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A casi cuatro años del ataque que estuvo a punto de costarle la vida, el caso de la activista y periodista trans Natalia Lane inició esta semana la etapa de juicio oral en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, en Xochimilco, por la agresión ocurrida el 16 de enero de 2022.
Su caso es histórico por ser el primero en México en el que la carpeta de investigación de una mujer trans trabajadora sexual llega a la etapa de juicio oral bajo la clasificación de tentativa de transfeminicidio. A través de este proceso, Lane busca no solo una sentencia punitiva, sino una reparación integral y restaurativa que incluya daños físicos, emocionales y patrimoniales
Mediante un comunicado, Natalia Lane compartió este 14 de enero que “la reparación integral y la justicia son derechos que históricamente han sido negados a las trabajadoras sexuales”, por lo que este caso representa la posibilidad de acceder parcialmente a lo que se les ha arrebatado.
“Hoy quizás estoy librando la batalla más dura que me ha tocado vivir, y por eso es importante seguir de cerca este caso que marcará un antes y un después en el acceso a la justicia”, dijo Lane a través de un video comunicado previo al juicio en el que reafirmó que la necesidad de justicia y reparación para “las personas LBGTQ+, las mujeres trans y las putas”.
El ataque y el proceso judicial
El 16 de enero de 2022, Natalia Lane fue agredida con un cuchillo en la cara, cuello y manos en un hotel de la Ciudad de México. Aunque su agresor, Alejandro “N”, fue detenido y vinculado a proceso por feminicidio en grado de tentativa y permanece en prisión preventiva, el caso se ha prolongado por casi cuatro años sin que exista una sentencia. El retraso responde a los amparos interpuestos por su defensa, así como a dilaciones atribuibles a la negligencia y a prácticas de violencia institucional dentro del sistema de justicia.
México es el segundo país con mayor índice de transfeminicidios en Latinoamérica, registrando 445 casos desde 2008, de acuerdo con información del Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TGEU, por sus siglas en inglés), solo después de Brasil, que documenta más de dos mil casos en la región. Por su parte, la colectiva Transcontingenta registró al menos 94 víctimas de transfeminicidio.
A pesar de la gravedad de la situación, persiste una falta de registros oficiales exactos y solo seis estados en el país han tipificado este delito, entre ellos, Nayarit (2024), Ciudad de México (2024), Baja California (2025), Baja California Sur (2025), Campeche (2025) y el Estado de México (2025).
Su resistencia no solo busca justicia personal, sino una reparación histórica para las mujeres trans que han vivido décadas de violencia sistemática
En este panorama, Natalia exige una reparación integral que incluya el daño físico, emocional y patrimonial, además de garantías de que la violencia institucional no se repita en otros casos. Así lo explica Lane mediante una publicación en redes sociales en la que enlista:
Que se garantice un juicio oral abierto.
Tener un juicio oral con perspectiva de género y derechos humanos.
Que organismos de derechos humanos nacionales e institucionales garanticen un juicio sin revictimización.
De lograrse una sentencia condenatoria, Natalia Lane se convertiría en la primera mujer transexual aún viva en México y Latinoámerica en obtener una sentencia y medidas reparatorias por un intento de transfeminicidio.
La importancia de la perspectiva de género
Este juicio es fundamental porque pone en el ojo público la obligación de investigar los crímenes contra mujeres trans con perspectiva de género y un enfoque diferenciado, que reconozca las violencias específicas que enfrentan por razón de su identidad de género, su expresión y, en muchos casos, su condición de trabajadoras sexuales.
El caso de Natalia Lane ha permitido visibilizar cómo la violencia transfóbica no ocurre en el vacío, sino en un contexto marcado por discriminación histórica, exclusión social, estigmatización y odio, factores que incrementan el riesgo de agresiones extremas y obstaculizan el acceso efectivo a la justicia. Así lo señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde 2022, al reconocer que las personas trans enfrentan patrones sistemáticos de violencia agravados por la omisión, negligencia y revictimización institucional.
De acuerdo con la CNDH, las personas trans -y en particular las mujeres trans- enfrentan un contexto estructural de discriminación, estigmatización y exclusión social que incrementa su vulnerabilidad frente a la violencia extrema. Estos factores no solo inciden en la comisión de los delitos, sino también en la manera en que las autoridades investigan, clasifican y juzgan las agresiones, muchas veces minimizándolas o despojándolas de su dimensión de odio y género.
La perspectiva de género, señala el organismo, obliga a las autoridades a analizar los hechos más allá del evento aislado, incorporando el contexto de prejuicios transfóbicos, violencia simbólica, criminalización del trabajo sexual y obstáculos sistemáticos para el acceso a la justicia. Sin este enfoque, los procesos judiciales tienden a reproducir estereotipos, revictimizar a las denunciantes y perpetuar la impunidad.
En el caso de Natalia Lane, este enfoque resulta determinante. No se trata únicamente de sancionar a un agresor, sino de reconocer que la violencia sufrida responde a patrones estructurales de odio y discriminación contra las mujeres trans.
