Recorte afecta proyecto contra la violencia de género en Nuevo León

El proyecto fue aprobado en primer instancia por el comité de evaluación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), pero días después la Secretaría de Gobernación hizo un ajuste presupuestal y canceló esa transferencia, de tal forma que el proyecto presentado no va a poder realizarse con recursos federales, afirmó Irma Alma Ochoa Treviño de la organización de Arthemisas por la equidad A. C. de Nuevo León, durante la conferencia semanal de Nosotras Tenemos Otros Datos.

En la convocatoria lanzada en febrero de 2020 vía CONAVIM, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León solicitó 1 millón 200 mil pesos para implementar una metodología para la selección y revisión de expedientes de investigaciones ministeriales de muertes violentas de mujeres clasificadas como feminicidio u homicidio doloso.

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El objetivo del proyecto es fortalecer la investigación con perspectiva de género

El objetivo de este proyecto es analizar si en las carpetas que fueron clasificadas como homicidios dolosos de mujeres y no como feminicidio, se requiere una revisión de expedientes. “Hay necesidad de fortalecer la investigación con perspectiva de género y con los más altos estándares no solo internacionales sino nacionales de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, afirmó Alma Ochoa. 

Otro de los objetivos del proyecto es identificar las omisiones en la investigación ministerial, pericial y policial y establecer nuevas líneas de investigación en los casos ya revisados, pero también en los ya vinculados e incluso procesados para ver en dónde están los errores. 

“Ello nos permite conocer patrones de muertes violentas de mujeres y esto nos puede llevar a tener un departamento de análisis de contexto y también realizar estudios de casos paradigmáticos ocurridos en la entidad federativa de Nuevo León” señaló la representante de Arthemisas.

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La realización del proyecto tiene una gran pertinencia; según la defensora de derechos humanos, Alma Ochoa, “en Nuevo León, en junio del 2013, se tipificó el delito de feminicidio; sin embargo, este delito estaba bastante mal legislado y hubo necesidad de reformarlo. Se reformó el 5 de mayo de 2017”.

A partir de esa reforma, la Fiscalía de Justicia Nuevo León ha tenido que revisar todas las muertes violentas de mujeres con base en  los estándares internacionales, pero particularmente de acuerdo al estándar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: la sentencia Mariana Lima Buendía, que indica  de que toda muerte violenta de mujeres debe ser investigada en primera fase como feminicidio. 

El recorte impide la realización del proyecto con presupuesto federal

El recorte presupuestal y la cancelación de la transferencia ya aprobada para este proyecto impiden su realización con presupuesto federal, lo que obliga a buscar apoyo económico estatal. Esta cancelación del presupuesto federal para proyectos contra la violencia de género inclumple con leyes internacionales vinculantes y leyes nacionales, como las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (por sus siglas en inglés, CEDAW) y Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Irma Alma Ochoa mencionó que el CEDAW, en el párrafo 16, inciso b, exhorta a la revisión del mecanismo nacional para hacer frente a la violencia contra las mujeres, mejorando la coordinación entre sus integrantes y fortaleciendo su capacidad en los planos federal, estatal y municipal, proporcionando suficientes recursos humanos, técnicos y financieros para aumentar su eficacia en la ejecución de su mandato general para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

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Además, la representante del Estado de Nuevo León explicó que los presupuestos públicos sensibles al género son un reflejo del compromiso del Estado Mexicano con los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas. También, los presupuestos públicos sensibles al género son, de acuerdo con los documentos nacionales, vigentes con la aprobación de la ley presupuestaria “sin embargo, ya vemos y precisamente es lo que nos convoca, esta eliminación y reducción de los presupuestos”.

Por otra parte, el sexto artículo transitorio de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala que los recursos para llevar a cabo los programas y la implementación de las acciones que se realicen con base en esta ley se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado a las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del Ejecutivo Federal. 

Finalmente, la representante de Arthemisas afirmó que “desde nuestro punto de vista como defensoras de derechos humanos consideramos que hay una violencia institucional; es decir, se nos está obstaculizando o impidiendo el acceso al disfrute de políticas públicas. En este caso, el acceso a la revisión de los expedientes de víctimas de feminicidio o de homicidio doloso”.