En conferencia de prensa, en el Senado de la República, colectivas y legisladoras leyeron un posicionamiento, el cual está firmado por alrededor de 300 organizaciones, redes y defensoras de derechos humanos.
Integrantes de colectivas exigieron la renuncia de Rosario Piedra Ibarra, como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que no reciben la pensión alimentaria por parte de sus padres.
Entre sus exigencias también está que si la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no presenta su renuncia, el Senado de la República inicie un procedimiento para la destitución de Rosario Piedra Ibarra.
¿Qué pasó en la CNDH?
El pasado 7 de julio, la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, promovió una Acción de Inconstitucionalidad, en contra de la reforma a las leyes de la Comisión de Derechos Humanos, de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del Código de Administración Pública, todas del Estado de Yucatán, en las que se establece como un requisito para que una persona pueda ser designada como integrante, titular o candidato, no ser deudor alimentario moroso, al menos que acredite estar al corriente.
Las colectivas y legisladoras rechazaron la acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH en contra del requisito de no ser deudor de pensión alimenticia para ocupar un cargo público o de elección popular.
“El permitir que existan agresores en el poder político son conductas que constituyen violencia económica y patrimonial, pues cualquier acto donde se controlan los recursos económicos o se niega la posibilidad de que una mujer tenga acceso a ellos, en este caso, en el ámbito familiar y de pareja afectan la supervivencia económica de niñas, niños, adolescentes y mujeres”, señalaron.
Señalaron que la Comisión ignora que además de Yucatán, en Chiapas, Coahuila, Chihuahua, Oaxaca y la Ciudad de México ya se exige como requisito para ocupar un cargo en la administración pública local, no ser deudor de pensión alimenticia.
Ningún deudor, agresor o acosador en el poder
Además de que pidieron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratifique la constitucionalidad de las reformas aprobadas por el Congreso de Yucatán y contribuya al fortalecimiento del Estado derecho para garantizar una vida libre de violencia para las niñas y mujeres mexicanas.
“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no puede ni debe, estar al servicio de intereses personales disfrazados de una supuesta discriminación para legitimar la presencia en cargos públicos y de elección popular de hombres que violan la ley e incumplen con sus obligaciones como padres”, afirmaron.
Recordaron que en el pasado proceso electoral el Consejo General del INE emitió los lineamientos de la Declaración “3 de 3 contra la violencia”, a fin de garantizar que quien aspirará a una candidatura no sea deudor ni agresor sexual.
“Las organizaciones congruentes con la defensa de los Derechos Humanos que firmamos este pronunciamiento, rechazamos las acciones emprendidas por la CNDH y reconocemos al Congreso de Yucatán por las reformas aprobadas en favor de la ética en la política y de los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños”, señalaron.
Por su parte, la senadora Josefina Vázquez Mota señaló la falta de pago de la pensión alimentaria afecta a 45 millones de niñas, niños y adolescentes en el país.
Con información de Animal Político
SC