 semanas).

Sin embargo, organizaciones como Ipas México y GIRE han señalado que las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del estado contienen deficiencias y fallas de técnica jurídica que, lejos de garantizar la interrupción legal del embarazo, viola los derechos de las mujeres.