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¿Qué implica vivir siendo una persona LGBTIQ+ en México? Aunque en la última década el país ha ampliado el reconocimiento de derechos para la diversidad sexual y de género, como te contamos en esta nota, la violencia, la discriminación y la falta de políticas públicas universales ponen en desventaja a miles de personas en nuestro país.
El contraste es evidente; mientras el marco legal avanza, los asesinatos, las desapariciones y las barreras para acceder a la salud, la educación o el empleo continúan formando parte de la realidad de buena parte de la comunidad.
Los avances legales de los últimos años muestran que México ha recorrido un largo camino en materia de reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual y de género. Sin embargo, ese progreso convive con cifras de violencia, discriminación y exclusión que siguen marcando la experiencia cotidiana de miles de personas.
1. Lo que el Estado no registra
En lo que va de 2026, Observatorio de Crímenes de Odio de Letra Ese ha documentado al menos 24 asesinatos de personas LGBTIQ+ en México. De esas víctimas, 17 eran mujeres trans. Pero estos no son datos oficiales, y es aquí donde el problema comienza.
México todavía no cuenta con un sistema nacional que registre de manera específica los crímenes contra personas de la diversidad sexual y de género. Sin estadísticas resulta mucho más difícil diseñar políticas públicas para prevenir la violencia o atender a las poblaciones más vulnerables.
Frente a este vacío institucional, son colectivos y organizaciones quienes documentan los casos, construyen bases de datos y dan seguimiento a una violencia que el Estado sigue sin dimensionar por completo.
Con frecuencia, los expedientes registran un transfeminicidio como un homicidio común, utilizan el nombre legal de una mujer trans en lugar de su nombre identitario o emplean pronombres que no corresponden a su identidad. Esos errores invisibilizan a las víctimas y dificultan establecer si el crimen estuvo motivado por prejuicio o discriminación.
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2. México, entre los países con más transfeminicidios
De acuerdo con el Proyecto de Monitoreo de Asesinatos Trans (Trans Murder Monitoring), México ocupa el segundo lugar mundial en número de transfeminicidios. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que su esperanza de vida en México ronda los 35 años; es decir, casi la mitad del promedio nacional.
Lo anterior no responde a una diferencia biológica, sino del resultado de múltiples formas de exclusión que comienzan desde edades tempranas y se acumulan a lo largo de la vida. La violencia contra las mujeres trans no empieza con un crimen de odio.
En muchos casos inicia con el rechazo familiar, continúa con el acoso escolar, el abandono de los estudios y las dificultades para acceder al empleo formal. Esa cadena de exclusiones incrementa la vulnerabilidad económica y social y, en numerosos casos, empuja hacia contextos donde el riesgo de sufrir violencia es mayor.
3. La deuda con las infancias trans
El reconocimiento de la identidad de género para niñas, niños y adolescentes trans continúa siendo uno de los temas con mayor resistencia en el país.
Actualmente, siete estados contemplan algún mecanismo para este sector de la población, aunque solo tres lo hacen sin restricciones de edad. En el resto existen requisitos que organizaciones especializadas consideran incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos.
Incluso donde la legislación existe, las familias suelen enfrentar obstáculos administrativos y resistencia institucional para ejercer ese derecho.
Datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) muestran que cerca de la mitad de las personas LGBTIQ+ ha enfrentado la negativa de un empleo o de un ascenso sin una razón objetiva. Además, casi tres de cada diez abandonaron su hogar antes de cumplir la mayoría de edad.
Las mujeres trans concentran buena parte de estas desigualdades. Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que enfrentan mayores obstáculos para incorporarse al empleo formal, además de sufrir violencia y trato desigual dentro de los centros de trabajo.
La falta de oportunidades laborales termina empujando a muchas hacia la economía informal o el trabajo sexual, incrementando su exposición a distintos tipos de violencia.
5. Sin garantía el acceso a la atención médica
Según Conapred, alrededor del 49% de las personas lesbianas y gays ha experimentado algún tipo de discriminación en hospitales o centros de salud. El problema va desde comentarios estigmatizantes hasta la negativa directa de atención.
La salud mental es otro de los ámbitos donde las brechas son más profundas. Un diagnóstico elaborado por la Facultad de Medicina de la UNAM en 2023 encontró que casi ocho de cada diez hombres trans y personas no binarias reportaron haber tenido ideación suicida. El mismo estudio registró esta condición en el 60.7% de las mujeres bisexuales y en el 57.4% de las mujeres lesbianas.
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6. Obstáculos en la adopción para familias homoparentales
Uno de los contrastes más claros del mapa legal mexicano está en la adopción homoparental. Aunque el matrimonio igualitario ya es reconocido en las 32 entidades del país, solo diez estados permiten expresamente que las parejas del mismo sexo adopten de manera conjunta. En el resto, muchas familias deben recurrir a procesos judiciales para ejercer un derecho que debería estar garantizado.
Esta diferencia también impacta a niñas y niños que ya viven en familias homoparentales y cuya relación con ambos padres o madres puede carecer de reconocimiento legal pleno, dejando vacíos en materia de seguridad jurídica y protección de derechos.
7. Vivir en país de personas que desaparecen a diario
Durante 2025, al menos 31 personas LGBTIQ+ permanecían desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Aunque organizaciones civiles reportaron una ligera disminución en el número de desapariciones respecto al año anterior, el subregistro es un problema importante.
La falta de datos desagregados y las deficiencias en la clasificación de los casos impiden conocer con precisión la dimensión del fenómeno y dificultan investigaciones con perspectiva de diversidad sexual y de género.
