La mitad de las mujeres que se encuentran en prisión no tienen una sentencia, es decir aún no son juzgadas para determinar su situación jurídica, es decir,  declararlas culpable o inocentes de los delitos que las mantienen privadas de la libertad, lo que las coloca en una situación de vulnerabilidad.

El Instituto Federal de la Defensoría Pública informó que son 12 mil 480 mujeres quienes se encuentran en prisión, lo que representa el 5.61% de la población penitenciaria. De ellas, 6 mil 569 están en prisión preventiva (5 mil del fuero común y mil del fuero federal) esperando una sentencia.

ACCESO A LA JUSTICIA 

Uno de los problemas mayores que enfrentamos hoy es la falta de acceso a la justicia de minorías y mujeres. 

“El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) ha identificado un patrón de múltiples violaciones a los derechos humanos de las mujeres que se encuentran en prisión preventiva, sobre todo a los derechos a la salud y a ser juzgadas en un plazo razonable, lo que las pone en situación de extrema vulnerabilidad”, indica en un comunicado.

Esta prisión preventiva, las pone en riesgo e impacta de manera física y psicológica, además las mujeres tienen mayores impactos negativos por la falta de visitas, según indican. 

Se ha señalado por parte de académicas del Centro de Investigaciones y Estudios de género de la UNAM (CIEG) que el sistema de justicia mexicano no ha logrado integrar cabalmente una visión de género y de derechos humanos, que permita procesamientos, generación de argumentos y perspectivas tales que ubiquen los contextos, problemáticas y particularidades de la mujeres -sobre todo las más vulnerables- y así garanticen su acceso a la justicia.

“Adicional a estas vulneraciones, las mujeres sufren más impactos negativos en el uso y abuso de la prisión preventiva: la mayoría de ellas no recibe visitas, las cárceles donde se encuentran están muy lejos de sus domicilios –lo que se traduce en un rompimiento del vínculo familiar- y son doblemente estigmatizadas por estar en conflicto con la ley penal y por no cumplir con el rol de género asignado”, afirma el IFDP.

Señala comunicado mencionado que no existen acciones o políticas para las mujeres en las cárceles. Indica que en el país únicamente existen 20 censos exclusivos para mujeres que albergan el 46% de las detenidas, el resto (54%) están en cárceles mixtas y expuestas a violencias y abusos, según cifras oficiales. 

OTRAS FORMAS SON POSIBLES 

En el foro "Punitivismo y Estigma: reflexiones desde los feminismos" realizado por el CIEG, diversas investigadoras y académicas compartieron reflexiones sobre cómo el aumento en las penas legales como solución a problemáticas sociales es una problemática que ha impedido el acceso a la justicia, la reparación del daño y la no repetición. 

El punitivismo se refiere a dar por sentado que alguien cometió un crimen sin una sentencia y finalmente de una sanción extrema en la esfera pública. De los debates que han girado en torno al punitivismo destaca el que tiene que ver con el sistema penitenciario, lo que ha abierto al cuestionamiento de si una pena aumentada y extrema ¿detiene realmente el círculo de la violencia o termina por disminuir las posibilidades de reinserción y reparación de la persona condenada?

De las reflexiones dadas por el foro resaltan aquellas que apelan a la justicia restaurativa, donde los aparatos del Estado encargados de la impartición de justicia garanticen que las víctimas sean reparadas del daño y se garantice que no haya la repetición del delito.

Erika Bárcena Arévalo, investigadora del IIJ UNAM expone como ejemplo los procesos de justicia en comunidades indígenas. En estas comunidades se han buscado otras formas de impartición de justicia mediante la búsqueda de un autogobierno de mujeres indígenas. 

Explica que en comunidades que han logrado esto, sobre todo  en la sierra de Guerrero, la libre determinación de sus pueblos y comunidades ha permitido que en los concejos de gobierno quienes se encargan de los casos de violencia machista y machista, son las mujeres elegidas en las comisiones de honor y justicia. Estas mujeres son quienes llevan los procesos de conciliación entre las partes apelando a los lazos comunitarios y a la reparación del daño. 

Asimismo se menciona la búsqueda de espacios donde las víctimas y sobrevivientes de violencia puedan encontrar sanación; en el caso de las mujeres en las cárceles, se busca la reinserción social mediante espacios de aprendizaje que les aportan herramientas para vivir dentro y fuera de la cárcel. 

Cerrucha, una mujer activista feminista y artista, expone que la “práctica social es un término paraguas que se refiere a los proyectos que combinan estrategias del arte y el activismo a través de dispositivos de visibilización, enunciación y agencia para incidir en contextos, comunidades y problemáticas especificas”.

Tal es el caso de las mujeres presas del CEFERESO de Santa Martha Acatitla, con quienes se ha construido un espacio de práctica social llamado “Mujeres en espiral” donde se desarrollan herramientas de conocimiento, materiales educativos, artísticos y jurídicos, que hablan de las urgencias de las mujeres presas. 

La justicia a través del goce (arte, ocio y entretenimiento) es una de las formas que se proponen como alternativa al punitivismo, sobre todo desde el activismo feminista y social, “porque el sistema te cansa, te agota y te deshabilita”, expresó Cerrucha.