La liberalización de la legalización en los estados sobre los vientres de alquiler, en un contexto de violencia como el que se vive en México, sólo abre posibilidades para la explotación de los cuerpos de las mujeres, han alertado feministas, entre ellas Aimée Vega, investigadora del CEIICH UNAM y Mónica Soto, feminista abolicionista.

Con nuevo votos a favor y dos en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha abierto la puerta en su discusión del pleno a que cada estado pueda decidir si regula las condiciones económicas para la práctica de los vientres de alquiler o lo deja a la libertad de las partes privadas que intervienen. 

La Corte considera “infundado que exista una obligación de las legislaturas locales que prevea la gratuidad del contrato de gestación”. 

La preocupación de Amiée Vega es que se utiliza un discurso de altruismo para ocultar los intereses de agencias internacionales, despachos de abogados, hoteles, clínicas, buscadores de clientes.

“Nombrar a la maternidad subrogada como ‘libertad’, pasa por alto la desigualdad estructural que determina las decisiones de las mujeres en un contexto de presiones familiares, sociales, feminización de la pobreza y violencia sistémica”, señaló el Laboratorio Feminista de Derechos Digitales de la UNAM.

TURISMO REPRODUCTIVO

Además, las propuestas de regulación altruista abren las puertas a la regulación comercial, aumentando el riesgo de turismo reproductivo y trata de mujeres, niños y niñas.

“De hecho hay paquetes de clínicas que ofrecen vacaciones en el lugar para la contratación de un vientre subrogado”, explicó Aimée Vega.

“En un país con pobreza, falta de empleo, donde las mujeres no tienen garantizados sus  derechos sexuales, y el derecho a decidir una resolución de la corte como tal vulnera los derechos de las mujeres”, dice Mónica Soto.

Las evidencias sobre este proceso respaldan las postura de las feministas.

Como el caso de los gemelos, Nicolás y Mateo, que fueron abandonados en un albergue de asistencia del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). La madre géstate se negó a que le hiciera una operación a uno de los gemelos or no haberle pagado lo acordado por la pareja estadounidense que contrató sus servicios a través de la empresa mexicana, FERTICARE, que después se declaró en quiebra.

Ante una falta de políticas claras, el colectivo Feministas Mexicanas contra Vientres de Alquiler (Femmva), dijo a Milenio en 2019  que estas prácticas son “una forma de explotación reproductiva”, 

La llamada gestación subrogada, es decir, la renta de mujeres empobrecidas para gestar y dar a luz bebés que serán criados como hijos de otras personas, atenta contra los derechos de las mujeres y de la infancia, y representa un terreno fértil para la trata de personas”, explicaron en un comunicado Femmva.

Feministas han organizado una concentración y conferencia de prensa este lunes a las 10 a.m. en la SCJN y han circulado una carta, que puede consultarse aquí.