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En la Ciudad de México, el derecho a la vivienda continúa siendo sistemáticamente vulnerado, especialmente para mujeres, personas mayores, familias con infancias y otros grupos en situación de vulnerabilidad que enfrentan desalojos arbitrarios o procesos judiciales irregulares sin alternativas habitacionales claras.
En los últimos meses, colectivos y organizaciones han advertido que estas prácticas se intensifican en el contexto de los preparativos rumbo al Mundial de Futbol 2026, donde la reconfiguración urbana y la presión inmobiliaria avanzan sobre los hogares de quienes menos protección tienen.
Este lunes 19 de enero, esa crisis se hizo visible afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde vecinos y vecinas de República Cuba 11 — quienes desde agosto de 2025 denuncian despojo, violencia e irregularidades— se movilizaron para exigir justicia, tras un desalojo que los dejó sin hogar.
Desde las 8 de la mañana, integrantes de organizaciones contra los desalojos y la gentrificación se plantaron en la sede de la SCJN con pancartas de “desalojo no, vivienda sí”. Cerraron los accesos por las calles Corregidora y Erasmo Castellanos para exigir que la ministra María Estela Ríos pospusiera la discusión de su proyecto, previsto para este 19 de enero, ya que consideran que va contra los derechos humanos de quienes son desalojados en la Ciudad de México.
La protesta funcionó. La ministra retiró su proyecto de la lista de temas y, al inicio de la sesión, el ministro Hugo Aguilar Ortiz confirmó que el asunto se bajó del orden del día para evitar que el conflicto creciera.
De acuerdo con La Silla Rota, Eduardo Alanís, integrante del Frente Antigentrificación, recordó que en 2019 legisladores del Congreso de la Ciudad de México modificaron la redacción del artículo 60, una disposición que buscaba proteger a personas afectadas por desalojos, pero que —según su denuncia— terminó favoreciendo a empresas inmobiliarias.
Tras la manifestación, el ministro Hugo Aguilar Ortiz anunció al inicio de la sesión que el tema se retiraría de la agenda para evitar un escalamiento del conflicto.
¿Qué es el Artículo 60?
El Artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México tenía como propósito establecer los derechos y garantías que deben proteger a las personas sujetas a un proceso de desalojo. Este artículo no buscaba impedir los desalojos legales y justificados, sino asegurar que, durante dicho proceso, se respetaran estándares internacionales de derechos humanos para evitar abusos.
El artículo 60 fue aprobado a finales de 2018 como una propuesta de colectivos vecinales y víctimas de desalojos arbitrarios. Su versión original incluía garantías como la prohibición de desalojos forzosos, el uso de la fuerza pública solo como último recurso, el derecho a la indemnización por daños y obligaba a garantizar realojamiento para personas en situación de vulnerabilidad.
La norma entró en vigor el 8 de febrero de 2019. Sin embargo, tras apenas tres meses de vigencia, el Congreso de la CDMX cedió a las presiones del sector inmobiliario, que desde el inicio se opuso a su contenido.
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Resistir también es habitar
¿Cuáles fueron las modificaciones?
La nueva redacción eliminó esas protecciones específicas y dejó como requisito principal para ejecutar un desalojo la existencia de un mandato judicial, eliminando obligaciones como el aviso previo y la reubicación de las personas afectadas.
Ante la modificación de 2019, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentaron la acción de inconstitucionalidad 73/2019. En su planteamiento, advirtieron que los cambios al artículo 60 significaron un retroceso en la protección del derecho a la vivienda, al eliminar garantías que ya estaban reconocidas y que buscaban evitar desalojos forzosos.
La nueva versión quitó esas protecciones y dejó como regla que solo se puede desalojar con una orden judicial. También dice que debe respetarse el derecho de audiencia y que se intentará la mediación. Además, plantea que las personas afectadas pueden pedir entrar a programas de vivienda.
Como explicó en redes sociales la abogada y activista Carla Escoffie, reconocida por su defensa del derecho a la vivienda, el artículo no era perfecto, pero eliminarlo significó un retroceso para el acceso a una vivienda digna.
Denuncias y movilizaciones
Ante el caso, diversas organizaciones civiles y grupos de vecinos, como los de República de Cuba 11, pidieron frenar el proyecto de la ministra Ríos González, que busca validar la ley actual sin las protecciones de 2018.
Diversas organizaciones, como el Frente Antigentrificación, ha alertado sobre un alza en las expulsiones arbitrarias de habitantes en la capital precisamente como parte de los preparativos para el Mundial de Fútbol 2026, del que México forma parte como sede y que dará inicio el próximo 11 de junio.
Por ello, hacen un llamado el próximo viernes 23 de enero a las 11:00 horas a conocer detalles sobre próximas acciones anti-mundialistas por parte de colectivos, organizaciones y personas vecinas.
