“Me mataron a mi hija y estoy que me lleva la chingada”, gritó con rabia Yesenia Zamudio, madre de María de Jesús Jaimes, víctima de feminicidio en manos de su profesor y un compañero del Instituto Politécnico Nacional. Esa tarde de principios del 2022 se quemó, se rayó, la mujer se apropió de la calle y con furia lanzó fuego por los aires para tocar a las puertas del Palacio Nacional que rodeado de vallas, se protegió ferozmente de la pintura verde, dicha ferocidad, se vuelve domable cuando se trata de proteger a la mexicana del feminicida, de la impunidad y de la injusticia.
La palabra de Yesenia Zamudio evoca el dolor irreparable pero también, un hervor en la sangre cuando se recuerda que un par de meses antes de escucharla clamar justicia al Estado, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que las mujeres que se manifestaban correspondían a un fenómeno nuevo que no empataba con su sexenio, una prueba irrefutable de la poca autenticidad del movimiento y del intento de manchar la imagen de su gobierno.
“No se puede buscar una transformación, luchar por la justicia siendo un rebelde sin causa”, (Andrés Manuel López Obrador, miércoles 29 de septiembre, 2021)
En un país donde el 70% de la mujeres vive distintos tipos de violencia y donde se asesina diariamente a 10 niñas y mujeres, la “rebelde sin causa” parece ser el problema del gobierno y no la nula perspectiva de género, los avances mínimos en materia de seguridad, la revictimizante justicia, los recortes presupuestarios y la eliminación de programas sociales a favor de las mujeres. En un crisol de desaciertos en materia de género, la estructura gubernamental tambalea y la mujer resiste.
Fallo institucional: sello de la 4T
“Una seria congestión alcohólica”, pronunciaba Uriel Carmona, Fiscal de Morelos durante una rueda de prensa que daba a conocer información sobre el caso de Ariadna López, encontrada sin vida a los costados de una carretera en dicha entidad.
Se había utilizado “tecnología de punta” para determinar las causas de su fallecimiento y la versión más certera apuntalaba a que su estado etílico originó una broncoaspiración.
A la mitad de un escenario donde el cuerpo de Ariadna López se convirtió en una lucha política por obtener la razón, la Fiscalía de la Ciudad de México intervino para indagar en el caso y se determinó que la verdadera causa de su fallecimiento fue un traumatismo craneoencefálico: Ariadna López fue víctima de feminicidio y su rostro se volvió una de las centenas de pancartas que se ven hoy en las manifestaciones por la justicia.
Un caso cruento que más allá de la inacción de las autoridades, expuso el vacío de la perspectiva de género, la revictimización al interior de las instituciones, las contradicciones judiciales y la culpabilización.
En una relatoría, este caso de adjetivaciones, sospechas, culpas echadas y cuestionamientos misóginos, se hila el feminicidio -aún impune- de Debanhi Escobar, un caso que, al igual que el de Ariadna López, la fiscalía estatal realizó un proceso de revictimización. Se señalaba que había consumido alguna sustancia y se cuestionaba el porqué había salido con sus amigas por la noche.
La fiscalía regiomontana se encargó de filtrar “accidentalmente” información, aunado al papel de los medios que, vorazmente, luchaban por la cobertura aunque eso representara una acción de violencia e invasión a la privacidad, convirtió al feminicidio de Debanhi Escobar en un espectáculo politizado, insensibilizó a la población y dejó de lado la impunidad. A un año de lo acontecido, no hay respuestas por parte de las autoridades y se sigue lucrando con su feminicidio en los medios.
Una de las apuestas gubernamentales para salvaguardar el derecho a la justicia, es la creación de órganos internos que resuelven exclusivamente temas de género, una estrategia que continúa sin ser fructífera y pone bajo el lente, el porqué deben existir otras instituciones para hacer el trabajo que, en primera instancia, todas las fiscalías deberían realizar. En entrevista para La Cadera de Eva, Pilar Déziga, especialista en temas de seguridad, da una lectura a la deficiencia gubernamental en materia de acceso a la justicia.
“En México hay una tendencia muy marcada, pareciera que el tema de la justicia para delitos de género se resuelve exclusivamente con la creación de una fiscalía para mujeres, el problema es que se deja de lado que la verdadera situación preocupante es que las fiscalías no llevan a cabo su trabajo, pues deberían llevar, de principio a fin, los casos de manera adecuada. No tendría que existir la necesidad de crear órganos especializados, la perspectiva de género debe ser un conocimiento que se implemente en todas las fiscalías”, señala Pilar Déziga.
