Ayer, 12 de marzo de 2020, a las 22 horas, Mónica Esparza recuperó su libertad. Tras siete años de permanecer encarcelada injustamente en el Centro Femenil de Readaptación Social de Coatlán del Río (CEFERESO 16), reivindica su inocencia.

La historia de Mónica, una entre tantas mujeres que han sufrido de tortura sexual, marca un precedente importante en la impartición de justicia de nuestro país, pues no solamente abre el panorama de crítica al Estado de Derecho, sino que también permite posicionar la voz para seguir exigiendo justicia y un cambio en las prácticas policiales y de justicia. 

En entrevista con la Cadera de Eva, Mónica compartió que la noticia la recibió ayer y que lo más valioso ha sido poder estar con su madre y sus hijas.

Yo decía que cuando me dieran mi libertad iba a gritar, pero cuando llegó el momento no lo esperaba. Fue una descarga… Por fin acabó todo

 

Estuve sola mucho tiempo, no me pesaba tanto estar ahí porque no podía concentrar mi mente en que estaba detenida. Lo que siempre pasó por mi cabeza fue todo lo que me hicieron. Todo lo que no sufrí en mi vida lo sufrí en un día

Mónica compartió lo difícil que fue pasar por todo este proceso sola. El sufrimiento por la pérdida de su esposo y recordar lo que le hicieron enfrente de ella le acompañaron durante todo este tiempo.

Yo no quería recordar eso, no lo superas, aprendes a vivir con ello.

Todo el proceso, incluyendo el acompañamiento de sus psicólogos, le hizo alzar la voz más fuerte. A pesar del sufrimiento se fortaleció, señala.

Dejé a mis hijas muy chiquitas, una tenía 4 y la otra 7. Fueron criticadas por muchas cosas, porque mi caso fue muy expuesto, yo era la “secuestradora”. El que ellas tan chiquitas salieran adelante (…) si ellas pueden, yo podía. Que mi madre pasara por tantas cosas a lo largo de 7 años y haya podido con todo eso y esté de pie, fue mi fuerza e inspiración

Su caso es emblemático en la violación sistemática a los derechos humanos en México, pues por un lado evidencia la relación existente entre el sistema de seguridad de nuestro país, el impacto diferenciado que la violencia tiene en las mujeres y las prácticas arraigadas del sistema de justicia. Por otro lado, sienta un precedente del debido actuar de las autoridades en reconocer jurídicamente la creación de pruebas bajo tortura e iniciar el proceso para su absolución, señala el director del Centro Prodh durante la conferencia de prensa ofrecida hoy en las instalaciones de esta organización no gubernamental que la ha acompañado durante su proceso.

El poder judicial puede ser contrapeso. Hay que recalcar que ante casos donde hay tortura los jueces tienen la obligación de absolver, es lo correcto dentro del Estado de Derecho

Integrantes del equipo del Centro Prodh señalan y celebran la importancia de este caso, por su contenido absolutorio, por su contenido y por sentar un precedente.

El dictamen demuestra lo importante que resulta el papel del Poder Judicial de la Federación para poder resolver casos de forma adecuada y respetando los estándares protectores internacionales en la violencia en contra de las mujeres (…) se hace un llamado a que la Fiscalía de la República no presente el recurso de apelación

El Juez Primero de la Laguna reconoció que hubo violaciones a los derechos humanos en este caso. Señala que existen en el expediente pruebas de que Mónica fue víctima de tortura y que se llevó a cabo una detención arbitraria. Las pruebas que la Fiscalía General de la República utilizó para mantener la acusación durante todo el proceso fueron obtenidas durante el periodo de retención y tortura. Por último, también reconoció la afectación a la presunción de inocencia, pues tras su aprehensión se le expuso mediáticamente, lo cual se observa que puede tener un impacto en el proceso, al crear una percepción anticipada, señala la abogada Melissa Zamora. 

Hay presencia de un estudio minucioso por parte del juzgado quien reconoce que hay una falta de coherencia y veracidad en el parte informativo de los policías (…) No es creíble la versión de los hechos que los policías construyeron.

