Los movimientos sociales trazan el rumbo de nuestra sociedad en función de las necesidades de la población, y el feminismo, se ha convertido en bandera para luchar por la igualdad y colocar las causas más justas en el escenario político. De esta manera, en un contexto como el que se vive en México, se reconoce la labor de las mujeres que desde el feminismo impulsan leyes en nombre de las injusticias y que honran la memoria de las compañeras que fueron vulneradas en total impunidad por el sistema.

Que las mujeres empujen desde la empatía por una causa abona enormemente en la calidad de vida de las mexicanas, pues en un mapeo histórico, nos encontramos con estrategias políticas que se colgaron el feminismo a través de leyes a favor de la “igualdad de género” con el objetivo de ganar terreno en las votaciones, como por ejemplo, las acciones que realizó Ruiz Cortines bajo el eslogan “poner el piso parejo” y que como señala el historiador Pablos Tuñón, se trató de programas que sólo favorecían superficialmente a la mujer. 

“Es cierto que el voto fue otorgado a las mujeres para el ejercicio de su ciudadanía y para reforzar su calidad de individuos, no obstante, este hecho no obedeció directamente a las movilizaciones de las mujeres y al reconocimiento y arduo trabajo que éstas habían realizado en favor de su país, demostrando su compromiso con el desarrollo nacional que también les atañía a ellas.” (Libro El Derecho de las mujeres al sufragio)

A 64 años de la lucha (no otorgamiento) del voto femenino, las mujeres continúan generando el cambio en nuestras leyes a manera de resistencia ante un estado que ha abandonado y vulnerado los derechos humanos de infancias y mujeres; escenario que se vuelve aún más complejo en un contexto de feminicidios y violencias. Es así, que reconocemos la valía de las mujeres que impulsan, honran la memoria y construyen un México más justo para generaciones futuras.

La construcción de la ciudadanía varía en función del tiempo y del contexto cultural en el que se desarrolla, y estas construcciones en las que regularmente lo femenino se encuentra subordinado, afecta directamente en las concepciones políticas y de pertenencia social con la que se concibe a las mujeres (Graciela Vélez en Género y ciudadanía: Las mujeres en el proceso de construcción de la ciudadanía).

Leyes mexicanas impulsadas por mujeres 

  • Ley Sabina

En México 3 de cada 4 infantes de padres separados no reciben pensión alimenticia, según el Senado de la República. Sobre esta línea, existe un claro abandono paternal y una irresponsabilidad absoluta que deja en un estado de vulneración a millones de infancias en nuestro país, este escenario se ha vuelto un común para las madres que quedan en el rezago económico. Ante esto, la Ley Sabina aparece en el mapa para salvaguardar la vida y el desarrollo integral de las infancias. 

Impulsada por Diana Luz, una activista feminista que cansada de que el estado eximiera de sus responsabilidades al padre de su hija, comenzó a impulsar una ley por la justicia y el derecho a una vida digna por todas las niñas y niños en nuestro país. 

"Mi hija representa a todas las niñas y niños de este país que no tienen justicia, representa a las madres en búsqueda de ella. Me representa a mi porque es quien me da la fuerza para seguir impulsando este proyecto de ley, por eso decidí que se llame como ella”, compartió Diana Luz para Crónica. 

Uno de los pilares más importantes de la Ley Sabina no es sólo la cuestión económica, es decir, no es suficiente con que las infancias reciban el dinero, sino que se reconozca la violencia económica, se hable de los hombres que niegan su paternidad, abrir un acervo informativo de los deudores, incluir a estas personas a un buró de crédito para que se les nieguen beneficios bancarios y finalmente, que en caso de que el deudor plantee casarse, se le informe a la cónyuge que la pareja tiene una deuda alimentaria con sus hijos. 

Esta Ley ha sido aprobada en Oaxaca y continúa siendo empujada por mujeres que buscan justicia por sus hijos; la resistencia ante un sistema androcéntrico continúa y se manifiesta en los tendederos de los deudores, 

  • Ley Ingrid

A tres años del feminicidio de Ingrid Escamilla, una ley lleva su nombre como recordatorio de la revictimización y de la urgencia de poner un alto al poder mediático que por años, lucró con la violencia. La Ley Ingrid, fue aprobada por la Cámara de Diputados en 2020 y establece sanciones a quienes difundan audios, videos, documentos o información relacionada al cuerpo o vida privada de una víctima. La Ley Ingrid es dolorosa y se toma la forma de una justicia necesaria en nuestro país, donde las mujeres son revictimizadas, discriminadas y estigmatizadas.

