En 2021 se registraron 42 matrimonios de adolescentes menores de 17 años; 75% más que en 2020, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

¿A qué se debe que el matrimonio infantil sea tan difícil de erradicar?, de acuerdo a Liliana Lomelí, codirectora Ejecutiva de la Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género, este fenómeno está aunado a las costumbres, pues en diversos pueblos, las autoridades religiosas (e incluso gubernamentales) fomentan el matrimonio infantil y lo normalizan como una parte de sus tradiciones. 

Por otra parte, la escritora, periodista y activista mexicano Argentina Casanova apunta a que además de la cultura, interfiere el tema económico, pues muchas familias se ven en la necesidad de entregar a sus hijas en matrimonio con la finalidad de ahorrar; un trueque de conveniencia, una boca menos que alimentar a cambio de dinero en efectivo o tierras.

Venta de niñas en comunidades indigenas

Durante una cátedra impartida en la UNAM en 2018, se dio a conocer que en comunidades rurales de al menos seis municipios de Guerrero, trafican niñas menores de edad.

Tiburcio Cayetano, de la Asociación de Mujeres Kinal Antzetik alertó a las autoridades que en algunas comunidades venden niñas de 12 a 17 años desde 50 mil a 250 mil pesos.

“Los hombres que las escogen, las ven como un objeto. Las compran y las someten a maltratos físicos y psicológicos que no son atendidos por las autoridades de la comunidad”, se explica en el boletín. 

Además, de que las autoridades son cómplices y hacen caso omiso al tráfico de estas pequeñas. Incluso, hay jueces que acuden para dar legalidad al enlace. 

La problemática toca diversas esferas de la violencia, pues no sólo lidian con violaciones y el secuestro disfrazado de matrimonio, sino que se enfrentan a embarazos de muy alto riesgo; siendo esto, una de las principales causas de mortalidad en adolescentes de entre 13 y 19 años.

La investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México, Julieta Pérez Amador, ha investigado este fenómeno y señala que uno de los factores más interesantes, es que las adolescentes que cursan sólo la primaria y secundaria, tienen mayor riesgo de ser unidas en matrimonio forzado.

El delito de la cohabitación forzada: una reforma reciente (y tardada)

En 2022, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 474 votos reformar el Código Penal Federal, sancionando a quien obligue, coaccione, induzca o gestione a un menor de edad la cohabitación (equiparable un matrimonio).

La diputada Lizbeth Mata Lozano (PAN), señaló que con esta reforma se buscar tipificar como delito la cohabitación forzada de menores de edad, de personas con discapacidad y de quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o no tienen capacidad para resistirlo.

La ley dicta penas de 8 a 15 años de prisión y de mil a dos mil 500 días de multa, alcanzando un máximo si la víctima pertenece a algún pueblo o comunidad indígena. 

Falta de Derechos, ¿aún con derechos?

La activista Argentina Casanova, explica que es necesario velar por los derechos de las infancias, pues se trata de una práctica patriarcal que el Estado tiene como obligación eliminar a través de la educación.

El 25.7% de las niñas de entre nueve y 11 años de edad y el 32.2% de las adolescentes de 12 a 17, consideraron que en México sus derechos se respetan poco o nada, de acuerdo al Inegi. 

La erradicación de este fenómeno nos compete a todos, exigiendo a las autoridades que legislen políticas públicas, demandando espacios seguros y educativos para las infancias y orientando a las comunidades rurales sobre el impacto que generan estas prácticas.

Ni las tradiciones ni la necesidad, deberían ser fundamentos para el abuso sexual, la violencia doméstica y la violación de los derechos fundamentales de las niñas y adolescentes.