Desde el 2018, inicio del sexenio de MORENA, se tiene contabilizado un total de 17 mil 138 mujeres asesinadas y la respuesta constante por parte del presidente de la república es la renuencia de señalar que, desde siempre, se han asesinado mujeres pero recientemente, se ha comenzado a hablar de feminicidios para manchar la imagen gubernamental. Sin embargo, desde 2012 existe esta tipificación a nivel federal y, desde 2010, el estado de Guerrero modificó su código penal para reconocerlo.
La violencia feminicida no es la única que atraviesa a la mujer mexicana, la violencia sexual, económica y psicológica se ha instaurado y normalizado en la sociedad. Hablar de una sociedad más justa en materia de género se vuelve un privilegio cuando la mujer no puede acceder a un derecho humano tan básico como lo es la seguridad. Al respecto, Pilar Déziga acota que la violencia estructural permea en la vida de las mujeres y limita para hacerlas partícipes activas de la sociedad.
“Tiene que ver con sentirnos libres de temor y de miseria. Cuando pasamos esto a la vida de las mujeres vemos que enfrentamos todos los obstáculos para integrarnos a la vida activa y productiva de un país. En economía y educación, por ejemplo, las mujeres que recorren largas distancias para llegar a su trabajo/escuela, y en el camino deben tomar transporte público, donde son víctimas de acoso, llega a un lugar de trabajo y es hostigada, todo se va conjugando. Esto limita la participación de las mujeres, desde muy temprana edad, si no tienes la libertad de estar en los espacios públicos sin tener miedo, de entrada no se está cumpliendo la seguridad humana y en México, las mujeres no somos libres del miedo, vivimos con miedo de la escuela, de las calles, de las escuelas, de caminar en todo espacio público pero también convivir en espacios privados”, comparte la especialista para La Cadera de Eva.
Esto último, cobra especial relevancia cuando, en un mapeo informativo, se contempla que el 78% de las mujeres se siente insegura en espacios públicos (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, ENVIPE) y, paralelamente, el 56% de los homicidios dolosos / feminicidios, son perpetrados por parejas o familiares. Sin importar el espacio que se habite, la mujer convive con una violencia sofocante y al intentar sostenerse en el Estado, éste se tambalea y politiza.
Homologación legislativa en tema de feminicidios
La ratificación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y de la Convención de Belém do Pará por parte del Estado mexicano sentó las bases para el reconocimiento jurídico de la violencia contra las mujeres y de la responsabilidad del Estado para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. En ese marco, el Código Penal Federal tipifica el delito de feminicidio en su artículo 325. Sin embargo, aunque todos los estados en México cuentan con una tipificación del delito de homicidio, al tratarse de un delito del fuero común, que se persigue a nivel local, cada entidad federativa ha llevado a cabo su propio proceso de tipificación y sanciones, las cuales no están homologadas con el Código Federal ni con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).
Con corte a septiembre de 2020, reportes de ONU Mujeres indicaban que, si bien las 32 entidades federativas contaban con leyes para erradicar la violencia contra las mujeres, más del 40% no preveían asignaciones presupuestarias para atender las alertas de violencia de género, y actualmente, doce estados no cuentan con refugios especializados para mujeres víctimas de violencia.
De acuerdo a información de la Organización de Estados Americanos, los homicidios cometidos contra mujeres no son investigados como feminicidios, a pesar de que el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género recomienda que todas las muertes violentas de mujeres que en principio parecerían haber sido causadas por motivos criminales, suicidio y accidentes, deben analizarse con perspectiva de género, para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte. En México, la SCJN se ha pronunciado respecto a las responsabilidades del Estado. En diversas resoluciones, como la de Mariana Lima Buendía, la Corte ha indicado que “toda muerte violenta de mujeres debe iniciarse como feminicidio”, para lo que es necesario que las autoridades cumplan con lo siguiente:
- Identificar las conductas que causaron la muerte de la mujer.
- Verificar la presencia o ausencia de motivos o razones de género que originan o explican la muerte violenta.
- Preservar evidencias específicas para determinar si hubo violencia sexual.
- Hacer las periciales pertinentes para determinar si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia.
Las tesis de la Corte iluminan las omisiones que se cometieron en las investigaciones periciales de un importante volumen de muertes violentas de mujeres, de acuerdo con reportes de la Comisión Interamericana de Mujeres, de la OEA. De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2022 hubo 2,808 víctimas mujeres de presuntos homicidios dolosos y 948 casos de presunto feminicidio, es decir únicamente en la tercera parte de los casos se abrió una carpeta de investigación cumpliendo los protocolos de género.
