Los vientres de alquiler hacen referencia a la práctica donde una mujer, en condiciones óptimas de salud  y fertilidad, engendra a una niño o niño que después será entregado a los denominados “padres de intención”.

Los contratantes suelen ser parejas del mismo sexo, en su mayoría hombres o heterosexuales con imposibilidad de tener un embarazo, así como personas solteras que desean tener un hijo o hija con lazos genético, explican en un texto Eleane Proo y El Laboratorio Feminista de Derechos Digitales en un artículo publicado en Milenio.

¿Existe alguna regulación?

En México, la práctica comercial de los denominados vientres de alquiler sólo estaba permitida en Tabasco desde 1997 y en Sinaloa desde 2013; y prohibido en Querétaro y Coahuila.

El 1 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con una mayoría de nueve votos a dos, puso de manifiesto la posibilidad de que cada estado de la República pueda decidir si regula las condiciones económicas de estos acuerdos, así como invalidar que sean limitados por imposibilidad médica.

¿Por qué nos preocupa?

En La Cadera de Eva hemos publicado diversos contenidos, incluso hecho un Facebook Live con Teresa Ulloa, directora de Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés),, quien nos ha explicado que esta práctica al atravesar por el mercado, es decir, donde haya ya intervención de agencias, abogados y notarios deja de ser altruista y se convierte en un acto transaccional, donde el cuerpo de la mujer se convierte en una mercancía incluso los bebés.

Las historias de terror son múltiples. Un caso ha sido el de la agencia Surrogacy Beyond Borders, prometió a las mujeres gestantes un embarazo en instalaciones de Cancún. No fue así, las llevó a una casa en Tabasco donde fueron hacinadas y dejadas a la deriva; una de las mujeres dijo al diario inglés Metro que una ocasión no les llevaron comida por cuatro días. Además, hay registros de bebés abandonados por los padres solicitantes por tener una discapacidad.

La industria de la gestación subrogada facturó en 2018, en 16 naciones y se registró 6 mil millones de dólares. Además, estas agencias exigen a países en vías de desarrollo quitar los candados legales para que el mercado sea accesible a los demandantes que suelen provenir de países ricos de acuerdo con el Surrogacy Market Share Report.

La maternidad subrogada nos deja ver cómo los cuerpos de las mujeres se convierten en objetos de transacción, por empresas que aprovechan los vacíos de Estado, ejerciendo poder sobre los cuerpos de las mujeres desde un interés de mercado.