El Centro Mexicano del Derecho Ambiental (CEMDA) reveló en su informe anual que durante 2022 sucedieron 582 agresiones y 24 personas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas. El dato se vuelve aún más alarmante cuando se señala que el perpetrador principal de estos ataques y homicidios es el funcionario público a nivel federal, local o municipal
Este informe arroja que 2022 es el año más violento y peligroso para los defensores del medio ambiente desde 2014, pues se tiene registro de un aumento de 82% más agresiones que en 2021. Este es un desglose de las principales violencias que atraviesan a los activistas.
- Hostigamiento
- Amenazas
- Intimidación
- Agresiones físicas
- Asesinato
Asimismo, se tiene registro que las entidades con mayor incidencia son Guerrero, Oaxaca, Chihuahua y Puebla, consideradas por el CEMDA como los Estados más peligrosos para los defensores del medio ambiente.
Una de las cuestiones más interesantes que señala el informe es que los números son variables según la industria. Por ejemplo, los defensores del campo se enfrentan a cierto tipo de violencia, mientras que el sector minero es el que se ha mantenido en la mira del Estado en los últimos años a raíz de la creación de grandes proyectos e inversiones como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Este sector ocupa el primer lugar en homicidios, agresiones y desapariciones forzadas.
¿Quiénes están detrás de esto?
Desde un discurso de revictimización, es común considerar que los asesinatos y agresiones en contra de las personas defensoras y activistas están ligadas al crimen organizado y es que, aunque sí es una realidad, el imperante va por el otro lado y hace justicia a la frase hecha: “Fue el Estado”.
El principal agresor es el Gobierno, quien perpetró 89 ataques, es decir, el 45% del total registrado. Esto teniendo como actores principales a toda autoridad, desde gobernadores a alcaldes.
De cerca le siguen los cuerpos castrenses, siendo los principales órganos agresores y/o asesinos la Guardia Nacional y la Secretaria de la Defensa Nacional. Entonces, ¿en dónde está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)?
Bueno, de acuerdo al CEMDA este órgano de defensa de los derechos humanos también ha sido agresor directo, teniendo registro de un caso de violencia perpetrado por ellos.
Por supuesto, existe un modus operandi donde la colisión es la mezcla para ejercer la opresión y la violencia contra los activistas, siendo las siguientes las principales alianzas de los agresores:
- Fiscalía y Gobierno Estatal
- Gobierno y Guardia Nacional
- Gobierno y Empresas
- Gobierno y Crimen organizado
- Gobierno Estatal y Gobierno Municipal
Posteriormente, se tiene registro de que el tercer grupo de principales agresores es "desconocido". Es decir que, en un supuesto donde una mujer activista sufre de alguna agresión y se acerca a denunciar, las autoridades competentes dejan estancada la investigación, no se esclarecen los hechos, se encubren y dejan postergadas estas violaciones a los derechos humanos.
Finalmente, el último lugar lo ocupa -sorpresivamente- la delincuencia, pues ocupa el 13% de los casos de agresiones, es decir, 32 puntos porcentuales menos que los agentes de gobierno.
Mujeres defensoras
“En este foro me acompañan las ausencias de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, quienes fueron desaparecidos en su labor social…” Inició su participación en la presentación del informe del CEMDA Juana Inés Ramírez integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI).
Durante la conferencia, la defensora señaló que es necesario mirar a las mujeres que también se encuentran desde sus trincheras y generar consciencia de que las violencias a las que se enfrentan tienen normalmente un corte de hostigamiento, abuso y acoso sexual, siendo los principales perpetradores los militares quienes se aprovechan desde el poder.
“El acoso y la agresión verbal hacia las mujeres se da más porque las Fuerzas Armadas nos consideran el sexo débil, que no podemos defendernos o alzar las voces, especialmente en el Istmo donde las mujeres hemos encabezado la lucha, pero aun con el paso del tiempo, somos más vulnerables”, señaló.
La violencia de género, feminicida y abuso sexual, atraviesan el cuerpo de las defensoras del medio ambiente, hecho que Juana Inés Ramírez ejemplifica diciendo que ha recibido más amenazas por parte de elementos de la Marina a comparación de sus congéneres y que, además, pese a que las mujeres se encuentran siendo las principales defensoras, las fuerzas castrenses se niegan a hablar con ellas o tomar en serio sus exigencias. Prefieren hablar con otro hombre.
Como defensoras del territorio y detractoras del Corredor Interoceánico, un grupo de activistas, mayoritariamente mujeres, se encuentran en un plantón de protesta que, ahora ya no se siente seguro luego de que la zona comenzara a militarizarse. Juana Inés Ramírez, sabe bien que la presencia de las fuerzas castrenses es sinónimo de acoso, amenazas, abuso y violencia contra sus compañeras.
“La militarización también genera acoso y violencia contra mujeres defensoras. El 8 de marzo la Marina intentó desalojarnos del plantón (…) el Gobierno ha tenido oídos sordos”, condenó la defensora.
En este mismo debate se escucharon las voces de otras mujeres defensoras y de la jefa de análisis de Amnistía internacional, Norma González que señaló que no se debía desdibujar ni quitar el foco de estas mujeres, pues los “defensores” también son madres, esposas e hijas que enfrentan una carga doble al defender con fuerza sus territorios, bosques y agua, pero también, encaran la violencia de género, sexual, misógina, absorben las labores de cuidado, de maternidad, la violencia económica y emocional.
“¡Defenderemos nuestros derechos y sobre todo la vida y el territorio porque el Istmo resiste!" (Juana inés Ramírez)