En un contexto donde la tortura sexual es un método de creación de pruebas ilícitas, se recuerdan casos y voces que dan esperanza. Ejemplo de esto es la campaña “Rompiendo el Silencio”, impulsado por las mujeres de Atenco y que reúne las voces de sobrevivientes de tortura sexual y que se convirtió en un espacio de solidaridad, difusión y sensibilización que ha aportado propuestas al Estado mexicano para combatir la problemática, comparte Stephanie Erin Brewer, abogada de la misma organización. 

No se puede no recordar a las que siguen esperando su libertad (…) hay mujeres esperando justicia para ellas

Como ya se mencionó, este caso sienta un precedente pues se observa el debido actuar de las autoridades, según mandato constitucional. El problema es que este caso sigue siendo la excepción y no la regla. A pesar de que en 2015 se creó el mecanismo gubernamental de atención a víctimas de violencia sexual, coordinado por CONAVIM, la realidad es que es una suma de voluntades. Actualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido un llamado a que el gobierno mexicano le destine recursos para su fortalecimiento. 

CONAVIM se creó como espacio de coordinación, se le agregó un mandato, pero no recursos humanos ni presupuesto. No hay marco legal formalizado ni institucionalizado

Durante la conferencia, Mónica estuvo acompañada de su madre, quien bajo el grito de ¡sí se pudo! reconoció que es un logro para ellas y para todas las organizaciones como Centro ProDH, Amnistía Internacional, Red Mujeres de la Laguna, ONU, quienes les han acompañado en todo el proceso.

Mónica por su parte afirmó que lo más importante para ella es haber recobrado su libertad y reunirse con sus hijas y su madre. Sus planes a futuro son recuperar el tiempo con ellas y en un futuro retomar su negocio de ropa y tal vez estudiar algo que tenga que ver con la medicina, como enfermería.

Espero que las palabras que hemos hablado ayuden a mis compañeras que siguen ahí para poder salir y reconstruir su vida.

Por último, la organización mencionó que investigar a los aprehensores es responsabilidad de las autoridades, la tortura sexual es un delito grave y como tal debe perseguirse de oficio. Lo que debe cambiar son las prácticas de las autoridades, que es donde se encuentra el corazón de la impunidad, señaló el director de la organización.

Es necesario crear políticas públicas en la materia y cumplir el mandato de la CIDH a fortalecer el mecanismo.

Hace siete años 

El 12 de febrero de 2013, junto con su hermano y su pareja, Mónica fue detenida por 4 hombres y una mujer que tripulaban una patrulla de la policía municipal. Fueron llevados a la Dirección de Seguridad Pública de Torreón donde, en una bodega, sujetos vestidos de militares y policías municipales les torturaron de manera física, psicológica y sexual.

Mónica fue obligada a observar cómo torturaban físicamente a su hermano y a su pareja; este último también fue violado frente a ella. A Mónica la torturaron, de igual manera, físicamente, sin embargo, la violencia sexual y psicológica a la que fue sometida fue tan brutal que es difícil referirnos a sus múltiples pérdidas.

Tras horas de sufrimiento, los tres fueron sacados de la bodega y encerrados en uno de los baños de la Dirección de Seguridad Pública. Ahí, una persona que se identificó como actuario del Poder Judicial de la Federación les dijo que la madre de Mónica había interpuesto una orden de amparo para detener los actos de tortura e incomunicación y así terminar con su calidad de desaparecidos, pero para que procediera debían ratificar la demanda. Una vez que firmaron, fueron trasladados nuevamente, esta vez a la PGR. En el camino, el esposo de Mónica falleció en sus brazos a causa de la tortura que le infligieron. Hasta ahora no se sabe qué pasó con su cuerpo. 

Tras ser torturada sexualmente de nuevo, Mónica y su hermano fueron trasladados a la Ciudad de México a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde recibieron intimidaciones por parte de un agente del Ministerio Público. Bajo amenaza de muerte a su madre e hijas de Mónica, ambos firmaron una confesión de los delitos de Secuestro y Posesión de Armas de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en el Juzgado Primero de Distrito de la Laguna, Torreón. 

Fue hasta el 12 de febrero de este año que se celebró la audiencia de vista del caso, donde se cierra formalmente el caso y entra el periodo para dictar sentencia. Fueron siete años los que Mónica estuvo detenida bajo pretexto de averiguación y presentación de pruebas, las cuales fueron obtenidas a través de la violación a los derechos humanos.