Mujeres de 1 a 70 años de edad han sido recibidas por la Red Nacional de Refugios (RNR). Sin embargo, destaca el rango entre 30 a 40 años de edad entre la población que ha recibido acompañamiento, reporta la radiografía presentada por la RNR y y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

“Mujeres que han quedado con alguna discapacidad por violencia física o han sido víctimas de ataques de ácido han dicho que de haber sabido antes que existían refugios, podrían haber salido a tiempo de casa”, compartió Wendy Figueroa, directora de la RNR, en el evento Resistir a las violencias.

Los tipos de violencias que fueron atendidos son: violencia psicológica, principalmente cometida por parte de la pareja de la víctima o por una persona de su ámbito familiar, asimismo se pudo identificar que las mujeres son violentadas por agresores no identificados y en cuarto lugar por funcionarias/os de escuelas.

Al respecto, Ximena Ugarte, abogada del OCNF, señaló que los delitos de agresión sexual cometidos por la pareja tardan un año en prescribir, mientras que los delitos cometidos por un desconocido, prescriben en 10 años. A esto, la abogada agrega que muchas de las mujeres que son violentadas por su pareja son dependientes económicamente de ellas y viven una situación compleja que las limita a denunciar a tiempo.

Wendy Figueroa señaló que una mujer denuncia no cuando quiere sino cuando puede y hace referencia a toda todo el proceso burocrático que deben enfrentar al momento de denunciar.

En el informe de la RNR y el OCNF señalaron que también fueron acompañados casos de violencia física, los cuales en su mayoría se cometieron por parte de la pareja, por otros familiares y por personas desconocidas en el espacio público.

De la misma forma, en el periodo de duración de la campaña fueron asesorados y documentados casos de violencia económica, ejercida principalmente por las parejas, otros familiares y por instituciones públicas.

Estos datos se obtuvieron por la campaña a #DistanciaSeguraySinViolencias, con la finalidad de que se impulsen acciones que puedan inhibir la prevalencia de la violencia de género, promoviendo políticas públicas intersectoriales con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad.