Conscientes de la vulnerabilidad desproporcionada en la que se enfrentan poblaciones específicas, como mujeres, indígenas y afrodescendientes, diversas organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han hecho un llamado a atender la pandemia por coronavirus, con acciones específicas según las necesidades de cada población vulnerable y en condiciones de igualdad racial
“Se insta a no aplicar criterios que puedan discriminar a las minorías étnicas en sus estrategias de combate al covid-19”
Como respuesta a esta recomendación, a su obligación constitucional e internacional y a los reclamos de diversos grupos indígenas, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, difundieron la disponibilidad de información referente a las medidas de mitigación del coronavirus, expresada en infografías, audios y videos, en más de 50 lenguas indígenas (en texto), como huichol, chontal y zoque.
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— INALIMEXICO (@INALIMEXICO) March 28, 2020
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Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI)https://t.co/ptPIUbJcwp#MéxicoMultilingüe#SanaDistancia pic.twitter.com/fmSIYPUI2r
Esta medida responde a la emergencia sanitaria que se vive en México y todo el mundo y que no discrimina en su contagio, pero también a las diversas demandas que comunidades indígenas han hecho respecto a la ausencia de información sobre el coronavirus en sus lenguas maternas, lo que les deja en riesgo.
Grupos indígenas de Chiapas, integrados por tzeltales, tzotziles y zoques, han demandado información del covid-19 en sus lenguas, tal como lo expuso Proceso
“Se reclamó la omisión de todos los niveles de gobierno de dar a conocer en la lengua materna de los pueblos tzotzil, tzeltal, zoque y chol “información oportuna, veraz, apropiada, accesible a través de los medios masivos de comunicación (audiovisuales, orales y gráficos) sobre medidas sanitarias de contención, prevención y combate del coronavirus”
La respuesta al amparo interpuesto por una mujer y cuatro hombres indígenas pertenecientes al Movimiento Campesino Regional Independiente, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y Movimiento Nacional, fue positiva. La Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, Julissa González Rojas, concedió al presidente de la República, al Secretario de Salud, al presidente del Consejo de Salubridad General y al gobernador del estado de Chiapas, un plazo de 24 horas para acatar la resolución, para evitar probables sanciones.
De acuerdo al marco de los derechos indígenas en México, incluido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el derecho consuetudinario internacional, también incluido en tratados internacionales, las obligaciones jurídicas del Estado mexicano incluyen la de proteger los derechos humanos de las mujeres y hombres indígenas que viven bajo su jurisdicción, lo cual incluye la protección al derecho a la salud.
De manera específica, el Estado mexicano ha respondido a la obligación de asegurar el derecho a la igualdad y la no discriminación por motivos raciales, de origen étnico o nacional, por ser mujer o indígena, etc.
“En condiciones normales, pero sobre todo en momentos como el actual, se debe garantizar el acceso a los derechos humanos de todo nacional mexicano, incluyendo a las comunidades indígenas”
VIOLENCIA DE GÉNERO
El Comité de Expertas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la ONU y otras organizaciones internacionales, han expresado que en la realidad actual, donde se hace necesaria el aislamiento social, miles de mujeres conviven de cerca con sus agresores. Por este motivo, han hecho un llamado a que los países adecúen las medidas de mitigación del coronavirus en un marco que prevenga y combata la violencia de género.
En el caso de México el aumento a la violencia de género en el periodo de cuarentena se ha observado en un aumento del 25% de las llamadas al 911, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y un incremento proporcional en las solicitudes de ingreso a refugios, según datos de la Red Nacional de Refugios.
La violencia de género está presente en todos los niveles sociales y económicos del país. Tan solo, en el último levantamiento de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006 (ENDIREH), se registró que el 32.6% de las mujeres indígenas ha vivido algún tipo de violencia.
Según la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2017, las mujeres indígenas están sujetas a violencia de género a nivel colectivo y personal, debido a su poco acceso a la jurisdicción del Estado, destacando la violencia sexual.
La difusión de la información en lenguas indígenas respecto al coronavirus, las medidas para prevenir el contagio y cómo actuar en casos que presenten los síntomas se ha iniciado. Complementar la discusión respecto a la difusión de la información referente a la violencia de género, a dónde acudir y cómo actuar en diversos escenarios, queda pendiente.
“En la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, se menciona la obligación del Estado en garantizar la seguridad personal, la integridad física y moral de las mujeres, protegiéndolas contra toda forma de violencia”