En la audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano no entregó el informe solicitado por la Comisión y mantuvo la postura del sexenio pasado: “El estado considera que no se cometieron violaciones derechos humanos en el marco de la investigación por la muerte de la señora Ernestina”, señaló Hernán Cortés, fiscal veracruzano y representante del gobierno mexicano.  La comisión amplió el plazo del informe al 3 de enero próximo.

¿Qué piden las organizaciones?

Entre las peticiones de las organizaciones de la sociedad civil en el caso de Ernestina Ascencio Rosario  se encuentran que se cree una comisión independiente que pueda esclarecer lo que sucedió.

Fabiola del Jurado, integrante de la Coordinación Nacional de Mujeres Indígenas, señaló que esa comisión debería ser pagada por el gobierno de México e integrada por personas expertas.

Además, solicitó que existan sanciones a las personas responsables y una reparación del daño para la familia y la comunidad.

Añadió que se requiere de medidas para evitar que las mujeres indígenas sigan viviendo violencia por lo que el gobierno debe implementar medidas para ello.

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Lizzeth Hernández Cruz, integrante del Kalli Luz Marina y una de las peticionarias, señaló que el territorio donde fue violentada Ernestina es una de las zona con mayor rezago social del país por lo que es necesario que se tomen en cuenta esas condiciones en cuestiones como la falta de acceso a servicios de salud ya que señaló que el primer hospital donde pidieron apoyo de emergencia se encontraba cerrado.

Además, Jurado se pronunció sobre la necesidad de que los pueblos indígenas no sean ocupados por militares. “Que ningún territorio indígena sea ocupado por militares a menos que las propias comunidades soliciten su presencia”, afirmó.

Marylin Ramón Medellín, integrante de la Comisión de Erradicación de Violencias y Defensas del Territorio de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y también peticionaria, aseguró que en múltiples ocasiones se establecen los batallones en espacios indígenas sin ningún consenso con los pueblos.

“Las políticas de militarización en los pueblos indígenas son violatorias a la libre determinación (…) ha tenido consecuencias perjudiciales para los pueblos indígenas”, indicó.

Alejandra Arlet García López, otra de las peticionarias, señaló que otro de los problemas ha sido que intentaron pedir el expediente completo del caso de Ernestina Ascencio y aunque han llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, brindan información pero quitan las cuestiones básicas como los resultados de las periciales médicas, lo que implica que no puedan acceder a la verdad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos deberá recibir las pruebas que presenten ambas partes y pronunciarse al respecto en breve sobre  este caso.

Los familiares de Ernestina Ascencio han buscado justicia por más de 13 años (Foto: Cuartoscuro)

En un comunicado, las organizaciones de la sociedad civil, Kalli Luz Marina, Coordinación Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI), Abogadas y Abogados par ala Justicia y los Derechos Humanos y el Centro de Estudios Municipalistas Heriberto Jara  A.c. (CESEM) señalaron que esperan a la brevedad posible se emita el Informe de Fondo donde formule las recomendaciones que tiendan a resarcir las afectaciones ocasionadas, para terminar con la opacidad e impunidad del caso, garantizar el derecho a la verdad, y el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y pueblos indígenas. 

¿Quién fue Ernestina?

Ernestina Ascencio Rosario fue una indígena nahua habitante de la sierra de Zongolica, presuntamente violada y asesinada por los militares asentados en esa región, en 2007, durante el gobierno de Felipe Calderón.

El caso de la indígena Ascencio se ha convertido en paradigmático, escribe Marisa Belausteguigoiti, en Debate Feminista.

Ernestina cuenta con diversas cargas identitarias que la convierten en más vulnerable de índole cultural, política, lingüísticas y de género: ser indígena, ser monolingüe, ser pobre, ser vieja, ubicarse en una zona densamente ocupada por los militares, ser parte de una comunidad autónoma y ser mujer.

 ¿Qué dijo el Estado este 2020?

El gobierno de México y la Fiscalía General de Justicia de Veracruz  (FGJEV) aseguran que no se cometieron violaciones a derechos humanos en las investigaciones por la muerte de Ernestina Ascencio Rosario, quien habría sido víctima de violación tumultuaria y asesinato por parte de elementos del Ejército en febrero de 2007 en el estado de Veracruz.

Ernestina muere en náhuatl

El caso de Ernestina conlleva todo tipo de fragilidades, escribe Belausteguigoiti, la de oralidad frente a la escritura, la de la tradición frente a la modernidad, la de las mujeres frente a los hombres, la de la vejez, frente ala juventud, la de la pobreza frente al poder, la del monolingüismo frente al español, la de lo indígena frente al ejército, y la de la palabra indígena frente a un sistema moderno regido también por la palabra, pero la del presidente, como ley. 

Ernestina muere en náhuatl. Esta muerte califica su cuerpo ya de por sí deficitario con la marca de lo incomprensible, intraducibie y lo imposible frente a la ley. ¿Cómo ofrecer justicia a un sujeto multiplicadamente residual? ¿Cómo hacer justicia a nuestros ciudadanos más vulnerables, más diferentes, más tradicionales?, señala en su texto Marisa.

Con información de SemMéxico