El sexenio…¿feminista?
En 2018, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia, presentó un documento titulado Femsplaining: hablemos de nosotras, donde puntualizaba algunas propuestas que se pondrían en marcha para salvaguardar los derechos de niñas y mujeres en nuestro país.
Una tirada positiva que tocaba temas de educación, inclusión laboral, salud y acceso a la justicia. A cinco años de este plan canónico, la promesa quedó en el aire y las mujeres que luchan se convirtieron en un sector “infiltrado, conservador y sin autenticidad”, y no en el sector prioritario del que hablaba en el lejano 2018. Estas son las propuestas del documento que expuso en su momento, Olga Sánchez Cordero:
- Inclusión laboral: elevar el salario mínimo y cerrar la brecha salarial.
- Educación: otorgar un apoyo de 29 mil pesos anuales a cada alumna del país e incorporar a la educación superior a 150 mil jóvenes que no tienen acceso a ella.
- Pobreza: incentivar que las labores de cuidado se distribuyan con igualdad y guarderías de calidad para incorporar a mujeres al sector laboral.
- Salud: crear una política nacional de salud reproductiva y atención médica de calidad especializada a todas las mujeres del país.
- Acceso a la justicia: protocolos con perspectiva de género, garantizar que las autoridades no ejerzan la revictimización y el compromiso de perseguir los crímenes de odio.
El 25 de noviembre del 2022, con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, el presidente exaltó que la 4T era pionera en trabajar para erradicar la violencia de género y tener en su gabinete a diversas mujeres que participan activamente en la toma de decisiones.
Un discurso contrariado si se observan los comentarios violentos que se han hecho en contra de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández.
“Se tomó una bandera discursiva (de la igualdad de género) que el presidente pensó, le iba a funcionar pero la verdad es que la mayoría de las colectivas han señalado las grandes carencias. Queda demasiado por hacer, porque no se ha instrumentado la perspectiva de género con resultados positivos para reducir las violencias de las mujeres para crear espacios seguros de participación económica y social, todo lo contrario, se ha ido para atrás. También hemos observado cómo el presidente se ha referido al movimiento feminista como alguien que está en su contra y recientemente, cómo se refirió, por ejemplo, a la ministra Norma Piña, vemos que se mantiene este posicionamiento de ver a las mujeres como alguien que está en contra de sus políticas”, explica Pilar Déziga.
Ahora bien, si se sigue en hilo conductor de este sexenio con respecto a los programas públicos, encontramos, según México Evalúa, que de 85 programas públicos sólo 10 están orientados a la protección y calidad de vida de las mujeres, siendo los principales recortes de la austeridad, la salud materna, las guarderías y los refugios para mujeres violentadas. Estos son otros recortes importantes que, de manera discursiva, son contrarios al ambicioso proyecto del Femsplaining:
- Programa de Salud materna, sexual y reproductiva (22% menos recursos que en 2018)
- Disminución de recursos para guarderías del IMSS e ISSSTE (aún, cuando se desaparecieron las estancias infantiles)
- Apoyo a Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (10% menos recursos que en 2018)
- Políticas de Igualdad de Género en el Sector Educativo (58% menos recursos que en 2018)
- Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género (8% menos que en 2018)
- Atención de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (23% menos recursos que en 2018)
De acuerdo con información del Presupuesto Federal para la igualdad entre Mujeres y Hombres, Anexo 13, si se hace una comparativa de inicios del sexenio hasta 2023, se observa que en un inicio se contemplaban dos programas importantes (de un total de 10) exclusivos para mujeres que se llevarían una buena tajada presupuestal para garantizar su seguridad y salvaguardar los derechos humanos. Ahora, en 2023, el primer programa con enfoque de género ocupa el lugar número 16 de la lista de prioridades para este gobierno; la seguridad y perspectiva de género se fue desplazando anualmente hasta quedar fuera del top diez de la lista.
“Se han reducido los servicios para mujeres, por ejemplo, la cancelación de estancias infantiles que fue un golpe muy importante para las madres trabajadoras, las escuelas de tiempo completo también. Vemos la reducción de medicamentos y tratamientos para enfermedades como el cáncer de mama, entonces, no hay una consonancia entre lo que dice el gobierno y lo que realmente se materializa en el momento de las políticas públicas”, sentencia la especialista en seguridad, Pilar Déziga.