El ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México, ha presentado un protocolo para juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género, y características sexuales. En el que busca el respeto de los derechos de todas, todos y todes "tenemos que reconocer su identidad, su derecho a la orientación sexual”.

El ministro apela al reconocimiento de desarrollo de personalidad, luha contra dicursos de odio y violencia contra todas las personas, sobre todo a mujeres y de los grupos de la diversidad sexual, ha añadido.

Al presentar la actualización del citado protocolo, Zaldívar ha convocado a los ciudadanos a conformar una gran alianza.

“Todas las personas que creemos en los derechos tenemos que estar del mismo lado (…) no hay responsabilidades más importantes que otras, para que esto funcione, todas, todos y todes tenemos que estar del mismo lado», ha apuntado.

Ha explicado que las personas de la diversidad sexual “no sólo sufren discriminación, incomprensión, se les pretende impedir ejercer sus derechos más elementales, sus derechos sexuales, sus derechos a quien amar y como amar, sus derechos a su identidad, prácticamente sus derechos a existir y se genera en su contra mucho odio”.

Protocolo para juzgar con perspectiva de género

El protocolo que propone el ministro servirá para que las personas juzgadoras en México “tengan las herramientas para buscar la igualdad sustantiva, detectar vulnerabilidades y para hacer diferencia en sus sentencias”.

Arturo Zaldívar reconoce que: “hay crímenes de odio, hay discursos de odio y muy particularmente se da con las personas que integran los colectivos de la diversidad sexual”.Pero también para que las personas defensoras de estos grupos vulnerables, “conozcan que este protocolo lo pueden hacer llegar a los jueces y juezas para que su proceso se lleve a cabo de forma diferente”.

En su oportunidad, la directora general de DD.HH. de la SCJN, Regina Castro, ha señalado que en la institución no solo se tiene el compromiso y la responsabilidad, sino la obligación de atender todos los estándares nacionales e internacionales «para que ninguna persona por su orientación sexual, identidad, expresión de género o características sexuales sea discriminada, vulnerada y mucho menos revictimizada cuando acude ante las instancias judiciales a exigir respeto a sus derechos