Una de las razones que puede explicar que los hombres hayan padecido más atentados en el proceso electoral de 2020-2021, tiene que ver con que los espacios para que participen las mujeres son más reducidos, enfatizando que a pesar del establecimiento de cuotas de paridad, no necesariamente se ha conseguido equilibrar el acceso de las mujeres a las posiciones políticas, de acuerdo con un informe sobre violencia política elaborado por María Teresa Martínez Trujillo y Sebastián Fajardo Turner.
Bajo ese contexto, podemos afirmar que a pesar de que razones que explican la violencia de género son múltiples y de que representan un problema de derechos humanos global, la implementación de leyes para proteger a las mujeres y los compromisos adoptados ante autoridades no han sido suficientes.
En cuanto a la violencia política contra las mujeres en razón de género, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, plantea que esta "comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer teniendo un impacto diferenciado en ellas, o afectándolas desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, y la posibilidad de que ejerzan cargos públicos".
También, menciona que los ataques hacia las mujeres por ser mujeres tienen como trasfondo la descalificación y una desconfianza sistemática e indiferenciada hacia sus capacidades y posibilidades de hacer un buen trabajo o ganar una elección, en un entorno en el que las conductas inadecuadas son normalizadas e invisibilizadas. Bajo este contexto, la violencia política representa no sólo un atentado a la democracia, compromete la independencia, autonomía e integridad de las autoridades electas y designadas.
HABLEMOS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA
La Organización de las Naciones Unidas, a partir de 1999 oficializó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer respondiendo a una serie de esfuerzos para visibilizar la necesidad de erradicar la prácticas inadecuadas, que toma como antecedentes el asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal -activistas de la resistencia contra la dictadura de Rafael Trujillo en Santo Domingo-; el 1º Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrado en Bogotá en 1981; la aprobación del Plan de Acción respecto a la violencia que afecta a la mujer firmado en 1990 por la Organización de Estados Americanos; así como la adopción y ratificación del Acuerdo para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
La conmemoración pretende servir como instrumento para que los gobiernos, la sociedad civil, la ciudadanía, los sectores público y privado, las escuelas y, los organismos internacionales, realicen actividades de sensibilización para que a través del dialogo, se detecten áreas de oportunidad y se ofrezcan soluciones, poniendo en la agenda pública la necesidad de adoptar acciones urgentes. Así mismo, tiene múltiples simbolismos, por ejemplo, utiliza el color naranja que cuenta con significados diversos en múltiples culturas, en algunas simboliza el final de un ciclo y el inicio de uno nuevo; por ejemplo, en el confucianismo, este es el color de la transformación, por lo que se ha mencionado que representa la esperanza de un mundo sin violencia contra la mujer.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la violencia contra la mujer está definida como “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en privada”. Lo cual representa, por un lado, un obstáculo para alcanzar la igualdad, el desarrollo, y la paz y por el otro, la violación a los derechos humanos que se extiende a todos los ámbitos de la existencia, propagándose con impunidad entre otros motivos por el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas.
*Adriana Diego Hernández es economista (UAM-X), Maestra en Gobierno y Asuntos Públicos (FLACSO) Subdirectora de Innovación y Mejora (IECM)