Tres hombres que fueron acusados de cortar una escultura al monumento a Cuauhtémoc, ubicado sobre avenida Paseo de la Reforma e Insurgentes, fueron liberadas por inconsistencias en el informe homologado de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX). Mientras que las 13 feministas que fueron acusadas de delito de robo y daños a la propiedad, siguen en amparos.
El Ministerio Público de la FGR presentó como evidencia el informe homologado de elementos de la SSPC-CDMX. Las pruebas presentadas incluyeron vídeos tomados por las cámaras de seguridad de secretaría. Sin embargo, las personas que aparecen en las imágenes no son las mismas que fueron detenidas a partir de una denuncia ciudadana. Debido a esto el juez los liberó.
“¿Qué pasaría si los acusados hubieran sido mujeres”, se pregunta Frida Gómez, abogada feminista y abolicionista. La diferencia entre estos hombres y las mujeres a las que se les enviaron citatorio es la causa de los daños, argumenta.
“Las protestas de las feministas no son tema de una borrachera, en la que alguien se les ocurrió rayar un momento. Son protestas políticas que tienen una exigencia hacia el gobierno, se hacen a través de rayar, de romper, quebrar, grafitear… Entonces si lo analizamos, en realidad no tiene tanto que ver con el acto de dañar el monumento sino con el significado de dañarlo”, dice Frida Gómez.
Otra de las observaciones de la abogada Frida, es el tema de la colectividad. “Mientras que hay consentimiento de la ley cuando son hombres, en este caso minoría, no hay castigo porque el acto no tuvo una carga política, como fue el caso de las mujeres, que con estos citatorio buscaron dar escarmientos para que las mujeres dejen de protestar”.
La criminalización de la protesta
Además, el hecho de que los citatorios se enviarán en vísperas del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer busca disuadir la protesta, señala Frida.
Las jóvenes que fueron citadas por la Fiscalía General de la Ciudad de México, algunas pertenecen al Bloque Negro o han estado en las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Ante lo que, Gloria Méndez, represente legal, cuestionó que la Policía de Investigación inició las investigaciones a partir de un perfil de Facebook que estuvo publicando los datos personales de las jóvenes, en realidad no hay pruebas contundentes.
“Están criminalizando la lucha feminista y eso nos queda más que claro porque en el contenido de la carpeta refieren contenido de sus publicaciones personales en redes sociales como Facebook”.