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¿Cuánto vale un plato de comida si, detrás de él, las personas que siembran, cosechan y alimentan la tierra no reciben acuerdos ni remuneración justa?
Los recientes bloqueos campesinos en México, concentrados a partir del 27 de octubre, evidencian una realidad que el país arrastra desde hace décadas: el abandono estructural del campo y la falta de reconocimiento al trabajo de quienes garantizan la soberanía alimentaria.
Las y los productores, provenientes de al menos 17 estados del país, exigen precios justos para granos básicos como el maíz y el sorgo, así como mayores apoyos gubernamentales ante la crisis que atraviesa el sector rural.
La movilización, encabezada por organizaciones como el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), no sólo demanda justicia económica, sino también dignidad y condiciones de vida dignas para las comunidades campesinas, donde las mujeres, a menudo invisibilizadas, sostienen buena parte del trabajo agrícola y del cuidado comunitario.
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El papel de la mujer en la agricultura
¿Qué pasó?
Después de años de abandono institucional y precarización del trabajo agrícola, las y los productores de maíz exigen un precio mínimo de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz, una cifra que les permitiría cubrir los costos reales de producción y continuar sembrando.
Esta demanda responde al incremento sostenido en los precios de insumos, fertilizantes y combustibles, factores que han encarecido el trabajo rural sin que existan políticas públicas proporcionales de apoyo.
En mayo de 2023, el gobierno federal extinguió la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), un organismo descentralizado que durante años operó como banca de desarrollo para el campo mexicano. Su objetivo era impulsar el crecimiento del medio rural mediante créditos y servicios financieros accesibles para pequeños y medianos productores, así como fortalecer la economía campesina.
Sin embargo, la institución fue liquidada argumentando pérdidas económicas, lo que dejó al sector sin una fuente de financiamiento público directa.
Frente a ello, el gobierno federal propuso un “precio piso” de poco más de 6 mil cincuenta pesos por tonelada de maíz blanco para los agricultores de Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Sin embargo, las organizaciones campesinas calificaron la propuesta como un “insulto al campo mexicano”.
Este monto, integrado por un precio industrial de 5 mil 200 pesos y un subsidio gubernamental adicional de 850 pesos, fue considerado insuficiente por parte de las y los productores de maíz, pues se aleja de la realidad que enfrentan las comunidades rurales, donde la desigualdad, la pobreza y la falta de acceso a recursos afectan de manera de manera diferenciada.
Una de las principales demandas de las y los campesinos es que el maíz sea excluido del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que consideran que este tratado genera una competencia desleal que afecta su rentabilidad en México. Aquí, además, se determina que el precio del maíz se establece según los parámetros de la Chicago Board of Trade (CBOT), un referente global para determinar precios en la agricultura.
A esto se le suma el llamado “coyotaje”, una práctica en la intermediarios compran cosechas a agricultores a precios muy bajos para luego revenderlas a un precio mucho mayor.
¿Qué respondió el gobierno?
El martes 28 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno mantenía abiertas las mesas de diálogo con las y los productores agrícolas.
No obstante, la respuesta del gobierno federal ha sido considerada insuficiente frente a las demandas del sector rural. Este 31 de octubre, durante la conferencia de la mañanera, la mandataria señaló que su administración trabaja para alcanzar acuerdos según la región productiva.
“Muchos de los agricultores que tienen tomadas las carreteras tienen intereses políticos y no legítimos. Mientras haya intereses legítimos, se les va a recibir. (…) A los campesinos más pobres del país se les va a dar un apoyo adicional a partir del próximo año”, afirmó.
Sheinbaum destacó que el incremento propuesto, de 4 mil a poco más de 6 mil pesos por tonelada, representa, según sus palabras, un esfuerzo significativo del Estado. Sin embargo, para las organizaciones campesinas, se sigue sin garantizar un precio justo que cubra los costos de producción.
Sin maíz no hay país
“¿Por qué pagan 40 pesos por un elote con mayonesa y nosotros no podemos hacer ni tres pesos con un elote?”, preguntan productores agrícolas en videos difundidos en redes sociales.
Esta pregunta revela la profunda desigualdad que atraviesa al campo mexicano: entre quienes siembran y cosechan los alimentos, quienes desde las ciudades encarecen los productos agrícolas, y un Estado que aún no reconoce plenamente la importancia de la soberanía alimentaria ni el valor del trabajo de las y los productores rurales.
