Avergonzada y vulnerada en su intimidad, una agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Ciudad de México, descubrió que, entre jueces, fiscales, amigos, exesposo y hasta familiares, comenzaron a circular, sin su consentimiento, fotos y videos de contenido sexual, en los que ella aparece.

“Vean lo que hace (…), es una pu…”, es el mensaje que acompañó las imágenes grabadas y difundidas por Raúl “A”, su exnovio, también agente del Ministerio Público de la fiscalía, con el propósito de herirla y provocarle daños psicoemocionales, en venganza porque la mujer inició otra relación.

Este caso derivó, por primera vez, en la aplicación de la Ley Olimpia en contra de un servidor público de la FGJ, que encabeza Ernestina Godoy, según información obtenida por La Silla Rota.

El acusado, adscrito a la Fiscalía de Procesos Oriente, está sujeto a proceso penal por delitos conta la intimidad sexual y acoso sexual, ambos agravados, y fue suspendido temporalmente del cargo por la Unidad de Asuntos Internos el 2 de mayo pasado, tras la denuncia que presentó la afectada en la Fiscalía de Delitos Sexuales.

Actualmente se encuentra en libertad con medidas cautelares, aun cuando la víctima solicitó al juez de control del Tribunal Superior de Justicia, Rafel Santana Solano, que le impusiera prisión preventiva, durante la audiencia inicial que se llevó a cabo el 8 de abril de 2022, fecha en la que se judicializa la indagatoria.

De acuerdo con la carpeta de investigación CI/FDS/FDS-6-01/0020/01-2020 T1, Raúl “A” difundió fotos y videos de contenido sexual de su exnovia a lo largo de un año, sino que constantemente la acosaba en las audiencias en las que ella participaba y le pedía tener relaciones íntimas.

Incluso, se atrevió a reclamarle cuando se enteró que había sido denunciado: “Tenemos que hablar, ¿Cómo fuiste capaz de hacerlo?”, le dijo la tarde del 23 de marzo de 2022, según consta en la denuncia.

DE LA EXHIBICIÓN AL ACOSO

La agente del Ministerio Público afectada, cuyo nombre se omite, narró que entre 2014 o 2015 inició una relación con Raúl “A”, entonces agente del MP en la Fiscalía de Delitos No Graves.

“Sin embargo, en el año 2019 decido dar por terminada dicha relación, y no hubo problema alguno hasta que en el mes de noviembre de 2019 comencé una nueva relación con mi actual pareja, y cuando se enteró empezó a asediarme, ya que cuando me dirigía a mis audiencias me lo encontraba en la calle, y de manera insistente me preguntaba si yo estaba saliendo con alguien más".

“Le respondí que sí, pero no dejaba de molestarme, en más de una ocasión se presentaba en las salas donde tenía programas mis audiencias y ahí me reclamaba delante de todos”.

Indicó que le contó a su pareja de este asedio, por lo que en noviembre de 2019 se reunieron con Raúl, afuera del restaurante La Abeja, frente al búnker de la FGJ, en la colonia Doctores, donde el actual novio le exigió que la dejara en paz, a lo que aparentemente accedió el increpado.

“Sin embargo, el 12 de noviembre de 2019 me encontraba en mi trabajo cuando mis compañeros me comentaron si había visto lo que estaban subiendo a través de una aplicación de WhatsApp, consistentes en imágenes y videos de índole sexual en los que aparecía mi rostro y cuerpo, no el de la persona con la que estaba que evidentemente era Raúl”.

Las imágenes que ni ella tenía, únicamente su expareja, fueron enviadas a jueces, servidores públicos de la fiscalía, así como a su exmarido, amigos y familiares, e iban acompañadas de frases denigrantes y ofensivas como “Vean lo que hace (…), es una pu…”, “por eso la dejó su marido por…”.

La servidora pública señaló que esto le afectó gravemente de manera psicoemocional, así como en sus actividades profesionales y relaciones personales.

“Al acudir a las audiencias me daba vergüenza que los jueces y las personas me vieran, que supieran de esas imágenes que les habían enviado durante todo el año 2020”.

“Siempre las enviaban del mismo número desconocido e incluso en una ocasión mi hija recibió un mensaje por Facebook, donde le pedían hacer contacto porque tenían información acerca de su madre…”, puntualizó.

“AÚN TEMO POR MI VIDA”

Según la indagatoria, las fotos y videos paulatinamente dejaron de circular en redes hasta abril de 2021; su jefe en la fiscalía se enteró de lo sucedido y envió al sospechoso de difundirlas al área de Procesos Oriente.

La agente del MP denunció que tiene mucho miedo, coraje e impotencia hacia Raúl y que teme que pueda hacerle daño físico por haberlo denunciado.

Todavía el 13 de diciembre de 2019, en el área de cajeros automáticos del búnker de la FGJ, se le acercó para decirle que sabía que tenía problemas con el juez Ángel Aarón “C”. “Pues ese problema se puede hacer más grande, si quieres yo te puedo ayudar, pero me tienes que dar las …”, le dijo.

Con base en una queja presentada por la víctima, el 28 de abril de 2022, Irma Zavala, agente del MP adscrita a la Fiscalía de Supervisión de la Unidad de Asuntos Internos, ordenó la suspensión temporal de Raúl en sus labores como Ministerio Público de la Fiscalía de Procesos Oriente, de acuerdo con el expediente de investigación UAI/FS/UI/1098/04-2022.

Mientras que el juez Rafael Santana Solano le impuso medidas cautelares tras vincularlo a proceso por delitos contra la intimidad sexual y acoso sexual agravados.

El imputado debe presentarse periódicamente ante las autoridades, tiene prohibido acercarse a la denunciante, así como entablar cualquier tipo de comunicación con ella. 

La Ley Olimpia penaliza a quienes graban y difunden sin consentimiento imágenes sexuales con sanciones que pueden alcanzar los nueve años de cárcel, por lo que se conoce como violencia digital.