La propuesta de la diputada federal María Clemente García carece de falta de conocimiento, señaló Brigada Callejera de Apoyo de la Mujer EM, AC y la Red Mexicana de Trabajo Sexual que lleva más de 30 años luchando por los derechos de las trabajadoras sexuales.
“La falta de conocimiento, o si conoce y esta empapada de la lucha histórica por el reconocimiento del trabajo sexual, la alevosía en llamar a criminalizar, por la vía penal o civil al sector que ejerce el trabajo sexual”, acusa la organización.
Lo que preocupa a Brigada Callejera es que la diputada refiera al trabajo sexual al acto de crear contenido para adultos, “pues no es lo mismo ‘pornografía’, trabajo sexual o vender imagen o video por redes sociales o internet, aunque se encuentren dentro del campo de la industria sexual”.
La lucha dentro de la pandemia por los derechos de personas que viven con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es de un gran recorrido a nivel mundial, que, en México, y en específico en la, hoy, Ciudad de México (CdMx) el programa de intervención comunitario creando la Clínica Especializada Condesa donde se atiende la población de manera gratuita. Los procesos de discriminación, malos tratos y falta de una cultura de atención con perspectiva de género para la población LGBTTTIQ+ dentro de los CAPASITS en el interior de la Reoública acentuado con el desabasto de medicamento antiretroviral.
La preocupación ante la iniciativa de ley de Maria Clemente
La iniciativa de ley que quiere impulsar la diputada María Clemente es un acto de criminalización a personas que viven con VIH o que están siendo tratadas por alguna Infección. Organismos de Derechos Humanos nacionales o internacionales han generado parteaguas, pero no se han impulsado con la fuerza necesaria para que se pueda entender que hablar de “riesgo de contagio” en la CDMX o cualquier Estado de la República es un acto violatorio desde el lenguaje para personas que viven con VIH y/o que ejercen el trabajo sexual, por lo que debería de omitirse el concepto de “contagio de riesgo” de los códigos penales a nivel nacional.
Las iniciativas de ley deben de ampliar el reconocimiento al juicio de amparo 112/2013 ganado por las compañeras que tenían cooperativas en los puntos históricos de trabajo sexual en la CDMX. Dentro de este Amparo la Jueza Poala María García Villegas Sánchez Cordero da argumentos muy sencillos y básicos donde nos indica que el trabajo sexual es un trabajo licito, que el trabajo sexual es un oficio y que cualquier persona mayor de dieciocho años, que no se esté violentando su voluntad lo ejerza sin ningún problema en la CIUDAD.
Esta iniciativa de ley que habla o busca el cobro de impuesto hacia la población de trabajo sexual, esto representa una doble carga económica y que, desde su realidad económica no la puede cubrir. Por ello impulsar iniciativas de ley que impulse generar “derechos y obligaciones” que vayan encaminados al pago de impuestos es una violación a un reconocimiento de personas prioritarias en esta ciudad, alertó Brigada Callejera.
“Permitir que pasen iniciativas de ley que hablen de riesgo de contagio pueden desatar caserías de brujas en la población que vive con VIH, están en tratamientos por ITS como sífilis o VPH, y la alta probabilidad de extorsión a la población de trabajo sexual, principalmente las que ejercen el oficio en la calle”, alertó la organización.