En una sociedad donde el feminicidio es pandémico, es un acto impensable que nuestros medios de comunicación perpetúen discursos amarillistas y misóginos. 

Las protestas inundaron las calles porque la rabia fue desbordante ante autoridades que expusieron de manera cruenta un crimen. Es así, que la Ley Ingrid fue lanzada desde la sociedad al grito de justicia y llegó a los más altos tribunales, donde los Congresos iniciaron un proceso para aprobarla. 

Hasta el momento Oaxaca y Ciudad de México han modificado sus reformas e implementado la Ley Ingrid con el objetivo salvaguardar la integridad de toda víctima. 

  • Ley 3 de 3 

De manera esencial, esta ley nace desde un colectivo feminista que intenta cortar el pacto patriarcal que, históricamente, se ha establecido en nuestras instituciones. Esta relación de poder androcéntrica origina la revictimización, la dificultad de acceder a la justicia, que agresores, deudores alimenticios y acosadores sexuales puedan ocupar cargos públicos en total impunidad mientras que sus víctimas, quedan en una situación de total  vulnerabilidad al enfrentarse a instituciones que los protegen y les permite ejercer con libertad como jueces, fiscales, rectores, directores de universidades, catedráticos o contendientes políticos. 

Esta ley, no ampara sólo a las mujeres, sino que vela por el bien común de todos los grupos vulnerables con la finalidad de que los procesos judiciales y administrativos no estén entintados de misoginia, machismo o discriminación; que agresores tomen las decisiones de nuestro país y se desempeñen en funciones destinadas a proteger los derechos humanos es un acto que para las impulsoras de la Ley 3 de 3 es impensable. 

Actualmente, Yucatán es el único estado de la República que ha aprobado esta ley a nivel constitucional y deja un precedente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que permitiría que en un futuro cercano, más entidades de nuestra República decidan aprobarla. 

“Nadie que viole un derecho en lo privado puede tener si quiera la oportunidad de esperar titular en lo público. Es un asunto de democracia”, Yndira Sandoval, mujer feminista y activista, una de las principales impulsoras de la 3 de 3 

El sistema burocrático mexicano es cansado y se requiere de una enorme valentía para impulsar con fuerza nuestras leyes; cambiar un paradigma violento y patriarcal siempre es un acto de rebeldía, pero también, de hartazgo. Por ello, sobre esta misma línea es necesario nombrar las iniciativas que están siendo lanzadas con fuerza por redes de mujeres que buscan con desespero, la justicia y construir un sistema mexicano que vele por la paridad de género. No perdamos de vista las siguientes iniciativas que de manera paulatina, pican la piedra del sistema para inmiscuirse y trazar una sociedad más justa que sea cobijo para otras mujeres e infancias. 

  • Ley Malena: En los últimos 20 años, 30 mujeres han sido atacadas con ácido, comparte Carmen Sánchez, sobreviviente y activista que visibiliza la violencia ácida a través de su fundación que lleva su nombre. Asimismo, la fundación rescata que el 85% de estas violencias son perpetradas por hombres.  No hay leyes, ni tipificación del delito. Ley Malena se impulsa uniéndose a la lucha de la saxofonista María Elena Ríos, que fue víctima de un intento de feminicidio en 2019. Esta iniciativa intenta que se facilite la justicia para las mujeres que fueron agredidas, que se genere información pública sobre estos ataques y que se reconozca como un delito.
  • Ley Monse: Esta iniciativa propone que familiares, amigos o parejas que encubran a feminicidas estén sujetas a sanciones y penalidades. 
  • Ley Alina: Esta iniciativa propone visibilizar la legitima defensa para las mujeres que viven en contextos de violencia de género. El pilar principal sostiene que toda mujer que actúe en un estado de miedo, terror o confusión actúan para poner a salvo su vida, pueda ser considerada inocente a través de un proceso donde sea juzgada con perspectiva de género y que además, se le ofrezca acompañamiento psicológico.