Érika transicionó a Leo dentro del penal de Santa Martha, donde lleva 18 años preso, no ha podido lograr la libertad condicional por falta de recursos para pagar el brazalete electrónico.

Este caso es contando por el portal periodístico Corriente Alterna de la UNAM, fue asesorado por Dulce Soto y un conjunto de estudiantes que visibilizan las historias de mujeres en condiciones de vunlnerabilidad que no tienen recursos para acceder al brazalete.

El costo de la renta de un brazalate es de 92 mil 600 pesos. “Yo le dije al juez: ‘No tengo ni siquiera 5 mil, ¿cómo cree? ¿Cómo voy a pagar un monitoreo?’ Y me contesta que yo debí haber previsto ese gasto. Le dije al juez: ‘¡Si la ley no cobra por irse libre! Eso es lo que se supone. Y, aparte, por una cuestión económica, nadie puede permanecer en reclusión’”, explicó Érika en entrevista para corriente alterna.

De 2016 a septiembre de 2021, 262 personas (249 hombres y 13 mujeres) obtuvieron el beneficio de libertad condicionada con monitoreo electrónico; 87 de ellas, sin embargo, siguen en prisión por no poder pagar el brazalete que se les impuso como medida de vigilancia. 

En 2005, Erika ingresó a estudiar Derecho a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) para personas en prisión, este espacio se era su única conexión con al vida.

En 2004, de acuerdo con el espacio de la UNAM, la cambiaron al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. Ahí recibió su sentencia: 96 años de prisión y 8 millones de pesos de indemnización.

Después de batallar con varios amparos “improcedentes” y corregirlos, Érika ganó el primer round: en 2007 le disminuyeron la condena de 96 a 30 años. 

En una ocasión denunció que había sido torturada al ser detenida, pues antes de presentarla en el Ministerio Público los agentes la golpearon. Un policía le pellizcó tan fuerte el seno izquierdo, que se desmayó. Dijo que al estar en los separos y revisarse esa zona del pecho, que no le dejaba de doler, una parte del pezón, ya negra, se le desprendió.

“Se me cayó, literal, como cuando se cae una verruga. Y empecé a sangrar y a llorar, porque me daba vergüenza de que me habían cortado mi pezón”, relata Érika vía telefónica.

De acuerdo al reportaje de Corriente Alterna, en México,  65% de las mujeres en prisiones sólo estudió la primaria o la secundaria y la mayoría no cuenta con una defensa privada.

“Los contextos penitenciarios son más adversos para ellas porque ‘quedan estigmatizadas como malas en un mundo que construye a las mujeres como entes del bien, y cuya maldad es imperdonable e irreparable’”, cita el informe a la académica Marcela Lagarde.

SIN PRESUPUESTO PARA BRAZALETES 

Era 2018, Leo tenía 33 años de edad y llevaba 15 en prisión, es decir, había cumplido la mitad de su sentencia. Pero el Juez Segundo de Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México se la negó el 2 de octubre de 2019.

Como quedó asentado en el expediente 263/2019, Leo apeló la decisión del juez. Éste consideró que no era candidato a la libertad condicionada porque no contaba con apoyo familiar y, por lo tanto, no tenía un aval que lo respaldara ni un domicilio concreto a dónde llegar tras salir de prisión. Leo se amparó, de nuevo, y el 18 de febrero de 2020 otro juez le concedió la libertad condicional. No obstante, consideró que requería el uso de brazalete electrónico.

De acuerdo con el reportaje de las 175 personas defendidas por el IFDP entre 2016 y 2021 que salieron de prisión con monitoreo electrónico, 12 fueron mujeres y 163 hombres; 174 pagaron con recursos propios el brazalete.

En las solicitudes de transparencia elaboradas por Corriente Alterna, una de las respuestas fue: “se informa que a la fecha no se ha asignado presupuesto para la renta de brazaletes o dispositivos de monitoreo electrónico para la vigilancia de personas que enfrentaron un proceso penal” de 2016 a 2021.

Una especialista en reinserción social, Ángela Guerrero, explicó que los jueces o juezas suelen no considerar los contextos de los grupos históricamente discriminados y, por lo tanto, imponen “requisitos imposibles de cumplir”.

“La mayoría de portadores de brazaletes electrónicos, un 80%, son hombres. Hemos visto que quienes nos contactan para hacer el trámite de otra persona, en su mayoría, son mujeres. Es la esposa, la mamá o la hija. Los esfuerzos se ven desde ahí”, asegura Rocío Chacón, coordinadora de ventas de la empresa de brazaletes electrónicos GPS Monitor.

Hasta el momento Leo sigue en la cárcel, sigue estudiando, su meta es sumarse a los 33 estudiantes en reclusión de la UACM que ya se titularon y a los seis que, según datos de la universidad, ya litigan de manera profesional e, incluso, defienden a personas privadas de la libertad.

Lee el reportaje completo en Corriente Alterna, dando clic aquí.