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México está lleno de mujeres que podrían trabajar, pero no lo hacen. No porque no quieran, sino porque el país aún no crea las condiciones para que puedan hacerlo. El informe "Estados #ConLupaDeGénero 2025", elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), revela que 16.9 millones de mujeres están fuera del mercado laboral en las 15 entidades con peores condiciones para su desarrollo económico. Además, 10 millones no cuentan con autonomía económica siquiera para generar ingresos propios.
El estudio evalúa la trayectoria laboral femenina a través de 16 indicadores en tres fases: acceso al empleo, permanencia en el mercado laboral y autonomía económica. ¿El resultado? Ningún estado garantiza el recorrido completo.
La Ciudad de México encabeza el ranking por mejores niveles educativos, menor embarazo adolescente y una brecha relativamente menor en el reparto de cuidados. Oaxaca, en contraste, ocupa el último lugar, con informalidad laboral por encima del 75%, bajos salarios y escasa acumulación de activos.
La posibilidad de ingresar al mercado laboral se explica, en buena medida, por los años de escolaridad. Mientras en CDMX, Baja California Sur y Sinaloa más de la mitad de las mujeres cuentan con bachillerato o más, en Guerrero, Oaxaca y Chiapas la cifra apenas ronda el 30%.
Esa brecha educativa se traduce en obstáculos para acceder a empleo formal o en trabajos más precarios. A ello se suma el peso del trabajo no remunerado: las mujeres dedican casi 60% más tiempo que los hombres al cuidado, aunque en la capital la diferencia baja a 48%, la proporción más baja del país, pero aún desigual.
Incluso quienes logran incorporarse no siempre pueden permanecer en él. En Oaxaca y Guerrero tres de cada cuatro mujeres trabajan sin seguridad social, mientras que en Chihuahua y Baja California la proporción es una de cada tres. A nivel nacional, las mujeres ganan 13% menos que los hombres, con variaciones que van de 5% en Chiapas a 23% en Guerrero. Con salarios más bajos y una carga doméstica mayor, la permanencia laboral se vuelve frágil y, muchas veces, insostenible.
La última fase, la autonomía económica, evidencia el rezago estructural. Solo una de cada diez mujeres es propietaria de vivienda. En Veracruz, 38% de ellas no tiene ingresos propios, mientras que en Baja California Sur la proporción baja a 17%.
El emprendimiento femenino crece, aunque no siempre se formaliza: Querétaro (36%) y Aguascalientes (32%) concentran los niveles más altos de negocios formales liderados por mujeres, mientras que Oaxaca (5%) y Guerrero (7%) permanecen en el extremo opuesto. La autonomía no se logra solo con empleo, sino con ingresos sostenidos, seguridad social y acceso a activos.
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El IMCO dimensiona también el costo económico de no actuar. Si México elevara la participación femenina al promedio de la OCDE (67%, frente al 46% actual), 18.6 millones de mujeres entrarían al mercado laboral y el impacto económico equivaldría a 6.9 billones de pesos adicionales al PIB hacia 2035. Estados como Chiapas podrían aumentar su producción hasta en 21% si fortalecieran la inserción laboral femenina. No se trata de una aspiración vaga, sino de un cálculo basado en productividad y fuerza laboral disponible.
La otra parte del diagnóstico está fuera de los registros formales. Según el INEGI, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representó 23.9% del PIB en 2024, alrededor de 8 billones de pesos. Al incluir los cuidados emocionales -medidos por primera vez- el valor asciende a 26.3% del PIB, y 72.6% de ese aporte recae en mujeres.
