En los últimos dos años, ante los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador y a las estadísticas publicadas por el gobierno mexicano, las mujeres de Nosotras Tenemos Otros Datos han señalado y evidenciado que las cifras que se reportaban no eran reales. 

En una primera etapa se hizo un trabajo de investigación para demostrar que los datos duros del gobierno eran inferiores a los que proporcionaron los estados de la República. Asimismo, se reportó que las entidades también tienen una tendencia de “mentir” al documentar las cifras de delitos cometidos contra la mujer, según Patricia Olamendi, abogada feminista. 

{"quote":"“Hay un subregistro muy grave de delitos contra las mujeres y no se documentan”, afirmó Olamendi. "}

La negación de la existencia de la violencia contra las mujeres es un comportamiento negligente por parte del Estado, el cual que alimenta la idea de que los hombres agresores pueden violentar a las mujeres hasta matarlas y quedarán impunes, afirman. 

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LAS MUJERES SÍ DENUNCIAN

Uno de los contrastes más importantes encontrados por la organización es que las mujeres sí denuncian cuando son víctimas de algún tipo de violencia en razón de género; pero se quedan en las carpetas de investigación y muy difícilmente llegan a ser cosa juzgada. 

{"quote":"“Ellas se presentan a los ministerios públicos, llevan sus documentos y llevan pruebas pero se quedan guardadas en las fiscalías”, señaló Patricia Olamendi. "}

Hasta 2021, el 46.9% de los delitos cometidos contra mujeres en los que se inició averiguación previa o carpeta de investigación no pasó nada y 26.5% están en trámite, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). 

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México se convirtió en uno de los países con uno de los más altos índices de impunidad, principalmente en delitos contra las mujeres, afirmó la abogada. 

Estas cifras son sólo una pequeña parte de la realidad que se vive en el país siendo mujer, pues las activistas señalaron que incluso “hay que enseñarles a leer sus propias cifras” a las dependencias de gobierno, porque para ellos estos datos “sólo son eso, números”; por lo que no se tiene la conciencia de que cada estadística son mujeres víctimas y sobrevivientes a las que se les debe garantizar una vida libre de violencia. 

LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL MATA 

Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública son sólo un fragmento de lo que sucede a las mujeres en espacios públicos y privados. Las cifras contemplan que entre el 10% y el 7% de las mujeres denuncian a sus agresores. 

Además, el 66% de las mujeres mexicanas han sido víctimas de algún tipo de violencia con base en su sexo y género. El 44% han sido víctimas de violencia por parte de sus parejas. 

Estos números apuntan a una cultura del silencio, donde la responsabilidad de la inacción de las autoridades recae en las víctimas, pero no es así. En “los datos de la realidad”, como lo llaman las activistas, la violencia institucional es la principal razón por la cual las mujeres deciden no denunciar. 

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La organización feminista destacó que en las cifras oficiales publicadas en los años recientes, se  encontró que las razones principales por las que entre el 93 y 97 por ciento de las mujeres no denuncian son: 

  • 33.9% cree que es una pérdida de tiempo 
  • 14.2 % desconfía de la autoridad 
  • 8.5% porque los trámites son imposibles, tortuosos y largos 
  • 3.5% por la actitud hostil de la autoridad 
  • 0.6% por miedo a extorsión
  • 38.3% por miedo al agresor, porque consideran que su caso no será importante para la autoridad o por no tener pruebas suficientes 

Todas estas razones forman parte de la violencia cometida por el personal que integra las instituciones, quienes están obligadas a garantizar el acceso y la procuración de la justicia, la reparación del daño y la no repetición. Sin embargo, recaen en la revictimización, es decir se produce un sufrimiento añadido por parte de instituciones y profesionales encargados de prestar atención a la víctima después de ser agredida. 

{"quote":"“Lo que dicen estas causas sobre no denunciar es que hay una autoridad incompetente, que invalida a las mujeres. Las violencias iniciales no son atendidas, lo que hace un sistema de justicia corresponsable que permite la perpetración de la violencia contra las mujeres”, afirmó Villavicencio. "}

La violencia institucional es una forma de validar los demás tipos de violencia, específicamente la violencia feminicida, pues el mensaje dado por la inacción de las autoridades es que los agresores pueden ser violentos, incluso en repetidas ocasiones hasta llegar a la demostración máxima de violencia contra una mujer: el feminicidio.

{"quote":"“Las autoridades otorgan el permiso a los hombres de agredir mujeres, niñas y adolescentes hasta matarlas. El femicidio se puede evitar, pero no han querido hacerlo”, señala Lorena. "}

Con esto, el Estado mexicano ha pasado a tomar un rol de victimario. Por ello, en todos los niveles de gobierno, las instituciones tienen la responsabilidad de construir y socializar la perspectiva de género, por eso es importante la sensibilización de las personas que las integran.

LOS OTROS DATOS 

La organización Nosotras Tenemos Otros Datos surge como una acción contestataria frente a una negativa gubernamental frente a la violencia contra las mujeres. 

{"quote":"“También nosotras tenemos otros datos y nosotras tenemos el derechos de tener nuestro propio espacio”, dijo Yndira Sandoval, feminista y defensora de derechos humanos. "}

En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres  de 2021, la organización Nosotras Tenemos Otros Datos solicitaron a la Secretaría de Gobernación la declaración de “emergencia nacional” ante la alza de delitos cometidos contra la mujer. Además, solicitaron que se declarara la Alerta de Género en todo el país. Sin embargo, no hubo respuesta al llamado. 

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Finalmente, la organización ha impulsado la iniciativa 3 de 3 contra la violencia de género, la cual tiene el objetivo que ningún hombre que tenga antecedentes de ser un agresor, violador o deudor alimentario pueda ser funcionario público.