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Este fin de semana las redes sociales se encendieron alrededor de un debate que revela prejuicios estructurales en cuanto a derechos reproductivos y discriminación: ¿quién decide quién merece tener hijos? ¿Las personas en situación de vulnerabilidad económica no deberían tener hijos?
La controversia se originó después de las declaraciones del influencer mexicano, Jair Sánchez, quien afirmó durante un video de su serie “Guacala qué rico”, junto al comediante y creador de contenido, Iván Mendoza, que “la gente que tienen menos dinero” debería ser “esterilizada”.
“Claudia, deberías esterilizar a la gente. Llega un día en la calle y les preguntas ¿cuánto dinero hay en tu cartera? Si tienen menos de 100 pesos esterilizarlos”, dijo el influencer. La discusión va más allá de un simple intercambio de opiniones en línea disfrazadas de supuesta “comedia”. La esterilización forzada existe y afecta sobre todo a mujeres racializadas y a familias históricamente estigmatizadas. Te contamos.
Este tipo de afirmaciones son clasistas porque parten de la idea de que la pobreza es una falla personal y no el resultado de desigualdades estructurales. Al proponer el control reproductivo de las personas con menos recursos, se estigmatiza la pobreza y se desplaza la responsabilidad del Estado hacia los cuerpos de quienes viven en condiciones de exclusión, negándoles el derecho a decidir sobre su vida reproductiva.
¿Qué es la esterilización forzada?
En México, la esterilización sin consentimiento está reconocida como una forma de violencia y un trato degradante hacia las mujeres. En 2021, en la revisión del amparo 1064/2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sostuvo que la esterilización no consentida es un acto de violencia que viola el derecho de las mujeres a no ser sometidas a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En la resolución, la SCJN resolvió que la violencia obstétrica representa violencia de género debido a que su ejercicio corresponde a la naturalización de estereotipos de género. Asimismo la CNDH ha advertido que estas prácticas son más comunes en mujeres que acumulan algún factor adicional de discriminación, tales como mujeres con discapacidad o las mujeres indígenas.
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), entiende que la esterilización forzada consiste en la imposición de un método anticonceptivo definitivo, sin tomar en cuenta la voluntad de la persona gestante.
Esta práctica afecta principalmente a las mujeres y se presenta a menudo cuando el personal de salud omite el consentimiento de las mujeres y personas gestantes mientras ellas se encuentran en una situación de vulnerabilidad antes, durante o después del parto.
Según la Norma Oficial Mexicana NOM 005-SSA2-1993 de los Servicios de Planificación Familiar, el consentimiento informado se define como la decisión voluntaria de la persona aceptante para que se le realice o aplique un método anticonceptivo. Esto quiere decir que para que el procedimiento sea válido, debe haber consentimiento de por medio.
Antes de obtener el consentimiento, se debe proporcionar una consejería en planificación familiar donde se brinde toda la información necesaria sobre los métodos anticonceptivos, incluyendo sus ventajas y contradicciones; el consentimiento, además, debe darse con pleno conocimiento y comprensión de la información pertinente y debe ser otorgado sin presiones.
Pero, ¿qué pasa en casos de esterilización forzada? En los casos de esterilización forzada, el consentimiento formal suele existir, pero muchas veces es inválido porque se obtiene en situaciones de crisis o vulnerabilidad, por ejemplo, durante el parto, explica GIRE.
También puede ser recabado con violencia, a través de intimidaciones, regaños, humillaciones, o a base de engaños, amenazas. Este fue el caso de Alma en 2017, una mujer originaria de Guerrero, quien fue amenazada para ser operada en contra de su voluntad. Alma se negó a someterse a un procedimiento de anticoncepción permanente después de que su esposo hubiera sido engañado por personal médico durante el parto para que firmara la autorización, según recabó la SCJN.
En estos casos, la existencia de un documento formal de consentimiento no exime la responsabilidad del personal, ya que, aunque la firma permanezca en el expediente clínico, las situaciones de violencia y presión no quedan registradas.
Esterilización forzada en México
El amparo 1064/2019, que trata el caso de una mujer a quien se le realizó una esterilización durante un procedimiento de cesárea en instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se realizó en un contexto de violencia obstétrica y, por lo tanto, de violencia de género, sentó un precedente histórico para mujeres cuya autonomía y decisión corporal y reproductiva les fue arrebatada.
En el caso determinó que la esterilización se realizó sin el consentimiento previo, libre, pleno, e informado de la víctima.
De acuerdo con la resolución, la práctica de la esterilización forzada es frecuente y tiene una mayor incidencia en mujeres cuyas vidas son atravesadas por algún tipo de discriminación, como las mujeres con discapacidad y las mujeres indígenas o racializadas.
