El Senado de la República ha dado luz verde al Registro Nacional de Deudores Alimentarios, de manera concreta, consiste en una serie de reformas que tiene como objetivo final salvaguardar la integridad de las infancias, además, este registro será accesible para todo público, representando esto un hito importante en la visibilización de la deuda morosa que ejercen los padres contra los infantes.
En nuestro país, 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben una pensión alimenticia y tampoco un apoyo económico. Asimismo, 6 de cada 10 mujeres señalaron no recibir ninguna clase de pensión por parte del padre, lo que deja en un estado de vulnerabilidad a miles de infancias y adolescencias en nuestro país, señala el Senado de la República.
El tema de los registros públicos se ha vuelto tema coyuntural en los órganos de nuestro país, por ejemplo, hasta hace unos meses se tenía en boga abrir los datos de agresores sexuales y feminicidas, sin embargo, esta iniciativa fue rechazada por violentar sus derechos humanos e impedirles reintegrarse a la sociedad.
Ahora, este Registro Público de Deudores Alimentarios llega para abrir una oportunidad en materia de defensa de infancias e información de libre acceso.
Con 86 votos a favor y ninguno en contra, esta reforma a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes aparece en el mapa para visibilizar esta problemática y con fuerza, salvaguardar la integridad y seguridad de las infancias. En palabras de la ex secretaria de Gobernación y ahora senadora, Olga Sanchez Cordero.
"Esto es un paso gigantesco en la protección de niñas, niños y adolescentes, este registro de deudores será público y todas estas autoridades tendrán acceso a ello y deberán solicitar que no se esté en este registro. Es un extraordinario paso por nuestras infancias"
¿Qué implicaciones tiene este registro para los deudores alimentarios?
De acuerdo con información del Senado de la República, el Registro Nacional de Deudores Alimentarios será operado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y recopilará e identificara a padres deudores alimentarios con hijos menores de edad. Además, se hará una actualización continua de esta información que contendrá datos personales del deudor.
En un comunicado de prensa, la senadora Olga Sánchez Cordero indicó que las personas que sean integradas a este recurso se verán privados de algunos trámites, como por ejemplo, el pasaporte, licencias e incluso, el matrimonio.
Desde hace unos años, grupos y colectivas feministas han impulsado la Ley 3 de 3 que busca que no existan violentadores al poder y demanda un registro público información de los agresores para que no puedan ejercer algún cargo público. Ahora, con estas reformas se maneja una línea similar, pues también contempla que ningún deudor alimentario pueda ocupar un cargo como funcionario.
Si bien, el registro de agresores y violentadores continúa a las sombras, se puede reafirmar que este paso es vitalicio para una vida sin violencias y la protección de infancias, pues estas reformas también contemplan que ningún deudor alimentario deberá ocupar un cargo público.
"Un registro público de este nivel representa una manera de acercar la justicia a las personas que viven procesos largos, sin resoluciones, pérdidas económicas, intimidaciones, violencia institucional (...) las personas podrían ver a sus agresores en esa plataforma pública y por supuesto que eso también representa justicia" (Ana Karen Flores, abogada feminista en entrevista para La Cadera de Eva)