Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) documentó 211 agresiones contra 55 defensoras y seis organizaciones que acompañan a víctimas de feminicidio, desaparición y graves violaciones a derechos humanos. La cifra confirma que en México, exigir verdad y justicia continúa siendo una labor de alto riesgo, especialmente para las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos.

El 67% de los ataques registrados se dirigió contra mujeres buscadoras, muchas de ellas mujeres que, ante la falta de respuesta de las autoridades, realizan investigaciones y búsquedas en zonas de peligro con sus propios recursos. En este periodo se documentaron cinco feminicidios y dos desapariciones de defensoras, todos vinculados con tareas de rastreo o exigencia directa a las autoridades.

Las agresiones se concentran en Jalisco (16%), seguido de Guanajuato (11%), Ciudad de México (10%), Veracruz, Puebla y Oaxaca (9% cada uno). Son entidades con altos índices de desaparición, presencia del crimen organizado, conflictos territoriales y fallas en mecanismos de protección. En estos estados, la búsqueda es también escenario de riesgo.

Cinco feminicidios que confirman el patrón

En Oaxaca fueron asesinadas Adriana Ortiz García y Virginia Ortiz García el 5 de noviembre de 2024. Ambas eran mujeres indígenas triquis e integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT). Además de participar en procesos de defensa territorial, buscaban desde 2007 a sus primas Virginia y Daniela. Ese día fueron atacadas a balazos tras descender de un taxi en el centro histórico. Sus asesinatos generaron protestas y demandas de investigación con perspectiva intercultural y de género.

En Jalisco, el 2 de abril de 2025, fue asesinada Teresa González Murillo, del colectivo Luz de Esperanza. Días antes había sobrevivido a un ataque armado en su domicilio durante un intento de secuestro. Buscaba a su hermano Jaime, desaparecido meses antes, y había denunciado amenazas previas.

Ese mismo mes, el 24 de abril, fue asesinada María del Carmen Morales, madre buscadora del colectivo "Guerreros Buscadores de Jalisco", junto con su hijo. Ambos formaban parte de una brigada que había localizado un predio con posibles restos humanos en Teuchitlán. Su asesinato fue denunciado por colectivas que habían advertido del riesgo tras el hallazgo.

El 28 de agosto de 2025, el colectivo "Siguiendo tu Rastro con Amor Zacatecas" confirmó el asesinato de Aída Karina Juárez Jacobo, quien desde junio buscaba a su hija Goretty Guadalupe, desaparecida en Guadalupe, Zacatecas. Dos días antes había sido reportada como desaparecida tras una jornada de búsqueda. Aunque inicialmente no existió denuncia formal, la presión del colectivo derivó en la activación de su localización. Fue hallada sin vida en Villa de Ramos, San Luis Potosí.

La RNDDHM también registró dos desapariciones no resueltas:

  • Luz Alejandra Lara Cárdenas, vista por última vez el 5 de noviembre de 2024 en Apaseo el Grande, Guanajuato; y
  • María de los Ángeles Valenzuela, desaparecida el 16 de octubre de 2025 en Mazatlán, Sinaloa.

¿Quién agrede a las defensoras?

El informe indica que 30% de las agresiones provino de autoridades, incluidos funcionarios de los tres niveles de gobierno. A este porcentaje se suman policías (24%), agresores no identificados (23%) y crimen organizado (11%). Las agresiones más recurrentes fueron amenazas, hostigamiento, vigilancia e impedimentos para acceder a expedientes o información pública.

La RNDDHM aclara que este reporte es solo el primer corte del año. El monitoreo continuará para identificar patrones, actores recurrentes y zonas críticas en un país con más de 130 mil personas desaparecidas y una crisis forense sin resolver.